Juez federal rechaza petición de Texas de eliminar DACA, pero programa sigue rumbo incierto

WASHINGTON— En un inesperado dictamen, el juez federal Andrew Hanen rechazó este viernes una petición de Texas de eliminar de inmediato DACA, un programa que ha dado alivio a cerca de 800,000 jóvenes indocumentados desde 2012, pero consideró que el programa probablemente es ilegal.

La decisión de Hanen en el caso “Texas v. United States”, contenida en un fallo de 117 páginas, tomó a todas las partes por sorpresa debido a que en el pasado el juez federal, designado por la Administración de George W. Bush, se ha inclinado en contra del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012.

“DACA es un programa popular y el Congreso debe considerar salvarlo. Desafortunadamente, el sistema judicial no es la rama del gobierno para salvar un programa que debió emanar del Congreso”, observó Hanen, quien consideró que, en esta prolongada batalla legal, los demandantes probablemente lograrán demostrar que el programa es ilegal.

“Este tribunal  no cederá a la tentación de poner de lado los principios legales y substituir su juicio en lugar de la acción legislativa. Si la nación verdaderamente quiere un programa DACA, eso depende del Congreso”, argumentó.

Hanen respondió así a la petición de una coalición de ocho estados, liderados por Texas, que buscan eliminar DACA, pero también dio un plazo de 21 días para apelar el fallo ante el Quinto Circuito de Apelaciones.

El juez explicó que rechazaba la petición porque Texas y el resto de los demandantes esperaron más de cinco años desde la implementación de DACA para impugnarlo en los tribunales. Además, aún si los demandantes pueden demostrar el daño económico de DACA, las consecuencias de eliminarlo de forma inmediata serían más graves.

El programa entró en vigor en 2012 y eliminarlo abruptamente sería como tratar de “devolver un huevo revuelto a su cáscara”, y eso “no tiene sentido ni sirve a los mejores intereses de este país”, argumentó Hanen.

La Administración Obama puso en marcha DACA en agosto de 2012 bajo presiones del movimiento de los Dreamers, aunque siempre dijo que era un alivio temporal para proteger a los jóvenes indocumentados de la deportación, y que solo el Congreso podía dar una solución legislativa permanente.

La Administración Trump anunció el desmantelamiento escalonado de DACA en septiembre de 2017 y dio plazo hasta marzo pasado para que el Congreso negociara alguna solución permanente. Pero el Congreso, bajo control republicano, no logró consenso para aprobar una legislación que dé la residencia permanente y eventual ciudadanía a los beneficiarios de DACA.

Mientras tanto, tres jueces federales respaldaron la continuidad de DACA desde enero pasado. Dos jueces, uno en San Francisco (California) y otro en Brooklyn (Nueva York), se pronunciaron en enero y febrero pasados a favor de continuar DACA pero solo para la renovación de permisos.

A raíz de esos dictámenes, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) ha estado tramitando las solicitudes para la renovación de permisos de DACA. Según sus cifras más recientes, el número de beneficiarios es de 704,000, debido a que muchos han ajustado su estatus, o no renuevan los permisos, o les han sido revocados.

El tercer juez, en Washington, John D. Bates, ordenó la reactivación de DACA incluso para nuevos casos, pero dio plazo al gobierno para que decidiera si apelará ese dictamen.

En 2015, Hanen falló en contra de la expansión de DACA y un programa similar para adultos con hijos residentes legales o ciudadanos, conocido por su sigla en inglés DAPA.

Javier Gamboa, portavoz del Comité de Campañas Demócratas del Congreso (DCCC) y beneficiario de DACA, dijo que los Dreamers afrontan un mayor riesgo de la deportación y acusó a los legisladores republicanos en la Cámara de Representantes, como Carlos Curbelo, Mike Coffman, Jeff Denham, David Valado y Will Hurd, de “abandonar una solución bipartidista”.

“Le fallaron a sus votantes y sus comunidades y no merecen regresar al Congreso (en los comicios de noviembre). No nos equivoquemos: con el repetido fracaso de los republicanos para actuar, los votantes entienden que una solución de sentido común para los Dreamers solo es posibles con un Congreso bajo control demócrata”, aseguró. 

Eliana Fernández, una beneficiaria de DACA y activista del grupo “Make the Road New York”,  celebró el fallo de Hanen, si bien el programa afronta un rumbo incierto.

“Significa que podré seguir estando con mis hijos y mi familia, exactamente donde pertenezco. Centenares de miles de jóvenes inmigrantes como yo, y expertos legales en todo el país, saben que DACA es un programa legal que ha ayudado enormemente a nuestra comunidad”, señaló.

Fernández alentó a los “DACAmentados” a que continúen solicitando la renovación de sus permisos mientras continúan luchando “contra los ataques de la Administración Trump a DACA” porque “verdaderamente estamos acá para quedarnos”.

Cristina Jiménez, directora ejecutiva de “United We Dream Action” dijo que el fallo de hoy deja sin cambios DACA y ofrece un respiro a los jóvenes amparados al programa, como su hermano.

Jiménez recordó que si el Congreso hubiese aprobado el “Dream Act” no habría ahora incertidumbre ni semejantes batallas legales, y corresponde al Legislativo aprobarlo.

Con esa meta, activistas de grupo movilizarán a medio millón de votantes para los comicios de noviembre próximo “para lograr un Congreso que nuestras comunidades merecen”, afirmó Jiménez.

DACA recipients need your support to renew their protections from deportation!

Consider donating to the #DACA Renewal Fund to help our youth: https://t.co/eYT4sT7NdW

— United We Dream 🍊 (@UNITEDWEDREAM) August 31, 2018

Pero el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo en un comunicado que su demanda es “vital” para restablecer el orden en el sistema migratorio y que los demandantes están “muy confiados” de que DACA tendrá el mismo fin que tuvieron los otros dos programas de Obama bloqueados en los tribunales.

Ante esa posibilidad,  el caso en cuestión probablemente llegue a los pies del Tribunal Supremo, con un fallo previsible en junio de 2019, según expertos legales.