Madre indocumentada demanda a ICE por $60 millones de dólares por muerte de su bebé
ICE ofreció una atención médica "negligente" a la inmigrante guatemalteca
Crédito: ice.gov
Nueva demanda en contra de ICE deja en evidencia el deficiente trato médico que recibien los inmigrantes bajo custodia de las autoridades migratorias de EEUU.
Yazmin Juárez, inmigrante guatemalteca, demandó al país y solicitó una indemnización de 60 millones de dólares por la muerte de su hija, de 21 meses, tras enfermar en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, informaron hoy medios locales.
El abogado de la demandante, Stanton Jones, aseguró que el Gobierno “tenía el deber de proveer a esta niña pequeña de seguridad, condiciones sanitarias y cuidado médico apropiado, pero no lo hizo, lo que resultó en consecuencias trágicas”, según un comunicado recogido por medios.
El letrado argumentó que la niña entró en el país sana y que 20 días después le diagnosticaron una grave infección respiratoria que no superó.
Jones enfatizó que la menor no alcanzó los dos años de edad porque ICE ofreció una atención médica “negligente”.
Juárez y su hija Mariee intentaron entrar de forma irregular en el país el pasado mes de marzo, pero fueron arrestadas y enviadas al centro de Dilley, en Texas.
Los abogados de la guatemalteca aseguran que Mariee enfermó tras pasar a custodia del ICE, con fiebre superior a 38 grados, tos, congestión, diarrea y vómitos.
Pese a ello, una enfermera dio el alta a la menor pocos días después y dio el visto bueno para que viajara, lo que permitió a Juárez y su hija trasladarse a Nueva Jersey, donde reside la madre de la guatemalteca, tras ser puestas en libertad por las autoridades.
Sin embargo, la niña no superó la enfermedad y falleció el 10 de mayo en un Hospital Infantil de Filadelfia (Pensilvania) por insuficiencia respiratoria continuada.
El pasado agosto, según medio estadounidenses, la defensa de Juárez ya registró un aviso de demanda contra la ciudad de Eloy, en Arizona, que se encarga de gestionar el centro de detención en cuestión; en esta demanda reclamó 40 millones de dólares.
