Senadores cargan contra regla que dejaría sin residencia permanente a muchos inmigrantes
16 estados ya han impugnado la norma, que también atraviesa desafíos legales
Un grupo de senadores demócratas presentó este martes una propuesta de ley que busca bloquear la regla de “carga pública“ con la que el presidente Donald Trump pretende negar la residencia permanente a los inmigrantes que hayan solicitados beneficios públicos.
La regla, que entra en vigor a partir del 15 de octubre, excluiría de la llamada green card a todas las personas que hayan usado programas de asistencia pública como cupones de alimentos o Medicaid durante más de 12 meses en un periodo de tres años.
“Ninguno de nosotros estaría aquí si esta regla hubiera existido cuando nacimos“, dijo el senador por Connecticut Richard Blumenthal, cuyo padre emigró a Estados Unidos. La propuesta que Blumenthal presentó junto a su compañera por Hawái, Mazie Hirono, busca impedir la aplicación la norma de la administración Trump bajo el nombre Ley de Protección de los Valores Estadounidenses.
“La verdadera intención de la regla de la carga pública es crear un clima de miedo entre las familias inmigrantes y tristemente está funcionando”, declaró la hawaiana en la conferencia de prensa en el Senado.
La propuesta de los demócratas, que ahora cuenta con el respaldo de un total de 27 senadores, difícilmente saldrá adelante ya que los republicanos tienen mayoría en el Congreso y apoyan las políticas migratorias de Trump.
Ken Cuccinelli, director interino de Ciudadanía y Servicios de inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) enunció la ley el pasado 12 de agosto. Desde entonces, expertos y activistas la han criticado alegando que limitaría dramáticamente el número de usuarios de los programas públicos de seguridad social. Quienes no sean ni ciudadanos ni residentes optarán con gran probabilidad por no solicitar ciertos beneficios aunque reúnan los requisitos.
Fiscales generales de 16 estados ya han impugnado la regla de “carga pública” y, según Univision, una coalición de cinco fiscales solicita desde el 27 de agosto a un tribunal que se detenga su aplicación mientras se resuelve una demanda presentada en su contra. Además, este mismo lunes, dos afectados presentaron demandas en representación de 100,000 miembros de la organización CASA.
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