Exigen a Greyhound detener redadas de CBP en autobuses interestatales

La Union de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) envió una carta a la empresa de autobuses interestatales Greyhound, para exigirle detener su colaboración con la Aduana y Protección Fronteriza (CBP) para realizar dedadas en sus unidades.

La carta afirma que la cooperación entre la empresa de autobuses Greyhound y el CBP no es necesaria, ya que los operativos de los agentes violan los derechos de los pasajeros en sus redadas.

En este escrito Donna Lieberman, directora ejecutiva de la NYCLU afirma que “Greyhound no debería estar en el negocio de ofrecerse como voluntario para el régimen de deportación de la Administración Trump”.

En febrero, Greyhound emitió un comunicado en el que afirmaba que se les exigía que cumplieran con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley que pidieron abordar autobuses o ingresar a las estaciones.

En respuesta a estas declaraciones, Lieberman defiende que “la empresa tiene el derecho constitucional de negarse a permitir que la Patrulla Fronteriza aborde sin una orden sus autobuses”.

A este respecto, añadió que Greyhound “debe emplear ese derecho de proteger a sus clientes” y que “no hay excusa para continuar permitiendo incursiones discriminatorias, invasoras e innecesarias en autobuses de Nueva York y estados fronterizos”.

Tanto las declaraciones de la empresa de transporte como las del NYCLU se producen después de que salieran a la luz videos de pasajeros siendo interrogados y detenidos en los autobuses Greyhound en Florida.

Unas imágenes, que se volvieron virales, fue cuando se obligó a una adulta mayor bajar de una unidad, ante la sorpresa de pasajeros por el operativo.

La carta de la NYCLU basa sus argumentos en las decisiones de la Corte Suprema que han establecido que las personas y las empresas estén protegidas contra registros e incautaciones realizadas sin una orden judicial o causa probable.

Eas declaraciones incluyen búsquedas realizadas por agentes de fronteras, independientemente de la proximidad al borde.

El abogado de la NYCLU explica que “sin una orden judicial o el consentimiento de la compañía, la Patrulla Fronteriza no tiene potestad legal para abordar y buscar en un autobús privado”, como es el caso de Greyhound.

Se añadió que el consentimiento de la empresa “habilita una fuerza policial agresiva con un historial de ignorar los derechos constitucionales de apuntar a sus clientes y someterlos a perfiles raciales y cuestionamientos intrusivos”.