Confidencialidad cero para el acosador sexual Harvey Weinstein

La investigación por abusos sexuales contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein tuvo un doble desenlace: el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ordenó que se determinen los motivos que llevaron al fiscal de distrito Cyrus Vance a archivar la denuncia por violación presentada por una de sus víctimas, la modelo italiana Ambra Battilana Gutiérrez. El demócrata decidió tomar esa determinación el mismo día que la compañía Weinstein se declaró en bancarrota, por lo tanto, dejaban de ser válidos los acuerdos de confidencialidad que el productor labró con sus víctimas.

La compañía afirmó que esos contratos fueron disueltos de forma voluntaria por sus directivos: “Desde octubre último, se ha publicado que Harvey Weinstein usaba los acuerdos de confidencialidad como arma secreta para silenciar a sus acusadores. Desde este momento, esos acuerdos terminan. La compañía renuncia expresamente a esa cláusula de confidencialidad en casos en los que los documentos hayan impedido a víctimas o testigos revelar y/o denunciar delitos sexuales a manos de Harvey Weinstein“, se afirmó en un comunicado.

El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, deberá determinar si fue correcta la decisión, que evitó que se procesara a Weinstein en 2015, dos años antes de que The New York Times y The New Yorker les dieran voz a algunas de sus víctimas, entre ellas Gutiérrez. El fiscal Vance examina varios casos que tomaron estado público desde la publicación de las investigaciones periodísticas y que espera completar en un lapso de 45 días.

El movimiento Time’s Up pidió a Cuomo que investigara la conducta del fiscal al considerar que Vance cerró el caso en 2015 influenciado por Weinstein y además trató de intimidar a la víctima. El grupo considera que debe realizarse una investigación independiente. Vance decidió entonces que no había pruebas suficientes para procesar al productor, pese a que la policía afirmaba que sí. Desde la oficina del fiscal dejan claro que las diferencias a la hora de abordar los casos no minan la Justicia. “Debemos poder asegurar ante un jurado que hubo un crimen“, insisten.

Schneiderman acaba de acusar, por su parte, a la compañía Weinstein y a sus ejecutivos de haber violado de manera flagrante y sistemática los derechos de sus empleados, al encubrir los abusos del productor. La acción torpedeó el acuerdo para la venta de la sociedad, que se declaró en suspensión de pagos.

Este desenlace tiene como consecuencia también que los acuerdos de confidencialidad de los trabajadores de la productora de cine y TV queden invalidados. En la práctica, eso significa que los empleados podrán contar ahora sus historias públicamente sin que sean objeto de demandas por parte de Harvey Weinstein. De esta manera, pretenden conservar el talento y “buscar justicia para las víctimas“. Los casos que están investigando, además del de la modelo italiana, incluirían el de la actriz Lucia Evans, en 2004, y el de Paz Huerta.