Trump apoya ley clave para la mayor reforma penitenciaria desde la década de 1990

WASHINGTON—El presidente Donald Trump volcó su apoyo este miércoles a un proyecto de ley bipartidista que pondría en marcha la mayor reforma penitenciaria desde la década de 1990 y que invertiría fuertes sumas en programas para la rehabilitación de expresidiarios.

Desde el Salón Roosevelt de la Casa Blanca, Trump instó al Congreso a que apruebe sin demoras el “Acta de Primer Paso” (“First Step Act”), que además permitiría reducir las sentencias carcelarias máximas para ciertos delitos.

“Me emociona anunciar mi apoyo a este proyecto de ley bipartidista que hará a nuestras comunidades más seguras y dará una segunda oportunidad en la vida a expresidiarios”, dijo Trump, tras una reunión con legisladores demócratas y republicanos de ambas cámaras del Congreso, y representantes de grupos cívicos.

“Todos nos beneficiamos cuando expresidiarios pueden reintegrarse a la sociedad como ciudadanos productivos y obedientes de las leyes”, agregó Trump, al elogiar la labor de algunas empresas para contratar a expresidiarios.

Trump hizo esas declaraciones un día después de que su yerno y principal asesor político, Jared Kushner, le presentara el acuerdo bipartidista en ciernes.

Queda menos de un mes para el receso del Congreso, que iniciará su próxima sesión en enero de 2019, y no hay certeza de que el Legislativo apruebe la iniciativa antes de fin de año.

Aunque la medida podría generar resistencia de grupos ultraconservadores,  la mayoría de expertos considera que el apoyo de Trump es fundamental para la aprobación final de la medida.

La Casa Blanca aseguró que el proyecto de ley ayudará a reducir el crimen, fomentará la sanación de familias fragmentadas por sentencias carcelarias, y ahorrará dinero a los contribuyentes.

Según activistas, de ser aprobada, la iniciativa ayudará especialmente a expresidiarios de las minorías, que figuran entre los más afectados por sentencias carcelarias desproporcionadas al delito.

En declaraciones a este diario, Molly Gill, vicepresidenta para asuntos políticos del grupo “Familias contra Sentencias Mandatorias Mínimas” (FAMM, por su sigla en inglés), explicó que los presos latinos se beneficiarían en particular porque la medida aceleraría su puesta en libertad por buena conducta.

“Los prisioneros obtendrían una reducción de siete días por cada año de su sentencia. Un preso con buena conducta y que tenga una sentencia de diez años, por ejemplo, saldría en libertad 70 días antes”, explicó Gill.

Según el Buró de Prisiones, el 32% de los cerca de 180,000 presos en cárceles federales son de origen hispano, y esta ley los beneficiaría a todos, salvo a los que purgan cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, precisó la experta.

La medida ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes en mayo pasado, pero ésta no incluía elementos relacionados con la reforma de las sentencias mandatorias mínimas.

Los líderes del Senado han elaborado su propia versión de la iniciativa, que sí incluye cuatro reformas a las guías sobre sentencias carcelarias dentro del código penal de EEUU.

Para que se convierta en ley, el Senado tiene que aprobar su versión y enviarla a la Cámara de Representantes para su votación definitiva. El último pasado es que Trump la promulgue.

Entre otros elementos, la iniciativa reforma algunas de las leyes sobre sentencias carcelarias más punitivas del país e invierte en programas de rehabilitación de expresidiarios que han tenido éxito, según activistas.

La iniciativa reduciría sentencias carcelarias obligatorias para algunos delitos de droga no violentos, y cambiaría de cadena perpetua a 25 años en prisión las sentencias para personas condenadas por un delito grave y que ya tenían condenas por dos delitos previos, como han exigido las leyes conocidas en inglés como “three strikes”.  Esas leyes, adoptadas desde 1994, tenían el objetivo de disminuir la reincidencia de criminales.

Bajo la iniciativa bipartidista, los jueces federales tendrían mayor flexibilidad para imponer sus propias sentencias en algunos casos, independientemente de lo que dicta el código penal.

La medida además reduciría de forma retroactiva la desigualdad en las sentencias carcelarias para delitos por posesión de cocaína en polvo y el “crack”.  Esa desigualdad ha golpeado desproporcionadamente a afroamericanos condenados por narcotráfico, que desde 2010 han recibido sentencias más duras, en comparación con las impuestas a los de raza blanca.

Kevin Ring, presidente de “FAMM”, elogió el apoyo  de Trump a la medida, tomando en cuenta que en el pasado el mandatario ha hecho duras declaraciones contra criminales y a favor de “la ejecución de narcotraficantes”.

“Con su apoyo, el acuerdo bipartidista (sobre la medida) deberá aprobarse de forma rápida y abrumadora. Apartando consideraciones políticas, el proyecto de ley que apoyó el presidente Trump hoy mantendrá unidas a más familias, fortalecerá las comunidades y mantendrá baja la tasa de criminalidad”, afirmó King.

Su grupo lanzó a principios de mes la campaña ““#Necesitamos60”, en alusión a los 60 votos que necesitaría la medida en el pleno de la Cámara Alta.

Por su parte, el grupo “Sentencing Project”,  reiteró que la medida “First Step Act” aportaría un “poco más de justicia” para miles de presos que han recibido sentencias excesivas por delitos de drogas, y aunque no corrige todos los problemas del sistema penitenciario al menos es un buen primer paso.

Según una hoja de datos distribuida por la Casa Blanca, la medida cuenta con el respaldo de siete principales asociaciones presidenciales, más de 2,700 líderes religiosos y centenares de líderes y organizaciones conservadoras.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se comprometió a someterla a voto en el pleno si logra reunir esos 60 votos.

“No nos queda mucho tiempo”, dijo McConnell a los periodistas antes del evento en la Casa Blanca.