Inmigrantes sufren el martirio de la incertidumbre y la presión federal

En un tedioso y confuso proceso legal, miles de familias inmigrantes continúan viviendo un periodo plagado de incertidumbre y temor. Hasta ahora, expertos de inmigración aseguran que los mandatos legales (injunction, en inglés) emanados de las cortes federales durante los variados juicios recientes suspenden las intenciones de varias medidas de la administración de Trump, a pesar de ser alivios temporales que protegen los derechos de permanecer en el país.

Desde que Trump asumió la presidencia, las medidas antiinmigrantes, catalogadas de extremas por los expertos, han atacado en varios frentes. Los cierres de DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals / Acción Diferida para los que llegaron cuando niños) y del TPS (Estatus de Protección Temporal / Temporary Protected Status) y la aplicación del criterio de la “carga pública” a las familias inmigrantes han sido los objetivos principales de la Presidencia.

Según Kerri Talbot, abogada de The Immigration Hub en Washington DC, las políticas de Trump están diseñadas para herir a las comunidades de inmigrantes. “En los últimos dos años se han lanzado docenas y docenas de políticas contra los inmigrantes. Todo comenzó con la prohibición a personas de países musulmanes, luego el ataque en contra de refugiados, después la separación de las familias… La Casa Blanca está bajo el control de antiinmigrantes que exigen medidas muy extremas. Pero a pesar de todo esto, una gran mayoría de la población estadounidense está a favor de una reforma integral de inmigración”, aseguró Talbot.

 Nos usan como peldaño para conseguir lo que quieren

DACA comenzó en 2012 para proteger de la deportación y dar permiso de trabajo por dos años a jóvenes inmigrante (llamados soñadores) que vinieron a este país como menores de edad. Desde entonces, 800,000 personas se han inscrito y la mayoría de ellas han renovado su postulación. En el 2017 la administración de Trump anunció el término del programa y el gobierno dejó de aceptar nuevas inscripciones.

Inmediatamente se dieron varias demandas en cortes federales y en 2018 varios mandatos judiciales establecieron que mientras se espera una resolución los postulantes pueden continuar con los trámites de renovación. “Esto es desafortunado para muchas personas jóvenes que están por cumplir la edad requerida, los 15 años”, la edad mínima para DACA, dijo Allison Davenport, abogada de inmigración del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes

Diego Ortega tiene 22 años de edad y es uno de los llamados soñadores. Trabaja como chef, estudia comunicaciones y fue uno de los postulantes para DACA. “No soy un criminal, no soy una mala persona. Nos usan como un pequeño peldaño para conseguir lo que quieren. Nosotros estamos como en el medio, estamos en el limbo pero no en el limbo… Es cuestión de tiempo. El Congreso es ahora demócrata. Mi DACA expiró hace aproximadamente un mes pero ahora puedo renovarla”, dijo.

Otro de los programas en el patíbulo es el Estado de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés), una ayuda humanitaria que se brinda a los ciudadanos de ciertos países designados; en este caso El Salvador, Haití, Honduras y Sudán entre otros. Habría unos 250,000 o 300,000 solicitantes. Uno de los juicios en contra de esta medida produjo una orden judicial para proteger a las personas de esos países. La mayoría de ellas residen en los Estados Unidos desde hace más de 20 años. Tras ello, el gobierno federal extendió la vigencia del TPS de esos países hasta el 2 de enero de 2020-

“El panorama general es que para el futuro previsible, los ciudadanos de estos países vivirán con una cantidad considerable de incertidumbres. En última instancia esto solo puede dar un alivio temporal”, aseveró Julie Mitchell, abogada de CARECEN en Los Ángeles. Según Mitchell, la Presidencia está tomando medidas para limitar el número de asilados que se encuentran en el país y haciendo muy difícil el trámite para las víctimas de la violencia de pandillas, violencia doméstica y limitando el número de solicitudes presentadas en los puntos de control de frontera.

El daño ya está hecho

Para Mayra Álvarez, presidenta del Children’s Partnership en Los Ángeles, las principales víctimas son los niños. La Presidencia “daña y siguen dañando el bienestar de los niños. Muchos de ellos están preocupados sobre qué les pasará si sus padres son deportados o encarcelados… Madres y padres están siendo allanados en el país y sacados de sus lugares de trabajo y separados de sus hijos. Ahora muchos padres se encuentran en la disyuntiva de abandonar a sus hijos”.

Si un oficial de aduana estima que un postulante será una carga al país porque va a solicitar ayuda social, puede negarle la entrada al país o la tarjeta verde. Estos programas incluyen vivienda, nutrición y salud. “Quiero dejar en claro que gran parte del daño ya está hecho. Muchas familias en California y en todo el país viven con temor, confundidos con que ley ha cambiado o va a cambiar”, dijo Álvarez.

La mitad de todos los niños en California, 4.5 millones, son parte de una familia inmigrante. A nivel nacional son uno de cada cuatro. Álvarez dijo que para California se estima que entre 113,000 y 311,000 niños se quedarían sin cupones de comida y entre 259,000 y 628,000 niños podrían quedar sin ayuda vital de salud como Medi-Cal.

Si el programa de “carga pública” es impuesto por la Presidencia se correrá el riego de aumentar el número de niños sin seguro de salud del 3% al 8%. “Es verdaderamente una amenaza a la seguridad de la salud y el bienestar de los niños en cada comunidad del estado”, enfatizó Álvarez.

Ortega, quien volvió a postular para DACA, dijo que una posible decisión de la Corte Suprema “destruye los nervios y da miedo porque ellos hacen lo que quieren. Mis emociones están mezcladas; un poco de miedo, un poco de esperanza. Este país me trata bien y mal… pero la mayoría de las cosas malas provienen del presidente Trump. Tenemos que encontrar la alegría en las pequeñas cosas. Nos merecemos nuestro camino hacia la ciudadanía. En la oscuridad de los tiempos siempre hay luz”, finalizó Ortega.

-Este reportaje se realizó con apoyo de Servicios de Medios Étnicos y el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.