Roberto Moreno Ramos, preso en Texas, no se libraría de ser ejecutado en cuestión de horas
Mató en 1992 a su mujer y sus dos hijos a mazazos. Texas planea ejecutarlo este miércoles, pero las autoridades de su país, México, intentan evitarlo
Roberto Moreno Ramos puede convertirse en el mexicano preso número 12 ejecutado en Estados Unidos desde 1976. Crédito: Getty Images
El gobierno de México intenta evitar que su ciudadano Roberto Moreno Ramos sea ejecutado en Estados Unidos este 14 de noviembre.
Nacido en el estado de Aguascalientes hace 64 años, Moreno fue condenado en 1993 por el asesinato de su esposa y sus dos hijos, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados bajo el baño de su casa en Texas.
Pero la Cancillería mexicana pidió este lunes que se detuviera su ejecución, planeada para este miércoles a las seis de la tarde locales a través de la inyección letal.
Y el asesor jurídico de esta entidad, Alejandro Alday, aseguró en una rueda de prensa que el de Moreno Ramos es un “caso flagrante de violación a los derechos humanos y al derecho internacional”, pues Moreno forma parte de una lista de medio centenar de reos mexicanos en Estados Unidos amparados por una sentencia de 2004 de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya (CIJ).
La Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas, sin embargo, decidió de manera unánime el lunes no otorgar clemencia a Moreno ni recomendar posponer su ejecución.
Ahora, es el gobernador de Texas, Greg Abbott, el único que puede interceder por el preso y suspender la ejecución durante 30 días.
El crimen
A inicios de la década de 1990 Roberto Moreno vivía con su mujer, Leticia, entonces de 42 años, y sus hijos Abigail, de siete, y Jonathan, de tres, en la pequeña localidad tejana de Progreso.
El 7 de febrero de 1992, uno de sus vecinos “oyó un grito de mujer y la esposa del señor Moreno Ramos y sus hijos nunca volvieron a ser vistos“, se recoge en documentos judiciales.
Tres días después, Moreno se casó con una mujer con la que había estado teniendo una relación extramarital. Cuando la Policía le pidió registrar su hogar, no se opuso.
Una investigación conjunta de autoridades mexicanas y estadounidenses halló sangre en el inmueble de Texas y un mazo ensangrentado en la residencia de su nueva esposa, en México.
Cuando Moreno era cuestionado sobre el paradero de su familia, respondía con evasivas. Con el tiempo, solo confesó haber matado a Leticia. Los tres cuerpos, sin embargo, tenían heridas similares en las cabezas.
Al momento de su captura, el mexicano tenía pendiente una orden arresto por infracciones de tráfico.
Pero cuando un extranjero es detenido, las autoridades debe informarle de inmediato de su derecho a comunicarse con su consulado en ese país, según la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Y esto no se respetó en el caso de Moreno, pese a que Estados Unidos se adhirió a esta convención en 1969.
De hecho, la captura de Moreno no fue notificada a las autoridades consulares mexicanas hasta 11 meses después del arresto.
Algo que “quiere decir que las autoridades locales violaron su derecho a que se le brindara la asistencia”, según Alday.
Pocas esperanzas
Ninguno de los abogados que defendió a Moreno en primera y segunda instancia judicial, sin embargo, utilizó este argumento.
Y, por eso, “la avenida legal para dar esperanzas” al preso es “bastante estrecha”, dijo en la misma rueda de prensa el director del Programa de Asistencia Jurídica en Casos de Pena Capital (MCLAP), Greg Kuykendall.
MCLAP, sin embargo, está intentando ahora que se tenga en cuenta que el primer defensor de Moreno fue “plenamente incompetente”, pues ni siquiera presentó pruebas ni testigos para evitar que su cliente fuera condenado a muerte, según el recuento de la conferencia de prensa que hace el periódico mexicano El Universal.
La falta de notificación al consulado mexicano en el proceso de Moreno no fue un caso aislado, y fue por eso que México llevó a su país vecino a la CIJ en 2003 por haber impedido a sus representantes brindar protección a más de medio centenar de presos que acabaron en el corredor de la muerte.
En ese momento, otros cuatro mexicanos ya habían sido ejecutados sin haber recibido asistencia consular, según recoge el Anuario Mexicano de Derecho Internacional.
La CIJ falló al año siguiente -en lo que fue conocido como el “caso Avena”– que Estados Unidos había violado los derechos de 54 reos, entre los que estaba Moreno, y determinó que sus condenas fueran revisadas.
El entonces presidente George W. Bush instó en 2005 a las autoridades judiciales a cumplir la resolución, pero la Corte Suprema determinó en 2008 que la Convención de Viena carecía de validez en el país porque el Parlamento todavía no la había elevado al nivel de ley nacional.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también concluyó en 2005 que Estados Unidos era “responsable de violar los derechos a la igualdad ante la ley, al debido proceso legal y a un juicio justo” en el caso de Moreno.
Ocho mexicanos han sido ejecutados en Estados Unidos desde que este país reactivara la pena de muerte en 1976, según afirmó el encargado de despacho de la Subsecretaría para América del Norte y director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, Jacob Prado, también presente en la rueda de prensa del lunes.
De estos, cinco estaban formaban parte del caso Avenay todos estaban presos en Texas. La pena capital logró ser revertida para otros 14 prisioneros.
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