Lightfoot incrementa la protección a inmigrantes en Chicago, pero persiste la colaboración con ICE en casos penales

CHICAGO – Desde su campaña por la alcaldía y ya al frente de la Ciudad de Chicago, Lori Lightfoot ha prometido mantener a Chicago como una urbe abierta hacia los inmigrantes y ha dicho que los defenderá con los medios a su alcance de los embates de la administración del presidente Donald Trump.

En 2013, durante la gestión del Rahm Emanuel, se aprobó en Chicago la ordenanza ‘Welcoming City’ o ‘Ciudad de Bienvenida’, creada para propiciar que Chicago sea una ciudad amigable para los inmigrantes mediante la incorporación de protecciones para los indocumentados, pero con ciertas excepciones.

La citada ordenanza prohíbe, en líneas generales, que la Policía de Chicago pregunte sobre el estatus migratorio de las personas y no le permite cooperar con agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) a menos de que exista una orden judicial. Bajo esa norma, las órdenes administrativas que emite ICE no son consideradas válidas para esa clase de colaboración si solo están vinculadas a violaciones civiles de las leyes de inmigración.

Pero defensores de los derechos de los inmigrantes consideran que las excepciones en la ordenanza deben ser eliminadas porque impactan negativamente a la comunidad indocumentada en Chicago. Y esperan que la alcaldesa Lightfoot cumpla su promesa de campaña de eliminar esas excepciones de la ordenanza ‘Welcoming City’. La alcaldesa ha reiterado que lo hará. Aunque eso no sucederá de modo inmediato.

En 2019, durante su campaña electoral, Lightfoot dijo a La Raza que “no es suficiente ser una ciudad acogedora. Tenemos excepciones en la ordenanza de las que tenemos que deshacernos, pero más allá de eso también debemos crear un entorno en el que decimos que [todos] son bienvenidos aquí y tienen el derecho de participar de todo lo bueno de la ciudad”.

Las causales (o excepciones) que permiten que la Policía de Chicago colabore con funcionarios federales de inmigración son:

• que existan contra el inmigrante indocumentado órdenes penales pendientes,
• que tenga cargos pendientes por un delito grave,
• que haya sido condenado por delitos graves en el pasado,
• o que su nombre aparezca en la base de datos de pandillas de la Policía de Chicago.

Hasta el momento, 31 concejales de Chicago y una coalición de grupos comunitarios han apoyado una enmienda que busca eliminar esas excepciones en la norma ‘Welcoming City’.

El concejal Carlos Ramírez Rosa, del Distrito 35, y el concejal Mike Rodríguez, del Distrito 22, son los patrocinadores de esa enmienda, que fue presentada el 24 de julio de 2019.

Según Ramírez Rosa, actualmente la ordenanza ‘Welcoming City’ tiene un lenguaje que aún permite que la Policía de Chicago coopere con autoridades migratorias.  “Nosotros queremos cambiar la ley para sacar esas excepciones, para asegurar que tenemos una ordenanza clara y directa que diga que en ningún caso Inmigración y Aduanas puede trabajar con la Ciudad de Chicago para deportar a un residente de nuestra ciudad”, comentó Ramírez Rosa.

“El enfoque siempre ha sido tratar de eliminar la colaboración entre la policía e Inmigración, y que no haya excepciones por tener una convicción de felonía o un cargo de felonía y una orden pendiente. También queremos evitar el uso de la base de datos de pandillas”, señaló Reyna Wences, organizadora comunitaria de Comunidades Organizadas contra las Deportaciones (Organized Communities Against Deportations, OCAD).

Antecedentes de la ordenanza

La ordenanza ‘Welcoming City’ tiene antecedentes que limitaron la información y colaboración que agencias y funcionarios de la ciudad pueden ofrecer a las autoridades de Inmigración y condicionan esas acciones a que estuvieran en el contexto de un proceso legal o una orden judicial.

El 7 de marzo de 1985, el alcalde de Chicago Harold Washington firmó la Orden Ejecutiva 85-1 que señalaba que “ningún empleado o agencia de la ciudad puede pedir información o investigar o colaborar en una investigación sobre la ciudadanía o estatus de residencia de ninguna persona a menos que ese indagatoria o investigación sea requerida por estatuto, ordenanza, regulación federal o decisión de una corte” y señalaba que “ningún empleado o agencia de la ciudad diseminará información sobre ciudadanía o estatus de residencia de ninguna persona a menos que se le requiera en un proceso legal”.

Esa orden también señalaba que “ningún empleado o agencia condicionará beneficios, oportunidades o servicios de la Ciudad de Chicago a la ciudadanía o el estatus de residencia salvo que se le requiera hacerlo por ley, ordenanza, regulación federal o decisión de una corte”.

Unos años después, el 25 de abril de 1989, el alcalde Richard M. Daley emitió la Orden Ejecutiva 89-6 que ratificaba los términos de la  Orden 85-1 de Washington. Luego, en 2006, el Concilio Municipal de Chicago convirtió esa orden ejecutiva en ley.

Pero más allá de la letra de esas ordenanzas, es crítico que la normatividad sea realmente respetada.

Juan Soliz, abogado de inmigración, dijo que ha visto casos en los que no se respeta la ordenanza ‘Welcoming City’. “De alguna forma Inmigración interviene y muchas veces resultan esas personas [indocumentadas] en custodia de Inmigración antes de que las hayan encontrado culpables”.

Ante la pregunta de qué peso tiene una ordenanza municipal a nivel federal en materia de inmigración Soliz respondió que “Inmigración toma la posición de que ellos tienen una autoridad superior a los municipios y por eso muchas veces no respetan las ordenanzas municipales y esto es esencialmente porque la ley federal se antepone a la ley municipal”.

Es por ello que la existencia de excepciones deja huecos en la normatividad municipal que, en su caso, pueden ser aprovechados por las autoridades federales para lograr la colaboración de las locales en cuestiones de inmigración. Una situación que es rechazada por activistas desde hace años.

Lightfoot, durante su campaña, se comprometió a eliminar las excepciones de la ordenanza ‘Welcoming City”. Y aunque la alcaldesa ha actuado y mantiene empatía en favor de las comunidades inmigrantes, esas excepciones aún no han sido eliminadas.

La razón de ello, de acuerdo a la alcaldía y a concejales, es que el tema de las excepciones es parte de un litigio que la ciudad tiene contra el gobierno federal y para no interferir con ello se ha optado por no eliminar por ahora esas excepciones.

En paralelo, la oficina de Lightfoot añadió que la alcaldesa “ha visitado varias comunidades inmigrantes y de refugiados a lo largo de Chicago durante el verano y otoño pasados cuando el gobierno federal amenazaba con redadas y personalmente compartió la información ‘Conoce tus derechos’ con empresarios y miembros de la comunidad”.

Además, Lightfoot firmó en diciembre pasado una carta en la que avala la llegada de nuevos refugiados a Chicago, una respuesta a la orden ejecutiva de Trump que requiere que las jurisdicciones locales señalen que aprueban que en su territorio sean ubicados refugiados. Sobre ello Lightfoot, quien también se ha opuesto al alza de tarifas de servicios de inmigración dispuesta por la administración de Trump, afirmó en esa carta que Chicago “seguirá abierta a refugiados de todo el mundo que buscan un nuevo hogar para ellos y un nuevo futuro en nuestro gran país”.

La base de datos de pandillas

Activistas y líderes comunitarios dicen que el contar con una base de datos de pandillas errónea no cumple con la promesa de una ciudad que se autodenomina ‘santuario’ para los inmigrantes indocumentados.

Incluso para los residentes permanentes legales y los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aparecer en la base de datos de pandillas, así sea por error o confusión, podría convertirlos en el blanco de una redada de inmigración o hacerlos sujetos de deportación.

La Oficina del Inspector General de la Ciudad de Chicago hizo un estudio de la base de datos de pandillas y encontró muchos errores, dijo el concejal Ramírez Rosa: “No había forma en la que uno podía saber la razón por la cual la policía te puso en esa lista. Había gente que aparecía en la lista cinco veces y en cinco diferentes pandillas unas opuestas con otras”.

Para un inmigrante, legal o indocumentado, estar incluido en esa base de datos es una de las excepciones que posibilita que las autoridades locales colaboren en su contra con las de Inmigración.

“La Constitución de Estados Unidos es bien clara: eres inocente hasta que te encuentran culpable y tienes oportunidad de presentar tu caso en una corte. Pero Inmigración y Aduanas ha usado tu nombre apareciendo en esa lista para perjudicarte, para decirte criminal y para deportarte”, señaló Ramírez Rosa en entrevista con La Raza.

Reyna Wences, de OCAD, dijo que el tema de los errores en la base de datos de pandillas se ha estado comentando con otras organizaciones que también han estado denunciando el uso impropio de esa base de datos. “No nada más porque ICE tiene acceso a ello, sino porque impacta a la comunidad”, dijo Wences.

El informe publicado por la oficina de Joe Ferguson, Inspector General de Chicago, el 11 de abril de 2019 encontró errores en la base de datos de pandillas de la ciudad. Ferguson señaló que la base de datos de pandillas incluye los nombres de más de 134,000 personas que la Policía de Chicago ha calificado como miembros de pandillas. Pero se ha criticado que sus datos contienen errores graves.

La falta de precisión en la base de datos de pandillas ha perjudicado a decenas de personas que han sido el blanco de la aplicación de la ley federal de inmigración o perdieron oportunidades de trabajo después de haber sido incluidos erróneamente en esa base de datos, destacó Ferguson.

Según el informe, organismos públicos han accedido a la base de datos de pandillas más de 1 millón de veces en la última década, incluidas unas 32,000 consultas provenientes de autoridades federales de Inmigración.

Un caso que ejemplifica la falla de la base de datos de pandillas es el de Wilmer Catalán Ramírez, de 32 años, quien resultó herido en un arresto después de que agentes de Inmigración ingresaron a su domicilio sin una orden de cateo, según documentos judiciales.

Catalán Ramírez, residente del barrio de Las Empacadoras, fue detenido como parte de una operación a nivel nacional dirigida contra posibles miembros de pandillas el 27 de marzo de 2017.

Según sus abogados, el hombre nunca perteneció a una pandilla. Sin embargo, había sido incluido en la base de datos de pandillas del Departamento de Policía de Chicago y por ende esto lo excluía de cualquier protección bajo la ordenanza ‘Welcoming City’ de la ciudad de Chicago.

En 2018, tras 10 meses  de reclusión en la Cárcel del Condado de McHenry, Catalán Ramírez fue liberado y la Ciudad de Chicago debió admitir que no podía probar que él era miembro de una pandilla y retiró su nombre de la base de datos.

Este y otros casos ejemplifican el reclamo de que se eliminen todas las excepciones en la ordenanza ‘Welcoming City’ y se amplíen en general las protecciones que la ciudad ofrece a la comunidad inmigrante.

Byron Sigcho, concejal del Distrito 25, dijo que se necesita una ordenanza que no tenga ningún tipo de excepción y que proteja a la comunidad inmigrante: “Nosotros como representantes latinos queremos que no haya ningún tipo de excepción en esta ordenanza que tiene todavía algunas falencias por lo que nosotros pedimos se hagan las enmiendas”.

Sigcho hizo hincapié en que lo que se busca es que las instituciones públicas protejan a cabalidad a la comunidad inmigrante y que este sea una ‘ciudad santuario’ donde las personas se sientan tranquilas y con garantías. “Con leyes claras y concretas podemos tener el mismo tipo de protecciones para que nuestra comunidad sea bienvenida como ha sido desde siempre”, indicó el concejal.

En declaración a La Raza, la oficina de la alcaldesa Lightfoot dijo que “la Ciudad de Chicago está comprometida a una reforma integral de la forma como su Departamento de Policía rastrea a las pandillas en la ciudad e identifica a sus miembros. La oficina de la Alcaldesa trabaja activamente en una nueva política que asegurará que todas las designaciones [de una persona en la base de datos de pandillas] son precisas y validadas con información específica, documentada y confiable”. Y reiteró que “información vinculada a pandillas, como todos los sistemas de la Policía de Chicago, no será compartida con ICE o usada para propósitos de aplicación civil de inmigración”.

Una nueva ordenanza, aún incompleta

En ese contexto, Lightfoot presentó en la reunión del Concilio Municipal del miércoles 18 de diciembre de 2019 la propuesta de ordenanza ‘Accountability on Communication and Transparency’ o ACT. “La alcaldesa Lightfoot se enorgulleció de presentar enmiendas a la ordenanza ‘Welcoming City’ a través de la ordenanza ACT, que fortalece las protecciones y proporcionar recursos adicionales para las comunidades inmigrantes”, de acuerdo a una declaración de la Alcaldía a La Raza. La ordenanza ACT fue aprobada el 15 de enero de 2020.

Esta ordenanza, se indica, limita la asistencia que agencias y empleados de la Ciudad pueden dar a operaciones de aplicación de la ley de inmigración y los datos que pueden compartir con ICE.

De acuerdo a una declaración de la oficina de Lightfoot, la nueva norma “cancela oficialmente el acceso a las bases de datos del Departamento de Policía de Chicago para cuestiones relacionadas con actividades civiles de aplicación de la ley de inmigración”. La ordenanza también requiere que el Departamento de Policía de Chicago documente las solicitudes de asistencia que recibe de las autoridades federales de inmigración.

Pero la ordenanza ACT no aborda el tema de las cuatro excepciones a la ordenanza ‘Welcoming City’, lo que implica que aún es posible la colaboración entre ICE y las autoridades locales en el contexto de esos cuatro supuestos.

El concejal Ramírez Rosa, que apoya tanto la enmienda a la ‘Welcoming City’ para eliminar las excepciones como la nueva ordenanza ACT, reiteró que no se ha abordado en la segunda de las normas el tema de las excepciones porque éstas son parte de un juicio federal que aún no ha concluido, y no se ha querido interferir con él. Pero añadió, según reportes en los medios, que se tiene la intención de abordar ese tema una vez el citado juicio haya terminado. La fecha, con todo, se encuentra aún en la incertidumbre.

La ordenanza ACT también busca desarrollar políticas para “garantizar que instalaciones de la Ciudad sean seguras y accesibles a todos los residentes de Chicago independientemente de su condición migratoria”, señaló un comunicado de la Alcaldía. La ordenanza además establece que la Ciudad dará “pasos razonables para que el servicio telefónico 311 ofrezca información sobre recursos de inmigración, incluso si quien llama tiene manejo limitado del inglés”, lo que sugiere que esa información podría ofrecerse en varios idiomas.

Activistas y organizadores comunitarios pro inmigrantes calificaron la aprobación de la ordenanza ACT como un primer paso en un proceso más largo de fortalecer las protecciones de inmigración de la Ciudad, que deben incluir la eliminación de excepciones a la ordenanza ‘Welcoming City’.

“Hay más trabajo por hacer, pero este es un verdadero paso adelante con importantes medidas de información para garantizar el cumplimiento”, destacó Mary Meg McCarthy, directora ejecutiva del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.

La Coalición de Illinois por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados  (ICIRR) y  otras organizaciones integrantes del Grupo de Trabajo de Inmigración de Chicago (CIWG) en una declaración conjunta reafirmaron el compromiso de eliminar las excepciones restantes en la Ordenanza ‘Welcoming City’.

“Si bien la ordenanza ACT es un paso importante hacia nuestro objetivo de hacer de Chicago una verdadera ciudad acogedora, no protege a todos los inmigrantes, especialmente a aquellos de nuestras comunidades más vulnerables y marginadas”, dijo Glo Harn Choi, inmigrante indocumentado y organizador comunitario en Centro HANA. “Como la propia alcaldesa ha declarado anteriormente, debemos eliminar las excepciones de las protecciones de la Ciudad que continúan haciendo que los inmigrantes de las comunidades negras y marrones criminalizadas sean vulnerables a las operaciones federales de inmigración”, añadió.

“Esperamos trabajar con la Ciudad lo más rápido posible para deshacernos de las excepciones y hacer de Chicago una verdadera ‘Welcoming City’, no solo de nombre sino también en su esencia, donde los inmigrantes y sus familias no solo se sientan bienvenidos sino también estén seguros y puedan progresar”, mencionó Citlalli Bueno, organizadora de inmigración de la agencia Enlace Chicago.

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El proyecto ‘Lens on Lightfoot’ (‘Lente en Lightfoot’) es una colaboración entre siete redacciones de Chicago para examinar el primer año de la administración de la alcaldesa Lori Lightfoot. Los participantes son la BGA, Block Club Chicago, Chalkbeat Chicago, The Chicago Reporter, The Daily Line, The TriiBE y La Raza. Es administrado por el Institute for Nonprofit News.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias a la Field Foundation of Illinois y otras iniciativas. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo periodístico.