Líderes de derechos humanos en Honduras acusan a gobierno de Trump de avalar fraude electoral

La inestable situación tras las elecciones presidenciales en Honduras y el aparente apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos a un presunto fraude electoral, crea un caldo de cultivo para que más migrantes busquen salir de ese país centroamericano, dijeron hoy varios expertos en derechos humanos de ese país durante una conferencia telefónica.

Alianza Americas, una organización que agrupa a 50 grupos inmigrantes de base en Estados Unidos, facilitó un panel informativo en el que expertos en derechos humanos, investigadores y miembros de la oposición al presidente Juan Orlando Hernández en Honduras, expusieron a los medios la situación que están viviendo los hondureños tras unas elecciones cuyos resultados oficiales aún no son definitivos y que han levantado protestas masivas en ese país de América Central.

“Este es un momento crucial para Honduras”, dijo Claudia Lucero, presidenta de la Junta Directiva de Alianza Americas. “Hemos visto una serie de irregularidades y una elección anti constitucional y que vemos que es una amenaza para la democracia en Honduras. Todo esto sigue muy ligado al tema migratorio para hermanos hondureños en Estados Unidos y al futuro del TPS, que por el momento está en el limbo”.

Este año, el gobierno estadounidense debía tomar una decisión sobre si extender o no el TPS para 57,000 hondureños, pero el anuncio se limitó a posponer la decisión y otorgar otros seis meses automáticos de protección, generando preocupación.  También afectados estarían el casi millón de hondureños que vive en Estados Unidos, la mayoría sin documentación, apuntó Rodolfo Rudo Pastor, politólogo y miembro de la Alianza Opositora de Honduras.

Wilfredo Mendez, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos (CIPRODEH) con sede en Tegucigalpa, explicó que la situación de derechos humanos después de las elecciones generales del 26 de noviembre es crítica y acusó al gobierno de Hernández de imponer una dictadura en ese país, forzando una reelección que no está permitida por la constitución al torcer el brazo de la Corte Suprema escogida por él y reprimiendo violentamente protestas surgidas luego de irregularidades en los comicios.

Los activistas señalaron que la misma noche de las elecciones, el candidato opositor Salvador Nasralla iba adelante por cinco puntos con el 58 por ciento del voto contado, un margen que un miembro del tribunal electoral calificó como irreversible. Entonces, la cuenta fue misteriosamente detenida por más de un día. Poco después de que se reanudó, Hernández inexplicablemente salió adelante con la más mínima de las ventajas, lo que desató protestas masivas.

Aún no hay resultados definitivos de los comicios y este viernes se espera un paro nacional en protesta, lo que preocupa a activistas y oposición ante la posibilidad de más represión.

Medios internacionales han reportado que las protestas fueron enfrentadas con represión masiva que hasta ahora ha resultado en la muerte de 14 personas, allanamientos ilegales, lanzado de bombas lacrimógenas contra manifestantes y más de 100 heridos.

“La represión ha sido fuerte”, dijo Mendez, de CIPRODEH, agregando que los militares “golpean con palos hasta que la persona queda sin conciencia, ataca a puntapiés o simplemente dispara al cuerpo”.

Las organizaciones han enviado una carta a la representante comercial de Estados Unidos en Tegucigalpa, que es la autoridad de mayor rango del gobierno estadounidense en ese país, al no haber en este momento un embajador, criticando la actitud de la administración Trump, que ha dado legitimidad al gobierno de Hernández y elogiado su “record de derechos humanos”, así como avalado el proceso electoral que la oposición y los activistas califican de cuestionable.

Joaquín Mejía, líder de derechos humanos, abogado e investigador de Radio Progreso, la estación de la orden jesuita en Honduras, dijo que los organismos internacionales han señalado la responsabilidad de la policía militar hondureña,  14 ejecuciones arbitrarias y detenciones ilegales. Luis Almagro, de la Organización de Estados americanos, criticó el estado de sitio impuesto por el gobierno y solicitó que se levantara.

Mejía explicó que la situación actual no se puede entender sin tomar en cuenta que el actual presidente forzó la reelección presidencial que la constitución no avala, tomó control de todas las instituciones del gobierno y, según encuestas, no tiene la confianza del 77.1% de los ciudadanos.

” Dos días después de las elecciones, el gobierno estadounidense certificó a Honduras como país que respeta los derechos humanos”, dijo. “Pero los hechos demuestran lo contrario y no entendemos por qué el departamento de estado da la bendición a este proceso y por otro lado critica un asalto similar a los derechos que se dio en Nicaragua por parte de Daniel Ortega. Hay una crítica de los gobiernos de supuesta izquierda, como el de Ortega, pero no cuando los que cometen las violaciones son los de derecha pro Estadounidense como el de Hernández”.

Pastor, de Alianza Opositora, dijo que el golpe de 2009 en Honduras rompió el orden constitucional y destruyó el estado de derecho de este país, debilitando la democracia a largo plazo.  Dijo que estas elecciones sufrieron de la debilidad en las instituciones, “un censo no depurado, un 30% del padrón adulterado y un sistema electoral que obedece a las instrucciones directas del presidente”.

 Mendez apuntó que la inestabilidad que se vive en Honduras, lejos de contribuir a que los nacionales de ese país dejen de migrar -también impulsados por la pobreza la violencia de las pandillas- impulsará a que más hondureños busquen escapar a otros países, incluyendo los Estados Unidos.

“Si lo que Trump quiere es evitar más migraciones, no lo está logrando al avalar esta situación”, dijo.