El duro parto de garantizar la salud para todos los mexicanos

MÉXICO – En los ratos de desesperación, los padres de niños con cáncer se han levantado con pancartas al grito de guerra: “No más niños muertos”, “no más niños muertos”. Un coro que en los últimos meses han llevado para bloquear el Senado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y un cruce fronterizo en Tijuana ante la falta de medicamentos en la salud pública.

Algunas familias se hacen acompañar de sus pequeños calvos por la quimioterapia, entre la vida y la muerte, por tratamientos interrumpidos frente al desabasto de medicinas clave, vincristina, metrotexato, ciclofosfamida y purine, un problema que se agudizó tras el cambio de administración federal y la apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador por un Sistema Universal de Salud.

Garantizar atención médica gratuita para los más e 120 millones de mexicanos fue una promesa de campaña del actual mandatario, pero, renovar un sistema que arrastraba miles de denuncias de corrupción, negligencia y descuido, le está costando caro ante la opinión pública.

El problema de desabasto y el robo de medicamentos anteceden al actual gobierno. Desde 2014 la Cámara de Diputados emitió un punto de acuerdo en el que exhortó al entonces presidente Enrique Peña Nieto a atender los problemas que agobiaban a diversos estados y existen decenas de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por diversas quejas en la salud pública, sin embargo, el desabasto no había escalado hasta la atención especializada.

“En algunos casos de emergencia hemos tenido que comprar los medicamentos con nuestro propio dinero”, dijo el doctor Roberto M., del Hospital Infantil de México,  cuyo apellido se reserva para evitar represalias: el horno no está para bollos.

“Negar una crisis como la que está teniendo el país no ayuda a mejorar el sistema”, dijo Omar Hernández, padre de Alexander un niño de dos años con leucemia, uno de los rostros del movimiento que ha levantado la voz y que contabilizan 30 muertes por falta de atención.

López Obrador ha pedido paciencia en algunas de sus conferencias matutinas. “Estamos haciendo todo lo posible para evitarlo”, aseguró. También culpó del desabasto a la corrupción y el chantaje de un grupo de empresas distribuidoras que tenían acaparado el mercado y otro tipo de irregularidades.

Por ejemplo, el gobierno de Peña Nieto condonó alrededor de 400 millones de dólares en impuestos a seis de las 10 farmacéuticas que más ganancias registran en el país, entre ellos,  a Grupo Fármacos Especializados, la distribuidora de medicamentos que más contratos obtuvo por parte del Estado durante ese sexenio.

EL IDEAL

En la ley mexicana, el derecho a la salud universal está garantizado. Esa es la teoría; en la práctica, según cifras oficiales, casi la mitad de la población (45 millones de personas) está desprotegida o con una cobertura a medias a través del Seguro Popular, una institución creada durante la administración de Felipe Calderón (2006-2016).

El Seguro Popular garantizaba la atención primaria, pero, a medida que se complicaban los tratamientos, tenía algunos costos o simplemente no se cubrían como la mayoría de las enfermedades especializadas. Por ejemplo: el cáncer se atendía, pero sólo a niños menores de cinco años.

AMLO promete que, a partir del 1 de diciembre próximo, toda la población pueda atenderse, si así lo desea, en los hospitales públicos y para ello incrementó el presupuesto este año por alrededor de 2,000 millones de dólares para infraestructura y personal: descubrió, según sus propias palabras, que miles de médicos y personal de salud no tenían contratos formales, además de que hay una plantilla inferior de la requerida.

Para ello, eliminó al Seguro Popular y empujó la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) con la idea de que a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y, el resto de los hospitales el gobierno, se dé la atención. “Tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca”, dijo.

CONTRAS

A decir de expertos, “no hay presupuesto que aguante dar toda esta atención”. A juicio del ex secretario de Salud, Salomón Chertorivski, “no  se debió de haber eliminado el Seguro Popular con el argumento de que había corrupción”, sino atender estas fallas y aprovechar los avances.

“El seguro popular pudo construir un sistema de salud perfectible, era “muy sólido”, con la capacidad de atender epidemias como el virus de AH1N1, no era necesario su desaparición”.

Algunos gobernadores de oposición, principalmente del Partido Acción Nacional (PAN) se han negado a firmar los acuerdos para consolidar al Insabi. Argumentan que la propuesta del presidente les quitaría el control de la infraestructura médica local, que no les permitiría intervenir en caso de desabasto o desatención y que las reglas no son claras.

Jaime Rodríguez “El Bronco”, mandatario de Nuevo León, puso como ejemplo que en el convenio con su estado tiene una cláusula donde la Federación afirma que hay 1.2 millones de personas que se atienden o se atendían con el Seguro Popular. “Cuando en realidad tenemos casi dos millones de personas por lo que quedarían muchos sin atender porque el presupuesto sería menor”.

En su pagina oficial, el Insabi reconoce que hasta la fecha faltan nueve entidades del país para firmar el acuerdo y que siguen en negociaciones: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas.

LOS RETOS

Las principales causas de muerte entre los mexicanos, hipertensión y diabetes, son enfermedades que se pueden prevenir y que podrían reducir la carga del gasto público en el sistema de salud, un tema que implica hacer frente a una agresiva industria que se ha opuesto a medidas radicales como campañas de información más directa sobre el abuso del consumo de azúcar o grasas.

“Se debe de explicar, por ejemplo, que el abuso del refresco, de las frituras y panecillos, predispone a la diabetes y obesidad”, advierte Jazmín Ortega, nutrióloga del Hospital General de México.

Otro reto, a decir del diputado Manuel Huerta, médico especializado en urología que ha trabajado en algunas de las zonas más pobres del país, considera que, independientemente de la transición, a la salud universal le hace falta una garantía de transparencia y fiscalización. “El legislativo tiene que hacer leyes para evitar los desfalcos o nunca se acabarán el problemas”.

Citó como ejemplo el caso del extinto seguro popular que en 2019 reportó alrededor de 38 millones de dólares sin justificar y no existe un mecanismo que mida el grado de satisfacción de la población. “Gastamos tantos millones  y no vemos cómo impactaron en el servicio de salud”, criticó.

De acuerdo con datos de la  Organización de Comercio y Desarrollo Económico (OCDE), México está al final de la lista en materia de satisfacción de los servicios sanitarios por causas como mal trato, falta de medicamentos, retraso en las citas, medicamentos de mala calidad amén de que los mejores servicios excluyen a las comunidades más pobres.

CIFRAS

Más de 51 millones de  personas (45% de los mexicanos) carece de servicios de salud pública

87,000 empleados de salud tendrán mejorías en sus prestaciones de contratos

40,000 millones de dólares es el presupuesto de salud

Se añadieron este año  2,000 millones de dólares

3.1% de su Producto Interno Bruto invierte México en Salud

Un millón de mexicanos son atendidos diariamente; 915 consultas, 12,000 cirugías y 4, 500 partos.