DHS carece de coordinación para aplicar leyes migratorias, dice auditoría

Un informe revela la falta de coordinación de las tareas asignadas al control de la inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional

WASHINGTON – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha recibido más de $22,000 millones desde 2014 para las tareas policiales en el área de inmigración pero sigue aquejado de problemas de coordinación, según una auditoría divulgada este miércoles.

El informe de diez páginas, enviado ayer a la secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke y divulgado hoy, describe una agencia a la deriva en lo que se refiere a la aplicación y reforzamiento de las leyes de inmigración.

“Sin una respuesta más unificada a la administración y reforzamiento (de las tareas) de inmigración que incluya una eficiencia en la gestión de recursos, DHS continuará permitiendo vulnerabilidades que pueden afectar la seguridad pública y nacional”, advirtió la auditoría, preparada por la Oficina del Inspector General (OIG), a cargo de John Roth.

El informe fue divulgado un día después de que la ciudad de Nueva York sufriera su peor atentado terrorista desde el 9/11, y que ahora obliga a las autoridades federales a plantearse posibles medidas adicionales para la seguridad vial.

El documento, escrito en lenguaje burocrático, identificó “dificultades de coordinación” del DHS respecto a la disponibilidad de camas en los centros de detención de inmigración, servicios de idiomas, y procesamiento de los inmigrantes.

Por ejemplo, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), y la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que en su conjunto recibieron entre 2014 y 2016 el 95% de todo el presupuesto para tareas migratorias, o $21,700 millones, siguen afrontando “ineficiencias” en torno a la designación de recursos y el proceso de solicitudes de asilo.

Además,  en general, el DHS carece de un buen entendimiento de “las decisiones y resultados” en el área de inmigración.

Según una tabla incluida en el informe, entre 2014 y 2016, el DHS ha recibido poco más de $22,800 millones sólo para las tareas relacionadas con inmigración.

Aunque el DHS ha establecido iniciativas para “centralizar” la toma de decisiones en torno a los asuntos de inmigración, la agencia sigue teniendo problemas.

Esos problemas han existido, explicó el informe, porque el DHS, creado en 2013, después del 9/11, no tenía a un funcionario o grupo designado específicamente para fomentar la coordinación.

Según Roth, el DHS ha aceptado la recomendación de la OIG y prevé institucionalizar un Concejo de Política Migratoria (IPC, en inglés) para coordinar las estrategias relacionadas con las políticas y operaciones migratorias.

Ese Concejo tendrá la tarea de explicar las responsabilidades de cada componente del DHS; facilitar la coordinación y comunicación entre las agencias; garantizar la recolección y análisis de datos sobre las operaciones migratorias.

También deberá servir de “mediador” cuando surjan conflictos sobre distintos asuntos legales y de políticas de la agencia.

La OIG ha pedido que, una vez que la agencia haya puesto en vigor la recomendación en su totalidad, entregue un informe en un plazo de 30 días con una lista detallada de las medidas correctivas.

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