Resumen económico 2019: el conflicto y riesgo más inmediato

Donald Trump se presentó a las elecciones con el mensaje de que daría la vuelta a las relaciones comerciales del país con el resto del mundo, especialmente en lo concerniente al Nafta (el tratado comercial de EEUU, Canadá y México de 1994) y China, además de criticar a la Organización Mundial de Comercio (OMC o WTO en inglés).

Trump veía el déficit comercial de su país como injusto y eso es un problema cuando su lema es “America First”.

Poco después de llegar a la Casa Blanca se retiró del Partenariado Comercial Transpacífico, anunció que iba a renegociar Nafta y puso en marcha una guerra comercial con subidas arancelarias basadas en distintas razones, entre ellas la seguridad nacional. Finalmente, y siguiendo la estela de los presidentes anteriores, está dificultando las tareas a la OMC, la organización que regula y resuelve conflictos entre naciones en materia comercial.

En 2018 dijo que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. También ha querido trasladar a los consumidores la idea equivocada sobre cómo funcionan los aranceles diciendo que China o los exportadores de la UE pagan por ello.

No son afirmaciones corroboradas ni por el FMI, ni las organizaciones comerciales ni la gran mayoría de los economistas que, sin embargo, ven en estos enfrentamientos comerciales el riesgo más evidente e inmediato para la economía

La realidad es que las guerras comerciales no son buenas, porque ninguna confrontación lo es, ni fáciles de ganar porque se pierde mucha productividad, dinero y se gana en incertidumbre algo que mantiene en suspenso muchas decisiones de inversión y gasto que pueden ser oportunidades perdidas para muchos años.

El FMI explicaba el pasado octubre que una de las causas notables del reducido crecimiento en 2019 era la profunda y amplia desaceleración en manufacturas y comercio global”. “Los elevados aranceles y las prolongadas incertidumbres  en lo concerniente a política comercial han perjudicado la demanda de bienes de capital del que comercio depende”, aclaraba en su Informe de Perspectivas Mundiales el FMI.

La directora gerente de esta organización Kristalina Georgieva calculaba que todos los aranceles podrían reducir el crecimiento económico un 0.8% en 2020, es decir unos $700,000 millones.

Y una puntualización, los primeros que pagan por los aranceles son quienes compran los productos, es decir los consumidores finales que van a las tiendas a por lavadoras, juguetes o carros, pero también los consumidores intermedios o quienes compran componentes manufacturados en el extranjero para fabricar sus productos Made in USA.

Como recuerdan los analistas de la agencia de calificación de deuda Moody´s  “los aranceles son como un aumento de impuestos al consumo, debilitan el poder de compra de los hogares. Si estos gastan mucho en importaciones tienen menos para otras cosas”.

En el medio plazo debilitan las ventas del exportador y eso repercute en la economía del país desde el que se vende la mercancía o el servicio, pero para muchos productores en el extranjero, eso es un segundo disparo en el pie a las empresas. 

Algunas corporaciones americanas están absorbiendo los aumentos de precios, rebajando sus beneficios, y otras empresas — sobre todo el comercio– están ajustando continuamente su política de compras. Para las pequeñas y medianas, el ajuste está siendo más difícil y caro.

La incertidumbre sobre la estabilidad de los precios dificulta la gestión de los inventarios y de producción por lo que hay muchas decisiones que se posponen, entre ellas, la contratación de personal o la inversión en nueva maquinaria fabril por parte de productores en todo el mundo.

Eso es algo que se está reflejando sobre todo en dos sectores: el agrícola y el industrial.

Los índices que miden la actividad manufacturera y las expectativas muestran que  este área de producción, que equivale a un quinto del PIB, está en contracción que algunos economistas califican de ligera recesión.

En el campo, el efecto está siendo duro porque China, como represalia, ha reducido sus compras a EEUU de soja y maíz. Productores de, Argentina y Brasil, son los que están proveyendo estas mercancías al gigante asiático. En los informes sobre comercio del economista Mark Zandy para Moody´s se recuerda que los mercados perdidos por un conflicto comercial so difíciles de recuperar.

Para contrarrestar el daño que esto está haciendo en el campo el Gobierno conservador de EEUU ha puesto en marcha un paquete de ayudas a los agricultores que según la agencia Bloomberg ya suma $28 billion, “el doble de lo que comprometió el Gobierno para ayudar a la industria automotriz de Detroit en 2009, que costó a los contribuyentes $12,000 millones”.

Puede que no sean los últimos millones porque a pesar de que en la llamada Fase I del acuerdo con China, recientemente alcanzado, se contempla que suban las ventas agrícolas, los agricultores anticipan o esperan más ayudas.

Está previsto que los agricultores acaben el año con unos ingresos de $88,000 millones. Es una cifra de las más altas de la última década pero es clave saber el 40% de esos ingresos son el producto de la asistencia del Estado.

Y nada de ello está impidiendo que este año, y con datos hasta el mes de octubre, las bancarrotas en la agricultura hayan aumentado un 24%.

El costo de la confrontación no solo lo pagan los estadounidenses como consumidores y como contribuyentes, los productores, la productividad de la economía y la estabilidad macroeconómica global.

El año se cierra con inciertos pasos hacia adelante y algunos hacia atrás que no mitigan los riesgos y el daño que ya está presente en la economía.

El presidente Trump ha amenazado a Argentina y Brasil con penalizar con aranceles sus exportaciones de acero aduciendo que estos países están perjudicando a los agricultores americanos.

Además se está valorando elevar al 100% aranceles a productos europeos como wishkey escocés, el aceite de oliva español, pescado portugués y quesos franceses como sanciones adicionales en represalias por las subvenciones que la OMC ha decretado que son ilegales.

El conflicto con China está en fase de negociación y a mediados de diciembre antes de que entraran en vigor la ronda definitiva de aranceles a productos que se venden directamente a los consumidores se llegó a una primera aproximación de acuerdo llamada Fase I. Se trata de una solución modesta a los problemas que llevaron a Trump a plantear la guerra comercial que era básicamente el déficit comercial (China vende a EEUU mucho más de lo que le compra), el robo de tecnología por parte de China y el cierre de muchos mercados a la inversión extranjera además de los subsidios estatales a su economía.

En la Fase I, que está previsto se firme en enero, el gobierno de Beijing se compromete a comprar más productos agrícolas y abre el mercado a la banca y servicios financieros. El Alto Representante de Comercio de EEUU, Robert Lighthizer, dijo a la CBS dos días después de anunciarlo que se duplicarán las ventas del país a China en dos años aunque el compromiso de que eso ocurra .

Los problemas con la propiedad intelectual está por ver cómo se van resolviendo. Cambiar de un plumazo la economía del gigante asiático es una tarea difícil.

El hecho de que los últimos aranceles por imponer no se hayan convertido en realidad y se planee reducir otros no sabe tanto a victoria como a alivio por no llevar más lejos el problema.

Washington y Beijing se han comprometido a llegar a una Fase II que no está definida pero que podría no llegar antes de las elecciones. Mientras tanto el potencial económico de economías en desarrollo sigue encallado.

La ley de la selva

Pocas semanas antes de cerrarse el año la OMC, la organización intergubarnamental que regula y vigila el cumplimiento de las reglas de comercio internacional, se quedó coja. Tanto, que es posible que se comprometa su capacidad para seguir su camino.

El problema es que el panel de apelaciones que revisa las causas que se dirimen ante la organización por parte de distintos países se ha quedado con apenas un miembro. Dos de los tres que eran en un panel que tiene un máximo de siete cumplieron su mandato y el presidente de EEUU ha bloqueado el nombramiento de los sustitutos.

El panel, no puede funcionar.

Es un revés importante para una organización ante la cual se han llevado casos como el de las subvenciones al consorcio europeo de aeronáutica Airbus por parte de Washington y por las mismas razones a EEUU debido a las subvenciones a Boeing por parte de la UE.

Trump cree que las decisiones de la OMC son injustas para su país a pesar de que en la mayoría de los casos ha dado la razón a las posiciones sostenidas por el Gobierno de Washington. También ha acusado a esta organización de no llamar al orden a China que en 2001 entró a formar parte de ella.

El mecanismo de disputas, la más relevante de las tareas de esta organización, ahora está detenido, mientras el presidente de EEUU opta por usar los aranceles como arma de negociación.

La situación era de esperar y el responsable de Comercio de la Unión Europea, el irlandés Phil Hogan, ya ha dicho que la organización está haciendo frente a una de sus más profundas crisis desde su creación.

La alternativa es unilateral y tal y como dijo este año al Parlamento Europe, “la ley de la selva”. El más fuerte gana.

Las dudas de México

EEUU, Canadá y México han renegociado el acuerdo comercial de 1994 para darle ciertos retoques. Ahora se llama Tratado México-Estados Unidos-Canadá y tiene tres aspectos fundamentales en cuanto a la industria automotriz (se requiere que el 75% del auto se produzca en los tres países y los trabajadores ganen un mínimo de 16 la hora), la siderurgia y las farmacéuticas.

México se ha comprometido a reforzar los derechos y la posición económica de sus trabajadores y fue el primer país que ratificó el acuerdo tras enmiendas hechas por los demócratas de EEUU pero apenas días después empezaron a emerger problemas.

En la capital mexicana se vió con sospechas ahora que la Administración de Trump pueda enviar diplomáticos a México para cerciorarse de que el país está cumpliendo con parte del trato en lo referente a los estándares laborales. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador cree que esta medida es redundante e innecesaria y pidió la seguridad de que estas comitivas no incorporarían inspectores de trabajo ni se harían inspecciones de fábricas.