Arde Ecuador: indígenas marchan rumbo a Quito y Gobierno culpa a Rafael Correa

QUITO — El ambiente se mantiene tenso en Ecuador ante la peor crisis política en 15 años.

El colectivo indígena mantiene el pulso abierto con el Gobierno por las recientes decisiones económicas y prepara una gran movilización en Quito, mientras continúan los asaltos, saqueos y protestas en varios puntos del país.

Alrededor de 20,000 miembros del colectivo indígena de todo el país se espera que tomen parte en una manifestación prevista este miércoles en la capital junto a otros grupos sociales, algunos de los cuales comenzaron a llegar al sur del Distrito Metropolitano.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, aseguró este lunes que hasta que no tenga lugar la gran marcha, no habrá diálogo con el Gobierno y que se trata de “una lucha conjunta con los sectores sociales en defensa de los grandes intereses del pueblo ecuatoriano”.

“Mientras mi pueblo no llegue a la ciudad de Quito están cerrados todos los canales de diálogo”, advirtió el dirigente en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por líderes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y de otras organizaciones sindicales.

Por su parte, el presidente nacional del FUT, la principal central sindical del país, Mesías Tatamuez, puso como condición para la negociación que primero el Ejecutivo “derogue las medidas” para después sentarse “a hacer nuevas leyes”.

Entre las disposiciones adoptadas por el presidente Lenín Moreno, en el contexto de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), figura la eliminación del subsidio a los combustibles, que ha puesto a los colectivos sociales en pie de lucha ante el encarecimiento de toda la producción y los precios.

Con relación a la retención de un grupo de militares por parte de grupos de una provincia andina, Vargas aseguró que “están comiendo bien y haciendo deporte”, sin arrojar detalles sobre el número de uniformados en esa situación y se limitó a aclarar que su liberación está en manos de la autoridad comunitaria y no de la Conaie.

El presidente ecuatoriano les llamó anoche en un tono vehemente a regresar a la mesa de diálogo y aseguró que su Gobierno no va a permitir situaciones de violencia como la de los últimos días.

“Siempre estoy decidido a dialogar, a tender la mano a la gente decente, a la gente honesta que quiere realmente cambiar el país, estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas”, expresó Moreno al pedir a los dirigentes a que no se presten a “que (se) aprovechen aquellos que buscan el caos”.

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Al margen de las declaraciones políticas, sobre el terreno los cortes de carreteras, concentraciones y saqueos han continuado.

En la provincia andina de Cotopaxi, una industria florícola y otra lechera fueron objeto hoy de actos de vandalismo y saqueo.

También carreteras que conducen a Quito y al aeropuerto internacional Mariscal Sucre fueron bloqueadas con la quema de neumáticos y volquetas, en el sector de Carapungo, o piquetes en Calderón y San Miguel del Común.

En la ciudad costera de Guayaquil, considerada centro económico del país, una marcha de taxis impidió la normal circulación por una de las vías más importantes, la del malecón.

Y en las redes abundan los vídeos de saqueos ocurridos el fin de semana en mercados como el de Santo Domingo de los Tsáchilas.

A pesar de que el Gobierno trata de reflejar una aparente calma y un progresivo control de la situación en sus diferentes comunicaciones, el hecho de que la Fuerza Aérea esté desarrollando puentes aéreos para trasladar productos a los mercados, como es el caso de la sureña ciudad de Cuenca, pone de manifiesto que cinco días de protestas han provocado desabastecimiento de productos.

El secretario particular de la Presidencia ecuatoriana, Juan Sebastián Roldán, pidió este lunes prudencia a los dirigentes indígenas y acusó de los recientes sabotajes el “correísmo organizado”.

“Quienes están haciendo eso querían llevar al Ecuador a Venezuela, esto es el correísmo organizado”, señaló el alto cargo contra grupos afines al expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Confirmó, además, que 467 personas fueron detenidas en el marco de las manifestaciones y disturbios, entre los que se incluyen algunos que intimidaron a otros ciudadanos por mirar pasivamente las marchas y no sumarse a las movilizaciones.

“Una cosa es manifestar sus criterios en contra del Gobierno, tienen el derecho y posiblemente el deber, si que están en la oposición, otra cosa es lo que está sucediendo”, censuró el secretario.

La ONU ha pedido a las autoridades de Ecuador que garanticen el derecho de los ciudadanos a manifestarte pacíficamente y subrayó que cualquier uso de la fuerza debe ser “proporcionado”.