Un muerto, 16 años de cárcel injusta y una disculpa
Alejandro Encinas dijo que se buscará que esto no vuelva a repetirse
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, durante el acto de disculpas a presos políticos. Crédito: Cortesía Secretaría de Gobernación
MÉXICO – Dominga González tenía 47 años cuando murió el empresario por quien ella fue a prisión. Todavía era una madre de mediana edad que ayudaba a sus cuatro hijos con algunas tareas y tenía fuerza de voluntad, 16 años después, ya entrada en la tercera edad, buscará rehacer su vida sólo con una disculpa del Estado.
Aún así dice que tuvo suerte. “Estoy muy agradecida”, repite una y otra vez porque fue el mismo sistema de justicia que la encarceló el que la liberó. ¿Qué cambió? El gobierno federal que tiene como bandera liberar a 538 presos considerados como casos “políticos”.
“No solamente queremos que Tlanixco (una comunidad del Estado de México donde encarcelaron a Dominga y cinco indígenas más) sea una experiencia emblemática, sino que sea referente para la reivindicación de justicia de muchos abusos que existen”, dijo el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, al presentar a los últimos tres indígenas liberados la semana pasada, tras un largo litigio en el que ellos se decían inocentes mientras que el gobierno local los acusó de asesinato.
El funcionario dijo que se buscará que estos actos no vuelvan a repetirse –y actualmente trabajan en 479 casos de hombres y 59 de mujeres– que han solicitado la intervención del Gobierno Federal por señalar que se han vulnerado sus derechos humanos y que se consideran presos políticos en el país.
El caso de Dominga González Martínez, Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozabal, Pedro Sánchez y Teófilo Pérez, dio un giro de 360 grados después de una sentencia de 50 años de prisión por el asesinato del empresario floricultor de origen español Isaak Basso.
La justicia del Estado de México sostuvo hasta este año que Basso fue linchado cuando fue al río donde lavaba su ropa la gente del lugar , para echarlas porque quería usar el río exclusivamente para él; los acusados afirman que el hombre resbaló y en la caída se mató.
El caso es que las autoridades acusadoras violaron parte del debido proceso: desde el arresto hasta la sentencia once años después de los hechos y hasta que intervinieron organizaciones defensoras de los derechos humanos. Entonces, un juez les dio los 50 años de condena.
Pero la liberación se logró con el arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador y gracias a que un magistrado de segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México intervino y ordenó que la procuraduría local desistiera de la acusación.
Esta decisión, aunque aplaudida por defensores de derechos humanos, deja en cuestión la independencia del sistema de justicia mexicano. “Todavía en el país se hace lo que un presidente o gobernador en turno diga: primero decían que los indígenas de Tlanixco no salían libres porque el expresidente Enrique Peña no quería, y ahora dicen que salió por López Obrador… eso no es sano. La justicia debería actuar con base en pruebas y siguiendo un debido proceso”, advirtió Reynaldo Enríquez, abogado de la Universidad Autónoma del Estado de México.
