Editorial: Contra el monopolio de medicinas

El precio de la medicina Humira, para la artritis reumática, es 96% más alto en Estados Unidos que en el Reino Unido y 225% más que en Suiza. Acá hay algo muy malo.

Una audiencia legislativa puso ayer martes en el banquillo de los acusados a siete jefes ejecutivos de las principales empresas farmacéuticas. En sus discursos, culparon del problema de los precios a todo el sistema. Todo, menos las ganancias gigantescas de su industria y las bonificaciones multimillonarias que ellos mismos reciben. Se estima que el valor colectivo de estas empresas es de $1.13 billones de dólares (millones de millones).

Es cierto que el sistema actual es responsable de que exista una cadena de intermediarios. Y que las negociaciones por los precios son definidas por los analistas como “opacas por diseño”. En algunos casos, hasta cinco compañías sacan su tajada entre el fabricante del medicamento y el paciente. El precio se infla artificialmente.

Desde el comienzo, la industria establece un alto precio a un medicamento. Luego hay un mayorista, un administrador de beneficios, la farmacia y la aseguradora. En la misma cadena hay descuentos y sobrecargos. Uno culpa al otro del costo elevado, pero todos ellos lucran.

Las farmacéuticas dicen que el precio elevado – en Estados Unidos donde no existe ningún control como en otros países – es necesario, por el alto costo de la investigación. Pero callan el hecho que la mayoría de estas investigaciones se financiaron con dinero de los contribuyentes. Un estudio oficial halló que todos los 210 medicamentos aprobados entre 2010 y 2016 recibieron fondos públicos para la investigación, ya sea directa o indirectamente.

La industria no invertiría cerca del 60% del costo de una medicina si no fuese por la investigación previa por parte de agencias del gobierno. Luego, las farmacéuticas seleccionan a las medicinas más lucrativas.

Esa es la razón por la que invierten en medicamentos para enfermedades crónicas, que el paciente toma durante años. O en supuestas urgencias, como la impotencia.

Se interesan menos por desarrollar antibióticos nuevos que puedan evitar las 23,000 muertes anuales debidas a infecciones resistentes a antibióticos introducidos hace 30 años.

La industria farmacéutica también entorpece la administración de medicamentos genéricos, que hasta ahora fueron considerados una alternativa menos costosa. Lo hacen haciendo extender artificialmente la vigencia de su patente al introducir cambios menores en la sustancia, asegurando así su monopolio.

Por el otro, obstaculizan que se realicen las pruebas necesarias para desarrollar el tipo genérico del medicamento.

En otro países, el gobierno controla el precio al público. Aquí, el gobierno está para asegurar la ganancia de la empresa. Nuevamente, a pesar que sin dinero del público, no se habría lanzado esa medicina.

Esperamos que el respaldo bipartidista a reducir los precios de las medicinas resulte en medidas concretos. Y que el presidente cumpla con su promesa electoral al respecto. Proyectos no faltan. Es hora de actuar.