La ‘carga pública’ está bloqueada pero la incertidumbre afecta a inmigrantes en Chicago

Jueces en Nueva York, California, del estado de Washington, Maryland e Illinois bloquearon la nueva ‘Regla de Carga Pública’ para inmigrantes que el gobierno de Donald Trump que iba a comenzar a aplicar el pasado 15 de octubre.

Con la nueva regla propuesta, la actual administración pretende definir la carga pública al referirse a personas, en lo específico inmigrantes, que reciben una o varias prestaciones sociales federales para satisfacer sus necesidades básicas.

En Illinois, la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) y el Condado Cook demandaron al gobierno federal para bloquear la medida que convertiría en inelegibles para un ajuste de estatus (por ejemplo obtener la residencia permanente u otras visas) a las personas que piden ciertas ayudas públicas.

“La administración Trump está penalizando la diversidad y amenazando nuestra salud pública”, indicó Kim Foxx, fiscal del Condado de Cook en un comunicado. “Las familias inmigrantes no deben vivir en constante temor y renunciar a los recursos públicos para acceder a alimentos, vivienda y atención médica”, señaló.

La demanda alegaba que la definición sin precedentes y complicada de la Regla de Carga Pública crearía un “efecto escalofriante” en la inscripción de beneficios públicos, resultando en una cancelación masiva de beneficios públicos como Medicaid, incluso entre individuos no afectados por esa normativa. Este “efecto escalofriante” a su vez amenazaría la salud pública en el Condado de Cook donde el 20% de los hogares tiene al menos un miembro inmigrante.

Con la ley actual, los únicos dos programas considerados como carga pública son el cuidado de largo plazo que lo paga el gobierno (long term care) y asistencia en efectivo a través del programa Temporary Assistance for Needy Families (TANF).

Mientras que con el nuevo reglamento que aún es no se aplica se considera  agregar algunos más como es el caso de asistencia para subsidios de vivienda o Section 8, cupones de alimentos y Medicaid.

Luvia Quiñones, directora de política de salud en ICIRR, dijo que hay que tener en mente que para calificar a cualquiera de esos programas, las personas tienen que tener ciertos ingresos y cierto estatus legal.

“Hay mucha confusión en la comunidad”

No obstante, al bloqueo de la medida que fue emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del gobierno de Estados Unidos, la incertidumbre y el temor de la comunidad inmigrante al efecto migratorio de pedir algún servicio público continúa.

Para Quiñones lo que está pasando es que hay mucha confusión en la comunidad. “La gente no sabe que si está recibiendo un programa es porque califica para ese programa y no le afecta lo de carga pública”.

Ante la pregunta de que si ha habido una disminución en la inscripción  a programas de beneficios públicos en comparación a otros años, Quiñones respondió que sí lo ha habido. “Personas han decidido no inscribirse o que los quiten de los programas. Esto ha afectado a comunidades en general, no solamente a la comunidad latina, ha afectado mucho a la comunidad árabe, coreana y china”.

“Nuestros socios de la coalición han visto una disminución del 20% en las familias que se inscriben en programas de beneficios públicos hasta este momento y en comparación con el año pasado, particularmente con aquellos en hogares de estatus mixto que califican”, indicó Quiñones. “La nueva regla tiene la intención de intimidar y crear confusión. Es fundamental hacer frente a este tipo de tácticas de miedo y mantener informadas a nuestras comunidades”.

De entrar en vigor la nueva regla, no todos los inmigrantes pondrían en riesgo un ajuste de estatus.

Por ejemplo, no serán afectados por dicha regla las personas asiladas, refugiadas, quienes tienen visa U, WAVA, visa T, SIJS para menores abandonados, TPS, DACA, la mayoría de residentes permanentes legales y ciudadanos.

Según Laura Mendoza, organizadora comunitaria en Proyecto Resurrección, los cambios que propuso la administración del presidente Trump para carga pública podrían afectar a un grupo pequeño de personas. “Viene siendo personas que no tienen un estatus ya sea fuera del país o ya dentro del país, que van de personas indocumentadas a ya tener estatus de residente permanente legal”.

Para las personas que tienen dudas y no saben a dónde ir, ICIRR sugiere que acudan a una organización comunitaria donde les puedan ofrecer información y asistencia.

Para obtener ayuda e información

Para buscar una organización que les ofrezca información y asistencia llamar al teléfono 1-855-437-7689. Proyecto Resurrección realiza clínicas legales todos los sábados en el 1805 S. Archer, a las 9 am. Para más información llamar al teléfono 312-666-3062.