Una lupa al investigador privado Manuel Gómez, la “Sombra blanca” tras pandilleros de Los Trinitarios en NYC

NUEVA YORK – Manuel Gómez no le tiene miedo a la muerte desde que en el 1990 le tocó enfrentar una de las “tormentas” más violentas de su vida.

Era la del “desierto”, la principal ofensiva de Estados Unidos y aliados en Irak durante la Guerra del Golfo.

“Yo perdí mi inocencia”, recuerda el boricua de 52 años, nacido en, Río Piedras, Puerto Rico y criado en El Bronx.

“A la muerte, yo no le tengo miedo. En la muerte, yo aprendí a apreciar la vida y abrazarla”, sostiene.

De esa batalla militar han pasado casi 30 años. Hoy sus enemigos no son los mismos y la guerra es distinta, pero igual está consciente que no está inmune a las amenazas y a la muerte.

“Sé de pandilleros que quieren matarme, porque he metido 35 Trinitarios en la cárcel”, se atribuye el entrevistado.

De paso, aprovecha para mostrar a la periodista videos y fotos de presuntos miembros de la organización criminal como si se tratara de su arma más poderosa.

Gómez obtuvo el material en sus labores como investigador privado en “Black Ops Private Investigators”, entidad en la que se desempeña desde el 2013.

En una de las imágenes se aprecia al supuesto líder de la pandilla en el vecindario de Sunset Park, en el condado de Brooklyn, rodeado de otros presuntos miembros de la organización.

El grupo encabezado por Ediberto Santana (alias “Veneno Flaco”), actualmente libre bajo fianza por un caso de posesión de armas en el referido condado, posa desde el Desfile Dominicano, celebrado en agosto pasado, en Manhattan.

Los protagonistas de la imagen hacen con las manos la seña característica de pertenencia a la pandilla. De fondo, pero casi rozando los cuerpos, se ve a unos cuatro oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Los agentes parecen no darse cuenta de que están a pocos pies de los presuntos Trinitarios.

La instantánea, sacada de un sitio web de reclutamiento de la pandilla, incluía el comentario: “Ni siquiera los policías nos ven”.

Gómez, que habla con soltura -aunque en inglés-, y pasa de un tema a otro con facilidad, trata de endulzar el intercambio, y, en medio de la entrevista ofrece algunos de los “cannolis” y “lobster tails” italianos que trajo.

“A mí me gusta matar con la amabilidad”, expresa mientras insiste en que los presentes prueben.

Con la esperanza de haber logrado romper parte del hielo, el exmilitar pasa entonces a relatar su encuentro con el “tipo del machete”, esto en referencia a José Muñiz, uno de los pandilleros convictos por el asesinato de Lesandro “Junior” Guzmán Feliz en junio del 2018. A baja voz, se dice que Muñiz aparentemente recibió de Santana la orden de matar a Junior; aunque, “Veneno Flaco” no está acusado en el caso.

En el “desfile de prueba” en una sala de la redacción de El Diario en  Downtown Brooklyn el entrevistado, además, se adjudica haber obtenido dos videos de la noche del 20 de junio de 2018, cuando los atacantes mataron a machetazos al menor en la bodega “Zesarina Grocery” de El Bronx. Uno fue tomado desde un teléfono celular de una residente desde un apartamento cercano en un piso 4;  el segundo, son visuales de cámaras de vigilancia en los que se ve a Junior mientras el grupo de agresores lo arrastra al exterior de la bodega hasta embestirlo con las armas blancas. Ambas grabaciones han sido ampliamente difundidas en medios de prensa locales, nacionales e internacionales.

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Otra pieza del entramado de pandillas se concentra ahora en una imagen que el también entrenador de contrainteligencia del 18th Airborne (Cuerpo Aerotransportado del Ejército de Estados Unidos) tomó en el pasillo de la Sala de Justicia del Condado de El Bronx en el 2016. En esta captura se ve a Muñiz apuntando con un celular.

“¿Sabes qué está haciendo?”, pregunta como si tuviera entrevistando a una testigo.

El mismo contesta: “Me está tratando de tomar una foto”.

El investigador explica que él, a su vez, le tomó una imagen a Muñiz para que existiera prueba de la supuesta acción del delincuente.

Muñiz, de 22 años, fue sentenciado en octubre pasado a entre 25 años y cadena perpetua por el asesinato del quinceañero. Junto al joven, otros cuatro Trinitarios también fueron condenados a sentencias que van desde 23 años a por vida en prisión. Aún quedan ocho acusados que deberán enfrentar juicio.

Gómez no sale de su papel de investigador y siempre intenta mostrar contenido audiovisual mientras va narrando. En momentos, se levanta, y expresa más con el cuerpo que con las palabras al recrear la escena.

Cuando Muñiz y Gómez se tomaron mutuamente las fotos, el investigador se encontraba en el recinto judicial como parte de su participación en el documental de Hulu, “Crime & Punishment” (2018), que relata la batalla de un grupo de agentes y exagentes del NYPD contra el sistema ilegal identificado como de “cuotas” en referencia al número de arrestos y citaciones requeridas a los uniformados para probar productividad, política que llevó a la demanda colectiva federal nombrada los “12 del NYPD”.

Pero, según nuestro entrevistado, Muñiz y otros miembros de la organización criminal saben de su existencia desde mucho antes. Incluso, asegura que lo apodan “White Shadow” (Sombra blanca), como si se tratara de un elemento siempre presente y casi inevitable, al momento de hablar de la guerra entre y contra las pandillas en la Gran Manzana.

Gómez, que asegura haber logrado que más de 100 casos bajo su radar fueran desestimados, conoce bien las ejecutorias de los Trinitarios, nombre que, paradójicamente, hace referencia a la sociedad secreta que llevó a la independencia dominicana.

Caso Enger Javier

Con un caso vinculado a esta organización se estrenó como investigador independiente. Gómez ahora pasa a hablar sobre la pesquisa relacionada con el ataque por el que acusaron al expandillero Enger Javier. Javier fue procesado injustamente por el asesinato en el 2012 de Hansell Arias, quien fue apuñalado múltiples veces en el exterior de una tienda de equipo para autos en la avenida Claremont de El Bronx.

Al describir las incidencias del caso, Gómez nos muestra un video de cámaras de seguridad de la zona el día del ataque en la que se ve a Javier conversando con amigos y tomando un refrigerio mientras los atacantes de Arias corren tras él.

Lo anterior fue parte de la prueba suministrada a las autoridades que exculpó a su cliente y desestimó los cargos en su contra en febrero de 2016, luego de un encierro de 2 años en Rikers Island en espera de juicio.

La Ciudad de Nueva York tuvo que pagarle $800,000 dólares a Javier como parte de un acuerdo a raíz de una demanda por falso arresto y persecución maliciosa.

Sin embargo, aunque logró su principal cometido, Gómez no quedó totalmente satisfecho con los resultados. Tres años después, insiste -en la entrevista con El Diario- que suministró suficiente información a la oficina del fiscal de distrito y a detectives de homicidios en la comisaría 42 sobre la participación de otros Trinitarios y que, alegadamente, no le hicieron caso. Dos presuntos integrantes de la ganga, identificados como José Rodríguez y Darinso Marte, fueron acusados por el crimen.

Contacto con la madre de Pedro Hernández

A raíz de esa litigación, la madre del joven Pedro Hernández solicitó los servicios de Gómez.

“Jessica Pérez me llamó y me dijo que su hijo estaba siendo acosado por la Policía” y que necesitaba su ayuda.

En esa investigación, la más sonada públicamente, Gómez suministró evidencia que logró la liberación de Hernández.

Al igual que Javier, Hernández pasó un año en la prisión de Rikers, a pesar de que siempre se mantuvo firme en su inocencia. Prefirió eso a declararse culpable por un crimen que luego se probó que no cometió. La familia del hispano tampoco tenía el dinero para pagar una fianza de $250,000, aunque fue reducida a $100,000. Esto convirtió al entonces acusado en símbolo del debate por el sistema de fianzas en Nueva York que hoy es centro de la reforma judicial.

A Hernández, que antes y después de este caso, fue arrestado por otros delitos, se le acusaba de estar involucrado en un tiroteo en el 2015.

En abril pasado, Hernández – que salió en libertad en julio de 2017 por el caso de la balacera– fue arrestado por un incidente que involucró robo y ataque con un cuchillo.

Gómez no comentó sobre estas acusaciones bajo el argumento que no está contratado para investigar el caso. Los abogados del joven, hoy con 19 años, alegan que una vez más Hernández es perseguido por su origen y por los prejuicios de la Policía.

Al momento de asumir las imputaciones contra el joven en el caso del que fue exculpado, Gómez dijo: “Yo sabía que era inocente 100%”.

Cuando le cuestionamos qué lo había hecho llegar a esa conclusión tan contundente, hace referencia a uno de sus archienemigos, el detective David Terrell, quien señaló a Hernández como implicado en el crimen.

“Yo me di cuenta que Terrel estaba deteniendo a muchos latinos y morenos jóvenes…Eso fue una bandera roja”, planteó.

Cabe señalar que tras la difusión del caso de Hernández, Terrell fue demandado unas 20 veces por arrestos injustificados. Sin embargo, la mayoría de estas demandas han sido desestimadas. El detective, quien hasta principios de este año había sido delegado a labores administrativas, asegura que los recursos legales presentados en su contra son difamatorios y viciados.

Lucha sin cuartel

Precisamente, esta serie de enfrentamientos con la Uniformada y los casos en los que ha puesto en entredicho la verticalidad del sistema de justicia penal de Nueva York en general, le han sumado detractores.

Si usted le pregunta a algunos fiscales, oficiales del NYPD y hasta jueces sobre Gómez probablemente no le darán una opinión favorable.

Pero, a pesar de que el trabajo del investigador consiste en, gran parte, en cuestionar el proceder de estos grupos de poder, el entrevistado asegura que su fin es solo uno: demostrar la inocencia de sus clientes.

“No es sobre los policías, los fiscales o el juez, es sobre si eres inocente o no”, insiste.

Gómez ha tenido que el mismo que probar su inocencia es múltiples ocasiones, en instancias sin poder despejar del todo las sospechas de algunos.

Arrestos anulados

Uno de estos incidentes con las autoridades salió a la luz apenas llegando a la Uniformada por lo que se le conoce como un “arresto anulado” (voided arrest). La agencia pidió su renuncia por un incidente en el que lo detuvieron en el Subway de New York, en el 1994,  al confundirlo con el sospechoso del crimen. Unos dos años después fue sometido al mismo procedimiento, pero por conducir sin licencia. Gómez alega que ese día salió de emergencia de su casa para atender a su hijo que estaba en el hospital y solo cargaba con su identificación militar.

“Ellos generaron un arresto sin tomarme las huellas dactilares, sin ponerme las esposas, sin fotografiarme, encerrarme y ni siquiera haberme llevado a la corte. Eso es lo que le hacen a latinos y a morenos… Ellos se lo hacen a aproximadamente 5,000 personas al año y lo siguen haciendo. Lo que ellos hacen es que generan estos arrestos”, argumentó.

“Cuando yo me di cuenta de esto, cuando estaba en la academia de la Policía, ellos me cuestionaron: ‘tú no nos dijiste que tenías un arresto evitado’, pero yo no sabía. Ellos no te dicen que te hicieron eso. Lo que había era un récord en el sistema del que no tenía conocimiento el Estado, ni Justicia, la Corte, ni siquiera el gobierno federal”, agregó para explicar sus encontronazos con el NYPD.

Esos no fueron los únicos incidentes que pusieron en entredicho la credibilidad de Gomez en la Uniformada.

Querellas presentadas por comportamiento violento contra ciudadanos (de las que asegura fue eximido) y dudas sobre una “prueba de integridad” en operativos encubiertos de drogas terminaron en su salida definitiva del cuerpo policial.

Para Gómez, lo anterior no es más que resultado de haber vivido en carne propia lo que llama “cultura de la violencia” de la Policía. La parte buena, según indica, es que la experiencia lo llevó a redirigir sus conocimientos a la defensa de las minorías, quienes son los más arrestados por las autoridades en Nueva York; ejemplo de esto son las detenciones por posesión de marihuana, cuyo consumo de 2 onzas o menos acaba de ser despenalizado en Nueva York, con el fin de batallar con el problema de intervenciones basadas en perfil racial.

Ahora se considera no solo un investigador, sino un activista de los perseguidos por perfil étnico.

“Agarrar todo este coraje y animosidad que tengo y dirigirlo a algo positivo. Yo sabía que estaba peleando una batalla más grande que yo. Pero, cuando yo me di cuenta que estaba ayudando a Manuel, me di cuenta que estaba ayudando a cientos de personas que no se pueden ayudar a ellos mismos”, sostuvo sobre su labor.

“12 del NYPD”

Gómez fue uno de los pioneros de la demanda colectiva incoada contra el Departamento por agentes y exagentes de la Uniformada, que planteaba que la agencia presiona a sus oficiales para llenar ciertas cuotas de arrestos enfocados en comunidades pobres y de mayoría latina o afroamericana.

El entrevistado considera que, aunque el NYPD asegura que la práctica está prohibida desde el 2010, tienen formas camufladas de mantenerla.

“Antes eran cuotas, los policías tenían que lograr 30 boletos al mes….(tránsito, criminales). Si no lograbas esas 30 citaciones, te podían transferir, te podían poner en monitoreo por tu desempeño. Eso está en contra de la ley. Así que cuando yo empecé este documental ‘Crime and Punishment’ y yo estaba peleando estas cuotas ilegales, adivina qué pasó… el Departamento dela Policía cambió el sistema, pero en realidad, ellos no cambiaron el sistema; ahora le llaman, en lugar de cuotas, objetivos de desempeño. Tu desempeño significa que tienes que tener un cierto número de citaciones, y si no haces nada…”, planteó el expolicía.

A juicio de Gómez muchas de las críticas a su labor y el ataque a su reputación tienen que ver por su labor contra la corrupción en el NYPD.

Con ese argumento responde cuando le cuestionamos contra las alegaciones de “mala conducta” en medio del proceso judicial contra Brian Solano.

Gómez fue contratado para recopilar prueba que exculpe al joven de origen dominicano acusado por la muerte en el 2014 de Willie Lora, hermano de un líder de los Trinitarios.

Sin embargo, a principios de febrero pasado, la oficina del fiscal de distrito de El Bronx lo acusó de coaccionar testigos en el caso.
Gómez, sin embargo, negó, las acusaciones a preguntas de El Diario.

“Me atacan porque destapo la corrupción”, indicó al tiempo que añadió que en ese caso, en particular, la fiscalía quería la evidencia para tener una supuesta ventaja injusta sobre la defensa.

“Si hubiese coaccionado algún testigo, me quitaban la licencia y me arrestaban. Así que toda esta gente que está haciendo estas alegaciones… yo los he acusado a ellos de falsificar los casos. Esta son gente a las que yo le gané”, argumentó.

Cabe señalar que Solano fue liberado en el 2017 luego de pasar tres años en Rikers Island por el asesinato que asegura no ha cometido.

Fue liberado sin explicación oficial, en noviembre de 2017, luego de que Gómez recabara evidencia exculpatoria a su favor. El proceso en su contra, no obstante, sigue abierto.

Ley para crear el Departamento de Justicia Civil

Luego de discutir ampliamente lo que para él es resultado de un problema sistémico, Gómez destaca como solución, la ley de su autoría, presentada en febrero pasado en la Asamblea Estatal de Nueva York.

La medida, que está bajo la consideración del Comité de Operaciones Gubernamentales, dispone la creación del Departamento de Justicia Civil para investigar casos de corrupción y mala conducta por parte de funcionarios de ley y orden

El Departamento, entre otras posiciones, deberá contrar con un director de juicios y operaciones judiciales que debe ser nombrado por el gobernador.

La legislación busca que el organismo pueda “recibir, revisar e investigar denuncias” contra oficiales de seguridad y conducir acciones disciplinarias contra los senalados, en caso de ser necesarias.

“La ley protege a los policías y les da la habilidad para reportar corrupción sin miedo a represalias”, explica sobre el alcance de la ley 5947.

Mientras espera por ver el rumbo que toma su propuesta de ley, las investigaciones de Gómez no se limitan al crimen organizado de pandillas.

Actualmente, tienen encomiendas relacionadas con redes de trata sexual y prostitución.

Antes de culminar nos deja con un mensaje que suena a advertencia, pero al que él llama su filosofía: “Yo no entro a un tribunal a menos que tenga toda la prueba. Así que cuando yo entro al edificio, tú pierdes”, puntualiza.