¿A dónde van los mexicanos desplazados?
En México se calcula que hay 8 millones de desplazados
MÉXICO – El plantón de alrededor de 300 indígenas y mestizos del estado de Guerrero que ensombreció las 10 entradas al Palacio Nacional en estos días, tiene entre sus causas cercanas un enfrentamiento entre grupo armados en el poblado de Filo de Caballos, pero unas raíces lejanas en el cultivo y producción de opiáceos.
Algunos huyeron primero, de a poco; otros, los más, en masa. Nada distinto a los ocho millones de desplazados que hay en México, según la organización Centro Mexicano de Derecho y Protección de Derechos Humanos. Oficialmente, no hay cifras sobre cuántos son ni hacia a dónde se fueron o en las condiciones en que actualmente viven.
Por denuncias de organizaciones civiles y víctimas se sabe que, una vez desplazados, tienen cuatro opciones: intentar regresar, empezar de cero en otra ciudad, montar campamentos en condiciones muy precarias o acogerse a albergues de refugiados.
Los desplazados de Guerrero acamparon en el Zócalo de la CDMX en espera de una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador; en otras regiones han tenido que improvisar casas de campaña en los patios centrales de diversas ciudades de provincia o, incluso, en zonas cercanas a las comunidades violentadas, lo que ha provocado varias muertes.
En Chiapas, donde suman 5,266 personas desplazadas, principalmente por conflictos de tierra, han fallecido 13 personas, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Samuel Luna Girón murió el 18 de octubre de 2017 asesinado, 10 murieron por las condiciones extremas condiciones del invierno de 2017-2018, y tres más por complicaciones físicas y emocionales.
En agosto pasado, el indígena Agustín Gómez se suicidó con un medicamento. Formaba parte de las 31 familias que no regresaron a la comunidad de Pom y sufría ante la angustia de no poder sembrar su tierra ––ubicada en la zona de conflicto–– y mantener a los suyos.
En una carta dirigida al gobierno mexicano, diversos activistas han demandado la necesidad de un urgente reconocimiento de la calidad de víctimas de desplazamiento forzado interno, por ataques de grupos civiles armados de corte paramilitar, sicarios, grupos armados y autoridades; la reparación integral del daño, así como la investigación, identificación, desarme y desarticulación de éstos.
Ana Melisa Pardo, del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, destaca que el error de las autoridades hasta ahora ha sido catalogar a las victimas como migrantes internos. “El desplazamiento no es una decisión que tomó la familia por cuestiones económicas, por comodidad o por trabajo, sino obligadas a salir, muchas veces, solo con lo que llevan puesto”.
En Tijuana, Pardo encontró personas de Guerrero, Oaxaca, Michoacán o Estado de México que huyeron de la extorsión de criminales, quienes les cobraban cuotas y los amenazaron de muerte cuando ya no podían pagarles. Eran propietarios de tiendas, farmacia, restaurante o fruterías… “¿Qué hacer con esa población que llega a las ciudades de la frontera en terribles condiciones, que no fueron acreedores al asilo, que no pueden regresar a su lugar de origen, que no tienen trabajo?”
Hasta ahora no existe un marco jurídico para ellos: no cuentan con una categoría legal como desplazados y por tanto, no cuentan con el régimen de protección que otorga el derecho internacional.
Brenda Pérez, coordinadora del área de desplazamiento interno de la CMDPDH, considera que tanto el Instituto Nacional de Geografía y Estadística como el Consejo Nacional tienen que investigar al respecto.
“Tienen que preguntar por las causas, cuáles son los estados expulsores, cuáles son los estados receptores, los actores que están propiciando este desplazamiento, cuántas veces la gente se desplaza, a dónde llega, si retorna, dónde retorna o si lo hace de manera segura”.
Cifras extraoficiales
– De 2011 hasta 2017 hubo 8.7 millones de desplazados.
– Durante el año 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento masivos.
– Entidades más afectadas: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas
Fuente: CMDPDH