Eliminación de ciudadanía por nacimiento dejaría a millones de niños indocumentados

WASHINGTON— El presidente Donald Trump insiste en su idea de reformar el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento, en un proceso que, de producirse, no sería rápido ni sencillo y crearía toda una subclase de niños indocumentados en este país.

Trump ha enarbolado la lucha contra los inmigrantes ilegales en la antesala de los comicios legislativos que definirán el control del Congreso y, por ende, el futuro de su agenda conservadora.

Antes de emprender un viaje electoral a Virginia Occidental, Trump hizo varias declaraciones contra la caravana de inmigrantes y, respecto a su idea de eliminar la ciudadanía automática por nacimiento, sólo dijo que es un asunto que lo decidirá el Tribunal Supremo.

Cuando propuso la idea, durante una entrevista difundida el pasado 29 de octubre con “Axios”, Trump dijo que, según sus asesores legales, él podía cambiar la Enmienda 14 de la Constitución con una orden ejecutiva, aunque no dejó en claro si el cambio aplicaría a los hijos de todos los extranjeros, incluso los que tienen residencia permanente o visas temporales, o solo los indocumentados.

Pero anoche, durante un mitin político en Columbia (Missouri), Trump calificó la enmienda, adoptada el 9 de julio de 1868, como una “política loca, lunática”, y repitió su idea de eliminar ese derecho para hijos de inmigrantes indocumentados que, a su juicio, obtienen injustamente toda clase de beneficios.

“Centenares de miles de niños nacidos de inmigrantes ilegales son ciudadanos de EEUU automáticamente cada año, debido a esta política loca y lunática a la que debemos poner fin”, señaló.

“Todos son instantáneamente elegibles para todo privilegio y beneficio de la ciudadanía estadounidense. Todos ustedes no reciben nada más de lo que ellos reciben, son ciudadanos plenamente y eso nos está costando muchos miles de millones de dólares al año”, argumentó Trump.

El mandatario parece repetir los falsos argumentos de grupos ultraconservadores anti-inmigrantes de que los niños nacidos de padres indocumentados son “bebés ancla”  (“anchor babies”) que eventualmente les permite obtener estancia legal en el país y, por lo tanto, no merecen trato equitativo.

En sus declaraciones, sin embargo, el mandatario no tuvo reparos en calificar la enmienda como una “locura”, sin reconocer que es un derecho que tiene todo estadounidense nacido en este país, sin importar la nacionalidad o estatus legal de sus padres.

El mandatario tampoco dice a sus votantes que el Tribunal Supremo ya se pronunció sobre este asunto en 1898, tras una larga batalla legal emprendida por el sino-estadounidense Wong Kim Ark, durante tiempos de gran fervor contra la inmigración china en el país.

El caso “US v. Wong Kim Ark” llegó hasta el Tribunal Supremo, donde los magistrados, todos blancos de tendencia supremacista, emitieron un dictamen de 6-2 en la que reafirmaron la Enmienda 14.

En esa ocasión, el juez Horace Gray dijo que la Enmienda concedía la ciudadanía automática por nacimiento a toda persona nacida “dentro de la soberanía de EEUU, sean hijos de ciudadanos o extranjeros, excepto los hijos de embajadores o ministros públicos de un gobierno extranjero”.

La máxima corte además determinó que, sin lugar a dudas, la Enmienda aplica a todas las personas nacidas en EEUU.  Aunque el propósito original de la Enmienda era dar la ciudadanía a los esclavos emancipados, la corte dejó en claro que la medida no imponía limitaciones a ese derecho para todos los niños nacidos en este país.

Treinta y tres países ofrecen la ciudadanía automática por nacimiento, aunque en el mundo industrializado solo lo hacen EEUU y Canadá.

No es la primera vez que republicanos proponen eliminar la ciudadanía por nacimiento –Trump apoyó la idea durante la contienda en 2016-, pero ni el mandatario ni su Administración han explicado el limbo legal que un cambio en la Constitución significaría en el futuro para los centenares de miles de niños que nacen en EEUU de padres indocumentados.

Según nuevos datos del Centro de Investigación Pew, el número de niños nacidos en EEUU de padres indocumentados ha bajado desde 2007, cuando las autoridades registraron 390,000 nacimientos.

En 2016, año del que se tienen las cifras más actualizadas, hubo 250,000 nacimientos de padres indocumentados, es decir, un descenso del 36% respecto a 2007.

La cifra de nacimientos a padres indocumentados aumentó entre las décadas de 1980 y 2000, pero empezó a bajar desde el inicio de la “Gran Recesión”, según Pew, cuyo informe se apoya en datos del Censo.

El número de niños nacidos a padres de indocumentados representa alrededor del 6% del total de cuatro millones de nacimientos en 2016, indicó el análisis.  México representa un tercio de los niños nacidos en EEUU de madres inmigrantes, seguido por China e India, con 5% cada uno;  El Salvador, Guatemala, y las Filipinas, con 3% cada uno, y Honduras, Vietnam, y República Dominicana, con 2% cada uno.

Los niños nacidos de padres puertorriqueños representan un 2%, pero aunque hayan nacido en la isla, también son automáticamente ciudadanos estadounidenses.

En general, alrededor de cinco millones de niños menores de 18 años y nacidos en EEUU vivían con al menos un padre indocumentado en 2016, un leve incremento sobre los 4,5 millones de niños en 2007.

La cifra se ha estabilizado en los últimos años por un fenómeno que refleja tanto el descenso de nacimientos como el de la inmigración ilegal desde la “Gran Recesión”, enfatizó Pew.

Otro análisis, del “Kids Count Data Center” indicó que el 23% de los niños nacidos de extranjeros en 2016 –más de 910,000 niños- nacieron de madres inmigrantes, con o “sin papeles” o que se naturalizaron. Esa cifra también representa un declive respecto al 25% en 2007.

En todo caso, cambiar la Constitución no es un proceso rápido ni fácil, y los fundadores del país lo hicieron así para proteger la Magna Carta de los vaivenes políticos en cada época.

El Congreso es el único que puede proponer una enmienda constitucional, que a su vez tiene que ser aprobada por dos terceras partes en ambas cámaras del Legislativo y tres cuartas partes de las legislaturas estatales.

El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, ha dicho que propondrá un proyecto de ley para secundar la idea de Trump, pero no está claro que ésta prospere, máxime cuando los demócratas prevén recuperar el control de la Cámara de Representantes, y en el Senado podrían bloquear mediante una maniobra parlamentaria su voto definitivo.

La última vez que se aprobó una enmienda constitucional fue en mayo de 1992, con la Enmienda 27, que estableció que cualquier cambio en la compensación salarial de los líderes del Congreso debe ocurrir tras la elección posterior en la Cámara de Representantes.

Aún si Trump y los republicanos se salen con la suya, grupos cívicos en todo el país han dicho que lucharán contra esta propuesta en los tribunales, regresando el asunto incluso al Tribunal Supremo, que ya se pronunció al respecto hace 120 años.