Jueza bloquea parcialmente orden de hacer públicos antecedentes de policías y bomberos de Nueva York
Victoria temporal para sindicatos que representan a policías, bomberos y guardias de prisiones de NYC
Campamento anti policial frente a Alcaldía de NYC Crédito: Andrés Correa Guatarasma | Cortesía
Los sindicatos que representan a policías, bomberos y guardias de prisiones de NYC lograron una victoria tribunalicia ayer cuando una jueza emitió una orden de restricción temporal que bloquea la liberación de ciertos registros disciplinarios, tras la reciente derogación de la ley 50-a de Albany.
La orden de la jueza Carol Edmead, de la Corte Suprema del Estado NY, prohíbe que la ciudad publique todos los registros disciplinarios de los oficiales de NYPD, bomberos y correctores que aún no se han confirmado.
Edmead emitió la orden contra la divulgación de cualquier registro no comprobado mientras el caso se transfiere del estado al tribunal federal.
El fallo se produjo ayer, el mismo día que la administración del alcalde Bill de Blasio había planeado lanzar una base de datos pública en línea de informes disciplinarios de la policía de Nueva York.
Es lo último en la batalla por la transparencia para combatir la mala conducta policial que se remonta a 2016, cuando NYPD y el alcalde De Blasio comenzaron a proteger los infomes, amparados en la ley 50-a, recordó New York Post.
La legislatura estatal derogó esa ley el mes pasado, estimulada por los disturbios civiles tras el asesinato de George Floyd por la policía de Minneapolis. Poco después De Blasio anunció que se compilaría la nueva base de datos.
Los sindicatos que representan a 60 mil oficiales argumentaron en su demanda contra las revelaciones que las acusaciones no comprobadas no pueden incluirse en un “vertedero de datos” en Internet porque “destruiría absolutamente la reputación y la privacidad, y pondrá en peligro la seguridad de muchos de esos bomberos y oficiales”.
También alegaron que las acusaciones de liberación que no han sido probadas o finalizadas violarían los acuerdos de negociación colectiva. Mientras, la ciudad ha argumentado que la inclusión de dichos archivos crearía justicia y un enfoque simplificado para todos los trabajadores municipales.
La 50-a se adoptó en 1976 para evitar que los abogados de defensa penal utilizaran esos registros en el interrogatorio de policías que son testigos durante procesos penales. Por años grupos que reclaman reformas en la policía lucharon por su derogación, a lo que se opusieron sindicatos y grupos que representan a las fuerzas del orden público.
