Menor centroamericana en refugio para migrantes logra tener su aborto legal
La joven declara que quiso abortar tan pronto supo que estaba embarazada, porque su idea era venir a este país a "estudiar enfermería y tener una vida mejor"
La migrante centroamericana de 17 años cuya batalla para obtener un aborto bajo la custodia del gobierno estadounidense culminó este jueves al realizarse el procedimiento, dijo que tomó la decisión porque “no se sentía lista para ser madre“.
Finalmente la joven, cuyo nombre real no se ha dado a conocer para mantener su privacidad, pudo este miércoles obtener ese aborto, luego que la corte de apelaciones de DC falló el martes a su favor, dictando que el gobierno no podía impedirle su derecho constitucional.
La muchacha, conocida por el nombre genérico “Jane Doe”, tuvo que pelear legalmente durante un mes para lograr que la nueva directiva de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que está a cargo del bienestar de los menores migrantes que llegan solos al país, le permitiera salir del refugio en el que está acogida, a realizarse la intervención.
En un comunicado de la organización legal Jane´s Due Process, que asiste a menores con sus derechos reproductivos, la joven dijo que vino a Estados Unidos con la intención de mejorar su vida, estudiar y convertirse en enfermera, para trabajar con personas mayores.
Agregó que había confirmado su embarazo luego de ser arrestada por las autoridades migratorias a su entrada a Estados Unidos y enviada a un refugio para niños.
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“Cuando llegué allí me dijeron que estaba embarazada y ahí mismo supe lo que era mejor para mi, que yo no estaba lista para ser madre”, dijo la muchacha, quien agregó que a pesar de obtener un permiso judicial requerido por el estado de Texas para obtener el aborto, “me hicieron ver a un doctor que trató de convencerme de no abortar y me hacían mirar los sonogramas”.
“Gente que yo no conocía estaban tratando de convencerme de cambiar mi decisión”, dijo J.D. “Mi decisión es entre Dios y yo y en ningún momento cambió. No creo que nadie tenga el derecho de hacerme sentir avergonzada por tomar una decisión correcta para mí misma, yo no le diría a otra joven lo que debe hacer en esta situación”.
En Estados Unidos, el aborto es legal y el gobierno usualmente asiste a mujeres adultas detenidas en centros penales, así como en centros de detención para migrantes, en realizarse el procedimiento si lo desean o lo necesitan, ciñéndose a las leyes federales y locales.
La muchacha tenía asistencia de fondos privados para llevar a cabo el procedimiento, por lo que el gobierno tampoco estaba incurriendo en gasto alguno, dijeron abogados que la asisten.
Efecto en otras embarazadas detenidas
Por el momento, no está claro si la lucha legal de J.D. terminará abriendo el camino a otras jóvenes en su misma situación. El pasado mes de marzo, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), parte del Departamento Federal de Salud, cambió su política, indicando que cualquier solicitud de aborto debía ser consultada a esa dirección por los refugios privados que usualmente acogen a estos menores bajo contrato con el gobierno.
“Esta decisión solo afecta a JD, por lo que probablemente la política de ORR de aprobar personalmente cada aborto aún está en vigencia”, dijo Amanda Bennett, portavoz de Jane’s Due Process, una organización que asiste a menores de edad en obtener las autorizaciones judiciales para realizarse el procedimiento.
No obstante, aún está pendiente una demanda de clase presentada por JD contra el gobierno, alegando que la política es inconstitucional.
De hecho, y en forma extraordinaria, el nuevo burócrata que dirige la oficina federal que coordina los refugios para estos menores ha hablado directamente con detenidas para convencerlas de que no interrumpan su embarazo.
Según documentos presentados en la corte por abogados de la Unión de Libertades Civiles Americanas, Scott Lloyd, el nuevo director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, se involucra tanto en las vidas de los menores de edad que migran a Estados Unidos que, según consta en documentos legales, ha intervenido personalmente para convencer a niñas embarazadas que no aborten.
Abogados del gobierno que lucharon en el tribunal para impedir el aborto de JD alegaron, entre otras cosas, que la joven no tenía derechos constitucionales por ser indocumentada, y que la ley no puede obligar a la agencia a “asistir” o ser cómplice en la realización del aborgo. El nuevo director de ORR es conocido por su fanatismo religioso y postura anti aborto y anti anticonceptivos.
