Robados $2,000 millones de los salarios
La nueva regulación de distribución de propinas podría empeorar la situación
En 2015 y 2016 los empleadores robaron un total de $2,000 millones de dólares de los salarios debidos a sus trabajadores, según se desprende de un informe elaborado por el Economic Policy Institute (EPI).
Usando datos procedentes de los departamentos de Trabajo de los Estados y Federal, además de los de las oficinas de las fiscalías generales y litigios en cortes, EPI concluye que esta cantidad desapareció de los cheques de trabajadores por violaciones en los abonos de los salarios mínimos, en los de las horas extra, en los salarios de propinas y por malas clasificaciones de los trabajadores. Los salarios que no se cobran de los mínimos impactan al 17% de los trabajadores de bajos ingresos en los 10 estados con más población.
“Como media se les engaña con $64 menos a la semana, unos $3,300 anuales”, calculan en la EPI.
El problema puede empeorar si se aprueba una regulación del departamento de trabajo que contempla que los empleadores se queden legalmente con las propinas de sus trabajadores y distribuirlas entre los trabajadores que las reciben y los que no. Se estima que el sector de servicios de comidas y bebidas se lleve la peor parte. Los economistas de este instituto hacen notar que la regulación no requiere que los empleadores distribuyan las tips y que los restaurantes pueden embolsarse hasta $5,800 millones, según su más certera estimación.
“De acuerdo a la propuesta de la Administración, si los trabajadores que cobran propinas reciben el salario mínimo (no el de propinas que es menor en muchos estados y a nivel federal), los empleadores pueden quedarse legalmente las propinas que recojan”, explican desde este centro de estudios de tendencia progresista.
El problema que existe con el robo de salarios es pertinaz y aunque ocasionalmente se recuperan sumas por parte de oficinas de contraloría o los fiscales generales y estas se devuelven a los trabajadores, el hecho es que las agencias estatales y federales no tienen los recursos suficientes como para asegurarse de que se cumplen las leyes en este sentido. Peor aún, hay contratos de trabajo que eximen de responsabilidad ante los tribunales a los empleadores.