ICE en la mira por redadas a negocios en California

Ante el incremento en las operaciones en contra de negocios en California por parte de ICE una iniciativa para proteger a los inmigrantes y a sus empleadores se puso en acción.

Una iniciativa pro inmigrantes denominada Red de Respuesta Rápida realizará a partir de hoy, en Los Ángeles, California, supervisiones a los operativos que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está realizando en negocios de esta ciudad desde la semana pasada.

La acción, que comienza hoy y concluye el jueves, según adelantó a Efe Gabriella Landeros, vocera de la Red, pretende desplegar observadores legales, defensores de los derechos de los inmigrantes y organizadores comunitarios en las empresas y comercios que esperan auditorías de los agentes de inmigración.

Mediante un comunicado, ICE informó que había entregado 122 notificaciones a negocios que serán objeto de revisiones.

Los avisos se dan como parte de las exigencias de la Ley SB 54, conocida como “acta de valores”, que entró en vigor este año en California.

“Debido a que las jurisdicciones santuarios como Los Ángeles evitan que ICE arreste a criminales extranjeros en los confines seguros de una cárcel, nuestros oficiales son forzados a llevar a cabo arrestos en general en la comunidad, poniendo a los oficiales, al público general y a los extranjeros en mayor riesgo y aumentando los incidentes de arrestos colaterales “, sostuvo el subdirector de ICE, Thomas D. Homan, con respecto al operativo.

La Red por su parte no tardó en responder y manifestó en un comunicado que California (y Los Ángeles en particular) están decididos a crear comunidades seguras para todos y no servir como un brazo del ICE, que descarada y arrogantemente hace saber que la agencia tratará a nuestras comunidades sin tener en cuenta el estado de derecho.”

Esta no es la primera acción del grupo en la que participan un gran número de organizaciones comunitarias, líderes religiosos y abogados.

El pasado mes, los activistas se desplegaron frente a una tienda de la cadena 7 Eleven que esperaba una auditoría de los agentes de ICE. Al final del día, las autoridades federales no se presentaron.

ICE explicó que si los empleadores no cumplen con la ley de contratar a personas autorizadas a trabajar, el negocio podría enfrentar multas civiles.

Además, sentaría bases para el enjuiciamiento penal, si han violado la ley a sabiendas de que sus trabajadores no cumplían con los requisitos.

En el año fiscal 2017, ICE realizó 1,360 auditorías, 139 arrestos criminales y 172 detenciones administrativas.

Las empresas recibieron la orden de pagar 97.6 millones de dólares en confiscación judicial, multas e indemnización.

También 7.8 millones en multas civiles, incluyendo la multa y confiscación de dinero más alta hecha a una compañía, que terminó pagando 95 millones de dólares por incumplir con las reglas de inmigración.

Hace exactamente una semana, el Fiscal General de California, Xavier Becerra, presentó una asesoría a los empleadores sobre cómo utilizar la Ley de Protección al Trabajador Inmigrante (también conocida como ley AB 450) ante las inspecciones de las autoridades federales de Inmigración