Tribunal Supremo anula dictamen que permitió aborto a menor indocumentada bajo custodia federal

WASHINGTON— El Tribunal Supremo desechó este lunes un dictamen de una corte de menor instancia que permitió que una menor indocumentada bajo custodia federal se sometiera a un aborto, pero negó la solicitud de la Administración Trump de castigar a los abogados que la ayudaron a conseguirlo.

La joven de 17 años, identificada en los documentos únicamente como “Jane Doe”, se apresuró a someterse al aborto gracias a un dictamen que emitió el Tribunal de Apelaciones en Washington D.C. el 24 de octubre de 2017, antes de que el Departamento de Justicia pudiese apelarlo.

El dictamen de hoy, sin firmas y sin declaraciones de disensión, fue una pírrica victoria para la Administración Trump, que pidió la anulación del otro dictamen apoyándose en una doctrina legal que data de 1950. Su objetivo, claro está, era que ese dictamen no sentara precedente legal para casos futuros.

Pero la Administración no logró su otro cometido para que el Tribunal Supremo castigara a los abogados de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), que llevaron a la joven a practicarse el aborto en horas de la madrugada, poco después del dictamen favorable del Tribunal de Apelaciones.

El Departamento de Justicia se quejó de que había un presunto acuerdo implícito con la ACLU para darle tiempo a impugnar el dictamen de la corte de apelaciones en la capital estadounidense, y sugirió que los abogados de la defensa hicieron trampa al llevar a la joven a hacerse el aborto.

La ACLU, por su parte, dijo que la queja del Departamento de Justicia no tenía fundamento alguno, y no había razón para exigir medidas disciplinarias contra la organización defensora de los derechos civiles.

El Tribunal Supremo le dio la razón a la ACLU en ese punto, al señalar en un documento de cinco páginas que los abogados “tienen obligaciones éticas con sus clientes”, y el hecho de que falló la comunicación entre ambos bandos no es prueba de que hubo conducta inapropiada.

En una prolongada batalla legal que generó titulares dentro y fuera de EEUU, el gobierno intentó frustrar los planes de la joven indocumentada, bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud, para que no pudiese abortar, argumentando que ésta no tenía necesidad médica.

Pero en un dictamen de 6-3, el Tribunal de Apelaciones ordenó que la Administración Trump permitiera no sólo que “Jane Doe”  tuviese acceso a consejería, como lo exige una ley estatal de Texas, sino también a terminar con su embarazo, que para entonces ya tenía 15 semanas de gestación.

La joven en cuestión dijo que se enteró de su embarazo poco después de cruzar ilegalmente la frontera hacia Texas en septiembre pasado, y desde siempre quiso el aborto al señalar que el embarazo fue producto de una violación.

Aunque las autoridades de Texas le habían dado el visto bueno para hacerse el aborto, la ORR, a cargo de menores no acompañados detenidos en la frontera y enviados a albergues o centros de detención, le frenaron el paso, dando pie a un vaivén de dictámenes judiciales.

Un juez federal había determinado que las embarazadas bajo custodia federal tienen el mismo derecho al aborto que cualquier ciudadana estadounidense y, más adelante, la mayoría de los 9 jueces del Tribunal de Apelaciones llegó a la misma conclusión en su dictamen de octubre pasado.

Una ley estatal de Texas exige que mujeres embarazadas obtengan consejería al menos 24 horas antes de un aborto, del mismo médico que realice el servicio. Al parecer, el médico que le ofreció consejería el 19 de octubre pasado no estaba disponible para realizar el aborto.

Según la Administración Trump, la ACLU “engañó” a los abogados del Departamento de Justicia, haciéndoles creer que otro médico haría el aborto el 26 de octubre, desde luego requiriendo una nueva sesión de consejería.

Sólo que,  al final, el médico original terminó realizando el aborto, pocas horas después del dictamen del tribunal de apelaciones, frustrando los planes de la Administración de llevar el caso hasta el Tribunal Supremo.

En un claro guiño a los conservadores, la Administración Trump ha endurecido su postura en contra del aborto y busca restringir el acceso a servicios abortivos para jóvenes embarazadas indocumentadas bajo custodia federal, aún si no hay fondos públicos de por medio.

En un comunicado, una portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, dijo que la agencia está complacida con el dictamen de hoy porque, a su juicio, el Tribunal Supremo ha dejado en claro en reiteradas ocasiones que el gobierno federal no tiene obligación de “facilitar abortos para menores y puede optar por políticas que favorezcan la vida” por encima del aborto.

“Esperamos continuar presionando por el interés del gobierno en la santidad de la vida”, puntualizó Kupec.

En una demanda colectiva, la ACLU ha enarbolado la defensa de otras tres jóvenes indocumentadas embarazadas bajo custodia y su derecho al aborto, y explicó hoy en un comunicado que el dictamen no altera en absoluto su litigio.

Es que, según la ACLU, el dictamen de hoy sólo dejó constancia de que el caso  “Jane Doe” se volvió irrelevante porque la joven pudo realizarse el aborto, pero “no revirtió ni comentó sobre el razonamiento del tribunal de apelaciones, ni respondió a los alegatos subyacentes respecto al acceso al aborto”.

Por lo tanto, dijo ACLU, el caso regresará a los tribunales de menor instancia, donde el grupo ya obtuvo en marzo pasado un bloqueo preliminar de la “cruel” política de la Administración de obstruir el acceso al aborto de las menores no acompañadas mientras prosigue el litigio.

“No pararemos hasta que eliminemos de una vez por todas” la política actual, dijo Brigitte Amiri, subdirectora del Proyecto de Libertad Reproductiva de ACLU.