Activistas presentan lista de exigencias en primera reunión con titular de DHS
La Administración dijo hoy ante un juez federal que solo podrá reunificar a poco más de la mitad de los 102 niños menores de cinco años que tiene bajo su custodia
Niños indocumentados separados de sus padres. Crédito: Twitter
WASHINGTON— Activistas pro-inmigrantes exigieron este lunes a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, un cese de la política de “tolerancia cero” en la frontera sur contra los inmigrantes, en la primera reunión de su tipo desde que ésta asumió el cargo en diciembre de 2017.
Según el “American Immigration Council” (AIC), Nielsen recibió hoy a líderes de cuatro organizaciones pro-inmigrantes y defensoras de los derechos humanos, en lo que supone es la primera vez que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) los recibe en su despacho.
Los activistas llegaron al encuentro con la idea de dialogar sobre la crisis humanitaria en la frontera sur, el impacto de la política de “tolerancia cero” contra los inmigrantes indocumentados, y el futuro de los niños que han sido separados de sus padres.
Pero Nielsen, al parecer, no quiso hablar del plan para reunificar a las familias lo más pronto posible, según AIC.
Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen made it clear in our meeting today that she is focused on preventing people from seeking protection in the United States.
— American Immigration Council (@immcouncil) July 9, 2018
Here's our full statement → https://t.co/BSYde7YoTu pic.twitter.com/1uLVIrwxEO
Las exigencias de los activistas
Los activistas presentaron una lista de exigencias a Nielsen, entre éstas un fin a la política de “tolerancia cero” y a la separación de familias; un cese al procesamiento judicial de solicitantes de asilo; la inmediata reunificación de familias que fueron separadas, incluso antes de abril pasado, y el uso de diversas alternativas comunitarias a la detención.
También pidieron la identificación de todos los padres bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que se les explique sus derechos y se agilice su reunificación con sus hijos, aún si ya fueron deportados o puestos en libertad.
Además exigieron que la Administración Trump abandone sus planes de expandir los centros de detención de familias, incluso en bases militares o en “campamentos” transformados en áreas de reclusión.
También incluyeron en su lista el que los detenidos tengan acceso a abogados en todas las instalaciones de ICE; que las autoridades cesen la práctica de devolver a solicitantes de asilo a condiciones de inseguridad en el lado mexicano de la frontera sur, y se respete el derecho que tienen los refugiados, bajo las leyes de EEUU y convenios internacionales, a solicitar protección en suelo estadounidense.
Los activistas instaron a la Administración a que incremente las ayudas para reducir la violencia y la persecución en los países del “Triángulo del Norte” –Guatemala, El Salvador y Honduras-, en vez de recortarla, y también apoye los esfuerzos de Naciones Unidas por fortalecer las protecciones en otros países de la región.
“El DHS está atacando a las familias y criminalizando a solicitantes de asilo, pero la secretaria (Nielsen) no parece querer hablar de ello. La respuesta de la Administración a familias que buscan protección en EEUU es cruel y a veces ilegal, y priva a los solicitantes de asilo de una oportunidad justa para presentar sus reclamos”, resumió Beth Warlin, directora ejecutiva de American Immigration Council.
Michelle Brané, directora del programa de justicia para migrantes de la “Women´s Refugee Commission”, reiteró que la Administración está violando los derechos humanos “intencionalmente” y el caos y daño duradero a las familias demuestra ”una cruel violación de las leyes, incompetencia extrema, o ambas cosas”.
Brané criticó la demora en la reunificación de las familias y la negativa de la Administración a restaurar un programa de gestión de casos familiares que tenía un historial de “100% de efectividad” con el cumplimiento de las leyes
El encuentro con Nielsen incluyó además a Mary Meg McCarthy, directora ejecutiva del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), y a Eleanor Acer, directora del programa de protección de refugiados de “Human Rights First”.
Según AIC, Nielsen se negó a hablar sobre la separación de familias, alegando que eso forma parte de un litigio aún por resolver en los tribunales.
Nielsen insistió en hacer cumplir las leyes
El portavoz del DHS, Tyler Houlton, dijo que Nielsen se reunió con los activistas como parte de un “esfuerzo sincero para escuchar sus soluciones” a la crisis migratoria.
“Aunque algunos ofrecieron ideas útiles, varios no mostraron interés en discutir soluciones productivas. En vez, usaron el encuentro como plataforma para atacar los esfuerzos de la Administración para ceñirse al imperio de la ley”, agregó Houlton.
“Fue una oportunidad perdida para que estos grupos participaran en un diálogo productivo y duradero, particularmente en víspera de las reuniones de la secretaria (Nielsen) con líderes centroamericanos en Guatemala mañana”, puntualizó.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el pasado 20 de junio que puso fin a la separación de familias pero autoriza la detención indefinida de familias enteras mientras se resuelven sus casos individuales en los tribunales.
Nielsen tiene previsto reunirse también con líderes de Norte y Centroamérica, así como con autoridades de Colombia, para discutir soluciones regionales de largo plazo para frenar la emigración ilegal desde el istmo centroamericano.
La reunión se produjo un día antes del plazo impuesto por el juez federal, Dana Sabraw, para que la Administración Trump reunifique con sus padres a los 102 menores de cinco años que tiene bajo custodia desde que fueron separados de sus familias en la frontera sur.
Sabraw también impuso un plazo hasta el próximo 26 de julio para el resto de los niños y jóvenes que fueron enviados a albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).
La orden preliminar del juez obedece a una demanda colectiva entablada por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) contra la separación de familias.
La semana pasada, el secretario de Salud, Alex Azar, reconoció durante una llamada telefónica con periodistas que ORR tiene bajo su custodia “a menos de 3,000” niños que fueron separados de sus padres, incluyendo a 100 menores de cinco años.
En total, ORR tiene a unos 11,800 niños y jóvenes en un centenar de albergues en todo el país, de los cuales poco más del 80% cruzó ilegalmente la frontera sur sin la compañía de un padre o adulto responsable.
Azar no dio un cronograma preciso sobre la reunificación de los menores con sus padres, pero aseguró que la Administración cumpliría con los plazos.
Sabraw rechazó una petición del Departamento de Justicia del viernes pasado para extender las fechas de reunificación pero, durante una audiencia hoy, la Administración dijo que solo podrá entregar a poco más de la mitad para el plazo de mañana.
