El “Dream Act” aportaría hasta un billón de dólares a la economía en una década, según estudio
La aprobación del “DREAM Act”, añadiría millones al Producto Interno Bruto (PIB) al año
WASHINGTON.- Si el Congreso supera sus divisiones y aprueba el “DREAM Act” para legalizar a jóvenes indocumentados, la medida aportaría entre $281,000 millones y un billón de dólares a la economía en la próxima década, según indicó este martes un análisis del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP).
Según el documento de 14 páginas, la aprobación del “DREAM Act”, añadiría al Producto Interno Bruto (PIB) al menos $22,700 millones al año pero, como los beneficios de la legalización aumentan año con año, el incremento en una década sería de $281,000 millones.
Placing all immediately eligible Dreamers in the workforce on a path to legal status will add $281 billion to the U.S. GDP over a decade.
— American Progress (@amprog) September 19, 2017
Pero eso es apenas “la punta del iceberg”, según Philip Wolgin, director de política migratoria del CAP, porque, aún si sólo la mitad de los “Dreamers” elegibles completan los requisitos de una educación universitaria para su plena legalización, ese “empuje” educativo aumentaría las ganancias económicas cumulativas a hasta $728,400 millones en una década.
As more Dreamers attain higher ed (1of3 pathways to permanent residency,) the increases to GDP could rise to $728.4 billion over a decade
— American Progress (@amprog) September 19, 2017
Y si se incluyen tanto los “Dreamers” ya en la fuerza laboral como a los que serían elegibles en el futuro, las ganancias cumulativas en una década oscilarían entre $400,000 millones y hasta un billón de dólares por el efecto de la educación superior.
And, if everyone ever eligible for the #DreamAct is put on a pathway to citizenship, the increases could be as high as $1 trillion
— American Progress (@amprog) September 19, 2017
El beneficio económico no sería solo para los “Dreamers”: su legalización aumentaría el ingreso promedio de todos los estadounidenses por entre $82 y $273 al año, según CAP, que busca contrarrestar la narrativa de grupos anti-inmigrantes.
El análisis evaluó dos escenarios posibles, el primero sólo con los “Dreamers” en la fuerza laboral, y el segundo con los que además reúnen los requisitos de tener al menos dos años de educación universitaria.
Aunque no es la primera vez que se promueven los imperativos morales y económicos de una legalización, el CAP busca que el Congreso se apoye en estudios como éste al debatir el futuro de los “Dreamers”.
Passing the #DreamAct is critical to the U.S. economy – let us show you how https://t.co/DiJOtsoIX8
— American Progress (@amprog) September 19, 2017
Según el documento, entre las principales industrias o rubros de la economía que se beneficiarían figuran las de agricultura, construcción, manufactura, ventas al por mayor y al por menor, transportes y servicios, sectores de salud y educación, y turismo.
El análisis da seguimiento a otro que divulgó CAP a principios de año en el que advirtió del impacto económico, estado por estado, de la deportación de los trabajadores indocumentados. En las últimas semanas, otros estudios, tanto del progresista “New American Economy” como del conservador Instituto Cato, también han destacado los beneficios económicos del “DREAM Act”.
El documento del CAP fue divulgado mientras las agrias negociaciones para el eventual voto del “DREAM Act” mantiene divididos a demócratas y republicanos, pero también está causando fisuras en el seno del movimiento de los “Dreamers”: unos apoyan una estrategia de “todo o nada”, y otros creen que la medida es un paso inicial hacia una reforma migratoria integral.
El “DREAM Act” tiene sendas versiones en la Cámara de Representantes y el Senado, pero es uno de uno de tres proyectos de ley que pululan en el Congreso para responder al limbo legal de los “Dreamers”.
Contra el “tictac” de la deportación
Durante una conferencia telefónica con periodistas, el senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, coautor del “DREAM Act” junto al senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, dijo que el Congreso viene arrastrando esta iniciativa desde 2001, y ya es hora de que actúe.
“El reloj de la deportación ha comenzado su tictac… tenemos que lograr esto”, afirmó Durbin, al precisar que la medida bipartidista tiene ya cuatro coautores republicanos pero necesita otros ocho.
Los “Dreamers” protegidos bajo el programa de “acción diferida” (DACA) de 2012 son jóvenes productivos que aportan destrezas en el mercado laboral –hay 65 en escuelas de medicina-, tienen un espíritu emprendedor y prestan servicio militar, destacó Durbin.
Mientras, Randi Johnson, vicepresidente de asuntos laborales y migratorios de la Cámara de Comercio de EEUU, dijo que aunque su organismo no puede pronunciarse sobre una legislación en particular, sí confía en que el Congreso dé una solución permanente a los “Dreamers”.
“Ya seas de izquierda o de derecha, este es un asunto importante que necesitamos resolver”, dijo Johnson, cuyo grupo hará rondas de reuniones y campaña de presión ante el Congreso la próxima semana.
Por su parte, Alex Nourasteh, analista político del Instituto Cato, dijo que, contrario a lo que alegan muchos conservadores, los “Dreamers” no son un lastre para la economía, no aumentan la carga pública, y “pagan más al sistema de lo que obtienen” en beneficios.
La legalización de los trabajadores indocumentados les ayudaría a mejorar sus ingresos, tal como ocurrió con la “amnistía” de 1986, según Nourasteh, cuyo grupo apoyo un “DREAM Act” sin ataduras.
The fiscal case for a clean #DREAM Act. https://t.co/39FezrZFZP @AlexNowrasteh
— ImmigrationLaw (@GoffWilson) September 15, 2017
“El legalizar a estos trabajadores en un periodo de unos años tiende a incrementar sus ingresos en entre 5% y 20%”, porque al eliminar el temor a la deportación, éstos invierten en su educación y capital humano, explicó el experto.
La Administración Trump anunció el pasado 5 de septiembre la anulación del DACA, que desde 2012 ha protegido de la deportación a cerca de 800,000 jóvenes indocumentados, y ha dado al Congreso una ventana de seis meses, hasta marzo de 2018, para dar una solución permanente.
Según cifras oficiales, DACA ahora protege a unos 689,000 jóvenes, porque muchos no renovaron sus permisos, a otros les fue revocado, y otros obtuvieron la residencia permanente por otros medios.
