Agentes fronterizos afirmaron que migrante de 3 años declaró que “venía a trabajar”

Lo escribieron en un documento en el cual se transcribe la presunta entrevista de un agente al migrante que llega. Abogados están usando este tipo de reportes para pelear deportaciones, indicando que el gobierno miente en los reportes.
Agentes fronterizos afirmaron que migrante de 3 años declaró que “venía a trabajar”
Desde 2014 aumentó la llegada de niños migrantes no acompañados y madres con menores.

En el verano de 2014, el gobierno de Barack Obama reaccionó activa y agresivamente contra un aumento en el cruce de menores y madres con niños centroamericanos, estableciendo centros de detención familiares y mano dura en los procesos de asilo, para desincentivar el fenómeno.

Durante ese tiempo, dos agentes inmigración firmaron y juraron que durante un interrogatorio en la frontera, el migrante Y.F. había dado respuestas específicas a preguntas de los agentes.

“¿Para qué vino a este país?” Le preguntó un agente a Y.F. según refleja el documento oficial.

“Para buscar trabajo”, respondió Y.F., según el mismo documento, avalado por los dos agentes federales y escrito en formato de pregunta-respuesta, como si fuera una transcripción literal del interrogatorio.

El problema con esto es que Y.F. tenía, en el momento de su interrogatorio, tres años de edad.

Las declaraciones firmadas por agentes son tomadas por jueces de inmigración para buscar inconsistencias en las historias de los migrantes y darles o negarles sus casos de asilo.

Pero según un documento presentado recientemente  en corte por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA),  el uso de respuestas inventadas por los agentes, en otras palabras, falsas, ha sido común en la práctica del trabajo de los agentes migratorios y empeoró durante la crisis de 2014.

“La presunción de confiabilidad de un documento gubernamental quedó muy maltrecha  en el verano de 2014”, dice el documento, presentado por AILA para apoyar el caso de asilo de una mujer centroamericana, a la que el gobierno quiere deportar por inconsistencias en sus declaraciones.

Ava (Andrés) Benach fue una de los dos abogados que escribió el documento.

La abogada explicó que AILA presentó el documento para defender a una mujer centroamericana que llegó con su hijo menor en esos días, de los intentos del gobierno federal de apelar su asilo..

“Intentaron usar las palabras que ella supuestamente le dijo a la Patrulla Fronteriza para negar su testimonio en el tribunal”, dijo Benach. “El caso del niño de 3 años es otro caso, pero lo utilicé porque es real y porque es un ejemplo claro, aunque no el único, de las mentiras que escriben en sus documentos”.

Según los reglamentos oficiales, los agentes fronterizos deben entrevistar a todos los migrantes que arriban por la frontera para determinar si temen por su vida en caso de ser regresados a su país. Ese es el primer paso en un caso de asilo.

Las leyes y las reglas internas establecen un estricto proceso en el cual el agente hace la entrevista, en presencia de otro agente y luego le lee al migrante lo que escribió en el documento, en un idioma que este pueda entender.

Pero según Benach, “esto hace 20 años que no ocurre consistentemente y peor aún durante la crisis de menores y madres centroamericanas, que comenzó en el verano del 2014”.

AILA está pidiendo a la Junta de Apelaciones de Inmigración que cree un reglamento para defender a los migrantes de estos falsos reportes, pidiendo que el Departamento de Seguridad Nacional tenga que comprobar ante el juez que los mismos son correctos.

“CBP sigue con tan poca regularidad sus propios reglamentes que la premisa de confiabilidad, que se supone que debe existir en el trabajo de los agentes del gobierno, ha sufrido un golpe fatal”, apunta el escrito.

El tema no es nuevo. En 2005, la Comisión Internacional de Libertad Religiosa hizo un análisis independiente de las prácticas de CBP en los casos de “deportación rápida” en la frontera y reveló una práctica de “respuestas falsas” de los migrantes, escritas por agentes en los documentos oficiales.

¿La respuesta del gobierno ante este reporte?

“El silencio”, alega AILA.