‘Pentágono viola reglamentos al dar de baja a soldados inmigrantes”

WASHINGTON— El Pentágono podría estar violando sus propios reglamentos al dar de baja a decenas de soldados inmigrantes sin el debido proceso o respetar su derecho a impugnar formalmente esa decisión, afirmaron este lunes activistas y expertos militares.

Aún cuando el Ejército no logra cumplir sus metas de reclutamiento para 2018, las autoridades castrenses han dado de baja, de forma silenciosa, a decenas de soldados y reservistas extranjeros que se enlistaron en el llamado programa de “Accesiones Militares Vitales para el Interés Nacional” (MAVNI, por su sigla en inglés) con promesas de una vía hacia la ciudadanía.

Todo nuevo recluta se somete a una revisión de antecedentes penales, toma de huellas digitales, e historial de crédito,  pero ahora el Pentágono ha decidido añadir al escrutinio de los residentes legales, y aún más a los inscritos en “MAVNI”, algo que no aplica a los que son ciudadanos estadounidenses.

Lucas Calixto, un soldado “Dreamer” originario de Brasil,  fue dado de baja sin aviso previo ni explicaciones, y la semana pasada presentó una demanda contra el Pentágono en Washington, D.C., sede de la capital estadounidense. Otros soldados afectados por las bajas repentinas prevén presentar sus demandas por separado, incluyendo una en California.

En aras de la lucha contra el terrorismo, MAVNI fue creado durante la Administración del presidente George W. Bush y adoptado formalmente en 2009 con la idea de atraer a soldados con destrezas y conocimientos de idiomas y entrenamiento médico, aunque solo tuviesen permisos legales.

El programa atrajo eventualmente a más de 10,000 soldados extranjeros, casi todos en el Ejército, pero las autoridades endurecieron sus reglamentos y proceso de escrutinio, especialmente en 2016, argumentando razones de seguridad nacional.

Aunque MAVNI había sido suspendido brevemente en 2016, el Pentágono continuó procesando a nuevos reclutas.

Ahora, el Pentágono ha dado de baja a al menos 30 inmigrantes y ha dejado a miles más en limbo, sin darles explicaciones claras, o incluso ha argumentado que los soldados inmigrantes no han cumplido con los requisitos para estar en ese programa.

Los soldados afectados por la decisión del Pentágono, principalmente de Africa, Asia y Medio Oriente, y algunos latinos, han dicho a través de sus abogados que las autoridades castrenses han aludido a que éstos son presuntamente un riesgo de seguridad porque no lograron pasar su revisión de antecedentes, o porque tienen familiares en el exterior.

Sin embargo, durante una conferencia telefónica con periodistas, expertos en asuntos militares, refutaron los argumentos del Pentágono y cuestionaron su decisión, al destacar que los inmigrantes tienen destrezas y conocimientos que fortalecen la defensa nacional.

“El Pentágono alega que estos individuos están siendo dados de baja porque no pasaron su revisión de antecedentes. Sin embargo, cada uno de estos reclutas firmaron un contrato al menos hace dos años, en algunos casos hace tres años, y todos habían pasado las pruebas de presteza militar “, dijo Margaret D. Stock, una teniente coronel jubilada del Ejército y abogada de inmigración, quien además ayudó a establecer MAVNI.

“Dos o tres años después de que firmaron un contrato, ahora el Pentágono viene a decirles que ya no califican para dar servicio militar, y en  muchos casos ni siquiera les dan una razón. El Ejército parece estar violando sus propias regulaciones, que exigen el debido proceso, o dar al individuo una oportunidad de argumentar su caso antes de que el soldado sea dado de baja”, explicó Stock. 

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) les había hecho la revisión antes de que siquiera firmaran esos contratos, pero ahora “estamos viendo que están usando criterios indebidos en estas nuevas revisiones”, agregó.

La experta citó el caso de una mujer que afronta una posible baja del Ejército porque tiene familiares en Ucrania que ayudaron a financiar su educación en EEUU.

Stock consideró el argumento del Pentágono como algo absurdo porque quienes llegan a este país con visas de estudiante no pueden recibir ayuda del gobierno y deben mostrar independencia económica.

Stock y otros activistas en la llamada pidieron protecciones para los soldados afectados, tomando en cuenta sus aportes a la defensa del país.

“Los inmigrantes tienen una larga historia de contribuciones militares, desde la Revolución han prestado servicio con distinción… nuestro Ejército afronta retos de reclutamiento” y debería alentar la participación de inmigrantes, dijo por su parte, el contraalmirante jubilado de la Navy y co-presidente nacional de “Veterans for New Americans”,  Jim Partington.

Durante la Administración Obama (2009-2017), el MAVNI incluso aceptó el reclutamiento de “Dreamers” en sus filas, lo que generó fuertes ataques de grupos conservadores pese a que los jóvenes tienen permiso legal para estar en EEUU.

Desde que asumió el poder el presidente Donald Trump, en enero de 2017, el Pentágono ha venido añadiendo capa tras capa de trabas burocráticas, truncando el deseo de los extranjeros de prestar servicio militar y así agilizar su proceso hacia una eventual ciudadanía.

El Pentágono no ha respondido a una solicitud de comentario de este diario, pero ha insistido en que no se trata de una “purga” de inmigrantes de entre las filas del Ejército sino de fortalecer la seguridad nacional.

El viernes pasado, el Pentágono dijo que no ha habido cambio alguno en su política de reclutamiento bajo el “MAVNI” desde el año pasado, cuando el secretario de Defensa, Jim Mattis, ordenó que todo nuevo recluta debe someterse a una extensa revisión de antecedentes para iniciar la capacitación militar básica.

Para evitar que supuestos terroristas o espías se cuelen en el Ejército, las autoridades castrenses han impuesto desde 2016 un proceso de revisión de antecedentes aún más riguroso, que incluye una investigación de antecedentes penales, historial financiero y de crédito, y extensas entrevistas tanto a los reclutas como a sus familiares, vecinos y empleadores.

Pero la política de reclutamiento ha generado una avalancha de críticas por la falta de transparencia del Pentágono y porque el proceso de revisión podría tardar al menos una década, en unos momentos en que solo dos de cada diez ciudadanos estadounidenses reúnen los requisitos para dar servicio militar, y existe una baja tasa de inscripción en las Fuerzas Armadas.