Activistas demandan al Gobierno de Trump por desinformar sobre voto por correo

Al tiempo que las críticas y esfuerzos del presidente Donald Trump contra el voto por correo aumentan, más promotores de la participación ciudadana por esa vía se suman a batallas en tribunales para detener la cruzada del mandatario republicano.

Este jueves, Protect Democracy, junto con Electronic Frontier Foundation (EFF) y Cooley LLP, en nombre de las organizaciones Common Cause, Rock the Vote, Voto Latino, Free Press y MapLight, impugnaron en el Distrito Norte de California la “Orden Ejecutiva sobre la Prevención de la Censura en Línea” del presidente, al acusar que inhibe a los votantes de recibir información confiable sobre el proceso electoral, particularmente del sufragio por correo, en violación de la Primera Enmienda.

“Los votantes tienen el derecho constitucional de recibir información precisa sobre las alternativas de voto sin interferencia del Gobierno, especialmente de un presidente interesando en mentir para obtener una ventaja en las próximas elecciones”, expuso Kristy Parker, abogada de Protect Democracy. “Cuando Trump toma represalias contra las empresas privadas de redes sociales por verificar sus mentiras, no es solo una violación de la Primera Enmienda, es el tipo de comportamiento que esperaría ver de un dictador”.

Parker se refiere a los mensajes que el presidente Trump ha difundido en Twitter atacando el voto por correo, tras lo cual la red social etiquetó algunos de esos mensajes con alertas que previenen sobre posible contenido erróneo. El 28 de mayo el mandatario firmó su Orden Ejecutiva en respuesta, acusando a las redes sociales de opresión.

Los defensores del voto y de la libertad de expresión señalan que la decisión del mandatario es “un acto de represalia y restricción del discurso”, violando la Constitución, ya que está diseñada para evitar que las empresas de redes sociales moderen el contenido del presidente.

Acusan que con esa acción, el presidente “está abusando del poder de su oficina para intimidar ilegalmente a las empresas” en sus esfuerzos en verificar la información, especialmente en una época donde los ciudadanos temen acudir a votar a las urnas en medio de la pandemia de coronavirus.

“Nos unimos a esta causa para proteger el acceso de los votantes a información precisa sobre la votación durante la pandemia, libre de la intromisión gubernamental inconstitucional”, dijo Michael Rhodes, socio de Cooley.

David Greene, director de Libertades Civiles de EFF expuso que las redes sociales tienen derecho a regular el contenido, a fin de hacerlo más verídico y la orden del mandatario es una forma de “castigarlas”.

“Hace treinta años, Rock the Vote se fundó en respuesta a la censura del Gobierno y al arresto de artistas. Nuestra primera campaña ‘La censura es antiamericana’ sigue sonando como algo real mientras el Gobierno de los Estados Unidos amenaza con represalias contra los derechos de la Primera Enmienda”, consideró la presidenta de Rock the Vote, Carolyn DeWitt.

Yosef Getachew, director de Medios y Democracia de Common Cause apuntó que el presidente Trump busca presionar a las redes sociales para permitirle difundir información errónea.

Danny Friedman, director de Voto Latino acusó también la acción del presidente Trump como un acto de represión.

“Al tratar de imponer sus inseguridades… está intentando subvertir nuestra elección, sofocar un debate público sólido y crear barreras al trabajo que Voto Latino y otras organizaciones realizan todos los días”, expresó.

Ann Ravel, directora de proyectos de Engaño Digital en MapLight consideró que el mandatario lanza teorías contra el voto por correo como estrategia para su reelección a través de “contenido falso y engañoso”.

La demanda no es directa a los esfuerzos a obstruir el voto por correo, como la presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien lidera una coalición de tres estados y dos ciudades.