Ayudar económicamente a indocumentados durante la pandemia es lo correcto
Proporcionar a los trabajadores indocumentados y a sus familias ayuda económica durante la pandemia es lo correcto tanto desde un punto de vista moral como desde el de la equidad económica y la justicia.
El argumento moral para ayudar a todo el que lo necesita, especialmente en épocas de crisis, es obvio. Sin embargo, muchos representantes electos, así como el ciudadano medio, no lo tienen tan claro cuando se trata de auxiliar a los inmigrantes indocumentados y a sus familias.
Por este motivo es tan importante contar con datos fehacientes sobre la participación de estos inmigrantes en la economía y en el mercado de trabajo al considerar cualquier tipo de paquete de ayuda económica o política pública justa.
Illinois cuenta con más de 300,000 trabajadores indocumentados, de los cuales 222,000 están empleados en infraestructuras críticas. Para estados como el de Illinois, proporcionar a estos trabajadores y a sus familias un mínimo de ayuda económica les beneficia no sólo a ellos sino al estado y al país en su conjunto.
Los trabajadores indocumentados son un activo tanto para la economía como para el mercado de trabajo, pese a que la mayoría percibe salarios bajos. Su contribución a las arcas públicas y al gasto público es enorme. Asimismo, hay aproximadamente cinco millones de inmigrantes indocumentados, o lo que es lo mismo casi tres de cada cuatro, que han sido considerados trabajadores esenciales durante la COVID.
Los inmigrantes indocumentados y sus familias han contribuido a lo largo de 2019 en Estados Unidos $79,700 millones con sus impuestos federales. A esto hay que sumar los $41,000 millones que han pagado en impuestos locales y estatales. Además, los inmigrantes indocumentados son dueños de 1.6 millones de viviendas y han desembolsado $20,600 millones de dólares en pagos hipotecarios. Por último, estas personas y sus familias han gastado en renta durante ese mismo año más de$ 49,000 millones
Si nos fijamos únicamente en Illinois, en 2019 los inmigrantes indocumentados y sus familias han pagado $2,200 millones de dólares en impuestos locales y estatales, y $3,500 millones en impuestos federales. Estas personas son dueñas de 86,500 viviendas y han desembolsado $1,000 millones en pagos hipotecarios. Por último, el gasto en renta de estas personas asciende a más de $7,600 millones de dólares.
Los inmigrantes indocumentados y sus familias tienen un poder adquisitivo considerable. En 2019, para todo el país, alcanzó los $314,900 millones; en Illinois fue de $13,600 millones.
Estos trabajadores y sus familias distan mucho de ser prescindibles o de suponer una carga económica o social. Conforman un elemento esencial en el universo de personas que son necesarias para combatir la pandemia y devolver así la economía estadounidense a la senda de la estabilidad.
Proporcionar a los trabajadores indocumentados y a sus familias ayuda económica durante la pandemia es lo correcto tanto desde un punto de vista moral como desde el de la equidad económica y la justicia.