Defensora de vendedores ambulantes en riesgo de deportación por negligencia de abogado

Rosa Miranda lleva años en la lucha por el derecho de los comerciantes ambulantes en Los Ángeles a vender en las banquetas sin ser multados o expuestos a perder su mercancía, pero ahora los papeles se han cambiado. Son los propios vendedores los que han salido en su defensa para evitar que sea deportada.

“Me siento con más esperanza al saber que mi comunidad está al 100% conmigo. Aunque hay veces que mi cerebro me traiciona y me siento triste. Y es que la mitad de mi vida, está en este país. Llevo 21 años aquí. Mi hijo mayor es beneficiario de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la  Infancia)”, dice Rosa cuyo destino está en manos de un juez de migración.

De 45 años de edad, está casada y es madre de tres hijos de 26, 19 y 16 años. Los dos hijos menores nacieron en Estados Unidos. Ella dejó su natal Hidalgo, México para venir a este país en 1999. Su esposo había emigrado un año antes. “Vinimos en busca de una mejor vida, del sueño americano”, dice.

Sus primeros años como inmigrante se dedicó a ser mamá, pero siempre con la esperanza de un alivio migratorio. “En 2009, mi esposo sometió una petición de residencia, me incluyó a mi y al hijo que había nacido en México”, recuerda.

Pero como para esa época ya estaba trabajando, la abogada de migración que contrataron, les aconsejó que ella debía comenzar otro proceso, y sugirió el asilo político.

“La verdad que en ese momento estábamos aterrados por las cosas que estaban ocurriendo en mi pueblo en México donde estaban secuestrando gente. Mi propia madre me dijo que si yo me hubiera quedado ahí, por mi activismo ya me hubieran matado”.

Rosa cuenta que no le aprobaron el asilo, pero le dieron un permiso de trabajo que lo estuvo renovando periódicamente. “La abogada me explicó que era como si caso estuviera dormido en la corte”.

Sin embargo, debido a las limitaciones que le representaba solo contar con un permiso de trabajo, en 2013 su empleador le propuso patrocinarla para que pudiera obtener su residencia.

“En febrero de 2015, migración me dio tres meses para que presentara toda la documentación que necesitaba tras haber sido aprobada por el Departamento del Trabajo. El problema fue que la abogada no presentó el caso a migración hasta marzo de 2016, ya para entonces yo había perdido mi trabajo porque la organización no lucrativa para la que trabajaba se quedó sin fondos”, dice.

El resultado fue que se quedó sin patrocinador y sin la oportunidad de arreglar su estatus migratorio a través de una certificación laboral. 

“Dejé a esa abogada en julio de 2019 ya que considero que actuó de manera muy negligente, al no apurarse a presentar el caso, cuando yo le entregué todo de inmediato. Incluso le cuestionaba qué está pasando, y decía ‘vamos a esperar que el paralegal regrese’. Él estaba en Rusia atendiendo a su mamá enferma”, dice.

Molesta, comenta que incluso está pensando en acusar a su exabogada por negligencia  a la Barra de Abogados de California. “Me quedó debiendo 1,700 dólares de los 2,300 dólares que le pague por el trámite de la residencia”.

A través de su nueva defensora, Rosa consiguió que su caso fuera reabierto, y le han programado un juicio para definir su situación migratoria para el 21 de marzo del 2021. Inicialmente se iba a llevar a cabo el 22 de junio, pero fue pospuesto por la pandemia.

“La verdad tengo mucho miedo a ser deportada. Mi mundo se derrumbó cuando a mi esposo le dieron hace poco la carta de deportación. No tenemos nada de ahorros para regresar y comenzar una nueva vida en México“, dice.

Para colmo, la pandemia la dejó sin empleo en la organización comunitaria East LA Community Corporation (ELACC) donde trabajaba como organizadora de los vendedores ambulantes. “Ahora soy voluntaria”, dice.

La abogada le ha comentado que será el juez quién decida su futuro. “Me ha dicho que si falla a favor de mi deportación, puedo apelar; y me pide que tenga fe porque las leyes pueden cambiar en cualquier momento“.

Además dice que desde que su esposo y ella llegaron a este país, han pagado impuestos. “El ambiente migratorio es cada vez más hostil. No entiendo por qué las leyes no nos apoyan para salir de la oscuridad. Queremos salir de las sombras”, exclama.

Después de pasar semanas muy deprimida, se sintió reconfortada al ver las cartas de apoyo de líderes de todo el país.

Su excompañero en ELACC, Sergio Jiménez escribió sobre Rosa al juez de migración:

”A través de su visión, dedicación, amor y pasión por la justicia social, se ha convertido en una líder muy respetada en Los Ángeles, y es vista como un modelo dentro del movimiento de los vendedores ambulantes por el apoyo que les ha dado en los últimos cuatro años.

“Estaríamos devastados si su solicitud es negada, debido a que es el pilar del cual mucha gente depende como guía, apoyo y hasta es un hombro sobre el cual llorar, ya que ella siempre está accesible para todos. Si alguien necesita continuar en este país, es Rosa Miranda“.