En manos de un juez federal está ordenar al gobierno de Trump que suspenda separación de familias

A pesar del coro de voces, incluyendo muchas en su propio partido, que han implorado al presidente Donald Trump detener la política de separación de familias en la frontera, hay quizá una sola institución en Estados Unidos que puede obligarlo: los tribunales federales.

En estos momentos, el futuro de miles de familias está en manos del juez federal Dana Makoto Sabraw, de San Diego, quien está considerando una moción al respecto, hecha por la Unión de Libertades Civiles (ACLU), en una demanda colectiva.

“La demanda tiene dos objetivos: garantizar que si un solicitante de asilo llega a una garita de entrada, y el gobierno no le presenta cargos penales, entonces no puedan quitarle a sus hijos a menos que haya razones reales para pensar que los menores están el peligro”, dijo Lee Gelernt, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

“Lo otro que estamos pidiendo es que, en los casos en los que el gobierno acusa de un delito a una persona que se presenta por la frontera tras cruzar ilegalmente, que cuando la persona salga de la cárcel tras cumplir su condena, se le garantice la reunión con sus hijos de nuevo“, agregó el abogado. “Esto no está ocurriendo”.

La decisión podría salir de la corte del juez Sabraw en cualquier momento, ya que la última audiencia del caso para que ambas partes hicieran sus argumentos fue el 4 de mayo.

Juez a cargo ya ha dado algunas señales

Pero el magistrado Sabraw, quien es hijo de una inmigrante japonesa y un padre que luchó en la guerra de Corea, ya dio indicaciones en una decisión anterior de que, en su entendimiento de la ley, la constitución garantiza “el derecho a la integridad familiar o asociación familiar”.

“Este es quizá uno de los intereses fundamentales de libertad reconocidos por la constitución”, citó el juez en una orden en la que hace apenas 13 días, rechazó mociones del gobierno para desestimar el caso.

Ahora solo falta que falle en torno a las solicitudes de los demandantes, la organización ACLU, que representa a dos mujeres que fueron separadas de sus hijos en la frontera en meses anteriores, antes incluso que empezar la política de “cero tolerancia”.

La intención de la ACLU es lograr que, si el gobierno insiste en acusar penalmente a los solicitantes de asilo, estos deban ser reunidos con sus hijos tan pronto salen de la cárcel de cumplir su tiempo por un delito menor.

“La esperanza que tenemos es que si el gobierno se ve obligado a limitar la separación solo por los pocos días que toma llevar a la cárcel al adulto, entonces dejarán de hacerlo”, apuntó. “En estos momentos y en esta demanda, no estamos argumentando que no tienen derecho a acusar a los adultos de un delito”.

Madres separadas representan a miles

La demanda fue presentada antes que la actual política de “cero tolerancia” fuera implementada por el gobierno de Donald Trump por orden directa del procurador Jeff Sessions, pero la separación de solicitantes de asilo de sus hijos en la frontera ya comenzaba a ocurrir con más frecuencia desde el otoño pasado.

“La querella también demuestra que no es cierto que Estados Unidos solo esté separando a familias que cruzan ilegalmente y no a las que se presentan pidiendo asilo en la garita”, apuntó Gelernt.

La primera demandante es una mujer de la República del Congo que se presentó legalmente en la garita de San Ysidro el 1 de noviembre del año pasado pidiendo asilo con su pequeña de seis años.  Inicialmente las detuvieron juntas, pero cuatro días después, la niña fue arrancada de su madre y enviada a un refugio contratado por el gobierno para niños no acompañados.

“Cuando S.S. fue separada de su madre estaba gritando y llorando, rogando a los guardias que no la separaran de su madre”, cita la demanda.

Las dos estuvieron separadas durante cuatro meses, el gobierno mandó a la niña a Chicago y la madre permaneció en California, bajo supuestas dudas de no ser la verdadera madre de la niña porque no tenía todos sus papeles consigo, según explican los documentos de la corte.

ACLU presentó la demanda en marzo y el juez ordenó una prueba de ADN, la cual reveló que la mujer era la madre y las dos fueron reunidas.

La segunda demandante es una brasilera, Ms C que cruzó ilegalmente con su hijo de 14 años -no por la garita- y cuando encontró a un agente le dijo que quería pedir asilo.

A Ms C le aplicaron una medida similar a la que ahora siguen con todos los cruces, y la procesaron por un delito de cruce ilegal, antes de considerar su caso de asilo. Un juez le dio 25 días de sentencia, los cuales cumplió.

Finalmente, al salir de la cárcel y regresar a la custodia de ICE, las autoridades no la reunieron con su hijo. Al sumarse a la demanda, aún estaban separados.

“Ms Cs está desesperada por reunirse con su hijo, se preocupa por él constantemente y no sabe cuándo podrá verlo de nuevo”, señala la demanda.

La diferencia entre un acusado normal y un migrante

El gobierno de Trump alega que no tiene una política de separación de familias, sino que está “haciendo cumplir la ley” y que el congreso debe resolver “las fallas” que obligan a la separación, que atribuyen a los demócratas.

Con “fallas” se refieren a la ley que protege a las víctimas del tráfico humano, como la  de Proteccíon de Víctimas de Tráfico (TVPRA) , una ley aprobada en 2008 y el acuerdo Flores, producto de una demanda que llegó hasta la Corte Suprema y que en los años noventa estableció los estándares de detención de menores en Estados Unidos.

El gobierno también alegan que a cualquier persona acusada de algún delito se la separa de sus familias.

“Es cierto”, dijo el abogado Gelernt. “La diferencia está en que cuando alguien sale de la cárcel, puede reunirse con sus hijos y lo que estamos viendo ahora es que esto no está pasando. El gobierno no tiene una política para reunir a las familias una vez que el adulto cumple su condena penal”.

El tribunal tiene la palabra, mientras crecen las críticas contra la situación y el gobierno sigue defendiendo su postura.