El DOJ multa a compañía agrícola por no contratar a estadounidenses
El Departamento de Justicia tendrá "cero tolerancia" por preferir "contratar a portadores de visas extranjeras"
Las empresas agrícolas han dicho que los estadounidenses no quieren trabajar la tierra. Crédito: John Moore/Getty Images
DENVER – Una compañía agrícola de Colorado fue multada por dar preferencia a trabajadores extranjeros ante ciudadanos estadounidenses, infringiendo así leyes inmigratorias vigentes, según información difundida hoy por el Departamento de Justicia.
La empresa Crop Production Services Inc. (CPS), con sede en Loveland, Colorado, accedió a pagar 10,500 dólares como “sanciones civiles” y otros 18,738.75 dólares como compensación por los salarios no percibidos por los trabajadores estadounidenses no contratados.
Además, los empleados y directivos de la compañía deberán participar en talleres de capacitación antidiscriminación, a cargo de agentes federales, y cumplir con los requisitos y reportes ahora impuestos por la justicia federal.
En el comunicado oficial, el Departamento de Justicia indica que CPS habría discriminado a tres ciudadanos estadounidenses que podrían haber trabajado para esa empresa en Texas cuando, en vez de contratarlos, la empresa utilizó personal extranjero en el marco del programa de vistas temporales H-2A.
La discriminación se debió a que a los nacionalizados se les habrían impuesto requisitos que aparentemente los no ciudadanos no tuvieron que cumplir, como pasar por un chequeo de antecedentes policiales y por una prueba de uso de drogas, o dominar el inglés.
El Departamento de Justicia indicó que en 2016 CPS contrató a 15 trabajadores temporales extranjeros, pero a ningún ciudadano estadounidense, en contravención de la Ley Nacional de Inmigración (INA, en inglés), que prohíbe a los empleadores “discriminar intencionalmente” a los trabajadores estadounidenses en beneficio de extranjeros, si unos y otros están igualmente calificados para el mismo trabajo.
Según la información oficial, CPS tampoco habría podido demostrar que la contratación de extranjeros se debió a la falta de suficientes estadounidenses disponibles para los trabajos ofrecidos.
Mediante un comunicado, John Gore, subfiscal general interino a cargo de la División de Derechos Civiles, afirmó que el Departamento de Justicia tendrá “cero tolerancia” con quienes “contraten a portadores de visas extranjeras por sobre trabajadores estadounidenses”.
El caso comenzó con una denuncia presentada en su momento ante el Departamento de Justicia por Texas RioGrande Legal Aid, una organización no lucrativa que ofrece servicios legales a personas de bajos recursos en ocho condados del suroeste de Texas.
Esa organización se encargará de entregarle el dinero de sus salarios a los ciudadanos no contratados por CPS, una empresa que adoptó ese nombre en 1983, pero que, con otros nombres, ha operado ininterrumpidamente en el norte de Colorado desde 1859.
En la actualidad, CPS es parte de Agrium Inc., una empresa agrícola global.
