Activistas presionan a republicanos a que apoyen solución para “tepesianos���

WASHINGTON—A sólo 31 días de que la Administración Trump anuncie su decisión sobre el “Estatus de Protección Temporal” (TPS) para unos 190,000 salvadoreños, activistas y expertos de la comunidad inmigrante pidieron este viernes que líderes republicanos como Marco Rubio y Mario Díaz-Balart, presionen por la legalización de todos los “tepesianos”.

Durante una conferencia telefónica con periodistas, los activistas señalaron que Rubio y Díaz Balart deben mostrar liderazgo y presionar a su bancada a que apoye una solución legislativa permanente para los más de 320,000 beneficiarios del “TPS”, ahora que la Administración Trump ha comenzado a desmantelar ese programa.

En la llamada, denunciaron la reciente decisión de la Administración de eliminar de forma escalonada el TPS para cerca de 60,000 haitianos, mientras los “tepesianos” salvadoreños se mantienen en vilo ante el anuncio que pueda hacer el gobierno para el próximo 8 de enero.

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Con esa decisión, los “tepesianos” haitianos han quedado sumidos en una situación de “confusión, ansiedad y pánico”, además de que la Administración ha optado por ignorar la realidad sobre el terreno en Haití, y el apoyo bipartidista que ha tenido el “TPS”, dijo Marleine Bastien, directora ejecutiva del grupo “Mujeres Haitianas de Miami”.

Bastien se quejó de que Rubio y Díaz Balart han estado ausentes de las discusiones sobre una solución legislativa, y sus nombres no aparecen en los proyectos de ley presentados en el Congreso para ayudar a los “tepesianos”.

Bastien se refería a los proyectos de ley “ESPERER”, del congresista republicano por Florida, Carlos Curbelo; “American Promise Act”, de la congresista Nydia Velázquez, y el “SECURE Act”,  de los senadores demócratas Dianne Feinstein, Ben Cardin y Chris Van Hollen.

Con algunas variaciones, las tres iniciativas facilitarían la legalización de los actuales beneficiarios del TPS, un programa temporal adoptado por el Congreso en 1990 para los inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países debido a desastres naturales, conflictos civiles, u otras circunstancias extraordinarias.

En declaraciones a este diario, la portavoz de Díaz-Balart, Katrina Bishop, dijo que el congresista “está trabajando activamente con sus colegas para encontrar una solución legislativa para el TPS, además de mantener contactos con la Administración sobre el asunto”.

Díaz-Balart se reunió el mes pasado con la entonces secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, ha enviado numerosas cartas a la Administración, y sí está copatrocinando el “ESPERER Act”, precisó.

Por su parte, la oficina de Rubio dijo a este diario que el senador publicó el mes pasado un extenso editorial para que la Administración extendiera el TPS para los haitianos, y en un programa de la cadena CBS, argumentó que es urgente encontrar una solución permanente, porque Haití no podrá absorber a los deportados.

Rubio ha dicho que quiere una extensión de esa última prórroga para Haiti, pero, aún así, su nombre no aparece en ningún proyecto de ley.

Por otra parte, Bastien señaló que si bien muchos haitianos emigraron a Canadá anticipando el fin del TPS que recibieron tras el terremoto de 2010, ese país ha dejado en claro que “no está dispuesto ni listo para aceptar” una migración masiva y, en todo caso, sólo alrededor de un 5% podría recibir asilo político allí.

La activista dijo que grupos como el suyo están urgiendo a los haitianos a consultar abogados que evalúen sus casos y busquen alternativas para ajustar su estatus migratorio.

Wendy, directora ejecutiva del “Fondo IMPAC”, dijo que la eliminación del TPS afectará enormemente a la economía de Florida, donde viven aproximadamente 21,900 “tepesianos”, porque perdería $1,200 millones de su Producto Interno Bruto (PIB).

Su grupo ha estado movilizando a líderes del sectores empresarial y de salud en Florida, que se verían afectados por la deportación de los “tepesianos”.

Frank Sharry, director ejecutivo del Fondo Educativo de “America´s Voice” dijo que la eliminación del “TPS”, pondrá a estos inmigrantes en la vía de la pérdida de sus empleos, su eventual deportación, y mayor desestabilización en sus países de origen.

En ese sentido, Frank Mora, profesor y analista de la Universidad Internacional de Florida (FIU), consideró que la eliminación del TPS y la posible deportación de los “tepesianos” contraviene los intereses de EEUU y sería contraproducente para la seguridad y estabilidad en la región, tomando en cuenta las millonarias remesas que éstos envían a sus países.

En vez de regresar a la “fallida política” de perseguir a “hombres malos”, la Administración Trump debería atacar las causas de la emigración ilegal, aconsejó.