Baja California pone en jaque a la democracia mexicana

MEXICO.- El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla (Tijuana, 1950), se encontraba en una reunión sobre seguridad en el país, justo porque en su estado se han disparado hasta 2,400 asesinatos al año, muchos relacionados al crimen organizado, cuando recibió “la sorpresa” por teléfono.

––El congreso local decidió que gobernará cinco años, no dos como se tenía contemplado–– le informaron.

El político “sintió mucho gusto” y concluyó que los diputados “habían hecho lo correcto” porque en dos años no iba a poder hacer todo lo que quería, sacó cuentas: si toma posesión en noviembre próximo, diciembre es un mes muerto y luego viene junio, cuando saldría el calendario de las elecciones para su sucesor, o sea, sería un desgaste político y económico para el estado…

Con esos pensamientos tomó valor y así salió ante algunos medios a declarar que “Baja California es libre y soberano” y que si “la máxima autoridad”, o sea, el congreso local, decidió  que él estuviera más tiempo, pues qué se le va a hacer y, si no le gusta al resto de los políticos, pues ¡ahí están las estancias correspondientes para pelear!

Así inició una batalla que lleva varias semanas y muchos disgustos y divisiones en su propio partido, Morena, y la gente del Partido Acción Nacional (sus congresistas apoyaron a los morenistas y se insinúa que hubo dinero de por medio) así como  figuras de alto revuelo en la política como Cuahtémoc Cardénas.

Cárdenas varios días protestando porque, a su juicio, la decisión del congreso de Baja California vulnera el orden republicano y democrático. “Ofende la inteligencia, cae en ilegalidad y pierde total legitimidad al prolongar de dos a cinco años el mandatodel gobernador electo.”, escribió en twitter.

Baja California, como otros estados del país son parte de una reforma federal que se hizo en 2014 a los candelarios electorales para que coincidan las fechas de elecciones locales y federales que ya se habían vuelto caóticas y costosas. Así, Tlaxcala y Sinaloa y Nuevo León eligieron gobernadores para tres años; Chihuahua, para cuatro, y Baja California, Puebla y Veracruz, para dos.

Ninguno había querido extender los tiempos hasta Bonilla (empresario de medios, de prensa, radio y televisión). El analista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Nicolás Loza, cree que todos “habían tenido la tentación”, pero ninguno contaba con todas cartas alineadas: un congreso, un partido y un presidente de la República afines.

Por ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que será “resptuoso” de lo que digan las instituciones. Y las instituciones dicen lo siguiente: el todavía gobernador afirma que no publicará oficialmente la decisión del congreso, pero, si no lo hace, lo hará el legislativo y entonces iniciaría una controversia constitucional ante la Suprema Corte que puede reclamar cualquier ciudadano.

O también pueden se pedir la desaparición de poderes del congreso local, como ha amenazado el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo que calificó los hechos como inaceptables, pero necesitaría aliados en el Senado.

“El temor de fondo es que lo que hizo el congreso en un estado sea un ensayo para que se haga lo mismo a nivel federal (al presidente)”, destaca Loza.

En Morena el asunto está dividido. Mientras Muñoz Ledo puso el grito en el cielo, la presidente del partido, Yeidkol Polevnsky dijo que “es una locura hacer una elección cada dos años” y apoyó lo que pasó en la frontera norte; en respuesta, la vicecoordinadora de los diputados federales, Tatiana Clouthier, montó una oposición desde el legislativo con apoyo del PAN.

“Nos une la democracia”, dijo.