Trump quiere tropas en la frontera para responder a una “amenaza” imaginaria, dicen expertos

WASHINGTON— El envío de la Guardia Nacional a la frontera con México para desalentar la inmigración ilegal es una dudosa misión que, fuera del cálculo político de la Administración Trump para apaciguar a su base, costará mucho dinero y se limitará a tareas de inteligencia, observación, y reparación y mantenimiento de vehículos y carreteras, según expertos.

El presidente Donald Trump firmó este miércoles una orden con un plazo de 30 días para que miembros de su Gabinete le entreguen un plan de acción, mientras continúan las negociaciones con estados fronterizos para el despliegue de la Guardia Nacional.

Por ahora, no hay detalles sobre el número de soldados, su área y periodo de desplazamiento, sus tareas concretas, si irán armados o no, ni cuánto costará la misión.

Ante el cronograma planteado, lo más probable es que el despliegue, como mínimo, se realice a entre finales de mayo y julio.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, reiteró hoy que son detalles que se están negociando con los gobernadores de California, Arizona, Nuevo México y Texas, aunque sugirió que la misión sería similar a despliegues anteriores en 2006 y 2010.

Otra fuente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que pidió el anonimato, dijo a este diario: “estamos evaluando con los gobernadores la misión de los soldados de la Guardia Nacional para apoyar a los agentes federales”.

“La decisión sobre los equipos de los soldados, incluyendo armas de fuego, dependerá de las tareas asignadas y se hará mediante consultas con el Departamento de Defensa y los gobernadores de la frontera”, explicó la fuente.

“Un punto de crisis”

Trump considera que la situación en la frontera “ha alcanzado un punto de crisis” y que su Administración no tiene más remedio que actuar para defender “la seguridad y soberanía del pueblo estadounidense”.

Mientras, Nielsen y asesores de alto rango de la Administración lo secundan argumentando que se trata de una “amenaza real”.

Al igual que en las misiones de 2006 y 2010,  el objetivo de la Administración Trump es tener una “fuerza multiplicadora” para liberar a la Patrulla Fronteriza a enfocarse en tareas migratorias.

En declaraciones a los periodistas afuera de la Casa Blanca, Nielsen reiteró hoy que aunque el número de arrestos en la frontera se encuentra en niveles históricamente bajos en los últimos 46 años debido al “efecto Trump”,  las cifras han comenzado a aumentar.

La gente “sabe que puede entrar y quedarse” por las lagunas en las leyes y  los retrasos en los tribunales y procesos de deportación, se quejó Nielsen.

Nielsen destacó que las cifras de arrestos aumentaron un 200% el mes pasado, respecto a marzo de 2017, con un total de 30,000 cruces interceptados.

“Estamos en un punto de crisis. Nos gustaría frenarla antes de que crezcan más los números”, puntualizó Nielsen.

Según datos divulgados hoy por el DHS, el número de cruces ilegales en marzo reflejan un incremento del 203%, respecto a marzo de 2017, y un incremento del 37% respecto a febrero pasado, en lo que supone el mayor incremento de un mes a otro desde 2011.

En lo que va del año fiscal 2018, que comenzó en octubre pasado,  las autoridades han arrestado a 173,599 personas.

¿Teatro político o amenaza real?

Sin embargo, expertos entrevistados hoy por este diario, coincidieron en que hay una sola realidad sobre el terreno: no hay “invasión” de inmigrantes indocumentados, la frontera está más segura que nunca, y el envío de tropas a la zona sería un desperdicio de dinero y recursos.

El exsubsecretario de Defensa adjunto durante la Administración Obama, Todd Weiler, afirmó que, ante el descenso histórico en los cruces ilegales, “no hay razón para un despliegue, y esto no es más que un esfuerzo de apaciguar a la base”.

“Pensó que con el histórico aumento de fondos para la defensa podía financiar el muro y reforzar la seguridad fronteriza. Cuando se enteró de que no podía hacer eso, ahora se le ocurre esto”, dijo Weiler.

“Despachar a soldados para que estén parados vigilando un muro no tiene sentido… van a servir de chóferes, mecánicos, pilotos, y eso les daría experiencia, pero no van a hacer arrestos. Esto es por cuestión de imagen y un mensaje de dureza, para mantener feliz a su base”, explicó.

Weiler advirtió que esto podría afectar a los candidatos republicanos en noviembre próximo, pero expresó confianza en que el jefe del Pentágono, Jim Mattis, logrará influir en las negociaciones del despliegue.

Por su parte, Doris Meissner, comisionada del otrora “Servicio de Inmigración y Naturalización” (INS), afirmó que esto es “una movida política” porque el Congreso sólo aprobó $1,600 millones para el muro y la vigilancia fronteriza, no los $25,000 millones que había solicitado la Administración.

“Las autoridades locales señalan que la frontera está segura que nunca, los cruces han bajado drásticamente, las cosas han cambiado en México… no una crisis real, no hay invasión. Los líderes políticos deben comenzar por ser honestos con el público“, dijo Meissner.

“Creo que los esfuerzos en la frontera deben estar canalizados a las verdaderas necesidades, a determinar quiénes son refugiados legítimos. Hay que aumentar la cooperación con México, la ayuda técnica, el envío de la Guardia es puro show; claro que hay que resguardar la seguridad fronteriza, pero se tiene que hacer en un ambiente de cooperación y confianza con México”, explicó.

Un informe de la Institución Brookings de 2017 destacó la expansión de la Patrulla Fronteriza en los últimos 25 años. Si en 1992 había alrededor de 5,000 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), para el año fiscal 2016 la cifra fue de unos 20,000.  También hay 20,000 agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

El presupuesto para el DHS fue de unos $44,000 millones para el año fiscal 2018, de los cuales $7,570 millones fueron para ICE y $13,930 millones para la CBP, un incremento del 18% y 17% sobre 2017, respectivamente.  La solicitud presupuestaria para el DHS para el año fiscal 2019 es de $47,500 millones.

Además, las estadísticas muestran que la zona fronteriza tiene una de las tasas de criminalidad más bajas en Estados Unidos.

“Los argumentos para mandar a las tropas a la frontera obedecen a posturas políticas e ideológicas de que EEUU está siendo invadido por una cultura que amenaza su identidad política… no hay cifras que justifiquen esto, todo lo contrario“, dijo David J. Danelo, analista de la “Iniciativa Global”.

“Los despliegues anteriores fueron unidades de logística, y no será distinto ahora. Los militares, la Guardia Nacional, ven esto como una operación de rutina”, precisó.

Tareas de la Guardia Nacional

En vez de imágenes de película, con una cadena ininterrumpida de soldados armados y tanquetas a lo largo de 2,000 millas en la frontera sur, listos para arrestar a inmigrantes indocumentados, lo que obtendría Trump, por ejemplo, serían grupos de soldados observando desde puestos de control a través de binoculares, haciendo reparación de vehículos, piloteando helicópteros, o mantenimiento de carreteras y demás infraestructura.

Sólo el Congreso, en consultas con el Pentágono,  puede cambiar las leyes que rigen las funciones de las Fuerzas Armadas, y es casi nula la posibilidad de que eso ocurra.

En la actualidad, las leyes sólo le permiten a la Guardia Nacional tareas de logística, inteligencia, comunicaciones, y vigilancia, y les prohíben tareas de arresto de inmigrantes indocumentados.

Fueran básicamente las tareas realizadas durante la operación “Jumpstart” entre 2006 y 2008, bajo la Administración Bush, que contó con 6,000 soldados, a un costo de $1,200 millones.  Esa operación, según datos oficiales, sólo contribuyó al 11% de los arrestos en la frontera.

Mientras, la operación “Phalanx” entre 2010 y 2012, bajo la Administración Obama, tuvo 1,200 soldados, costó $160 millones, y aportó el 5,9% de los arrestos en la zona fronteriza.

Los despliegues anteriores tuvieron un cariz político innegable y, al igual que entonces, también ahora surgen voces de protesta por lo que sería un derroche de fondos públicos, una innecesaria provocación para México y, desde el movimiento pro-inmigrante, un mayor acoso a la comunidad fronteriza, harta de la militarización de la frontera.