Organizaciones piden que se liberen a inmigrantes detenidos por ICE

Los grupos defensores de inmigrantes en custodia nombrarán un supervisor para garantizar que ICE cumpla con los derechos de los detenidos más vulnerables

Organizaciones piden que se liberen a inmigrantes detenidos por ICE
Protestas en Los Ángeles, California, el 6 de marzo de 2021, para exigir la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)
Foto: FREDERIC J. BROWN / Getty Images

Las organizaciones de derechos civiles han decidido nombrar un supervisor para que se garantice el cumplimiento del Gobierno Federal sobre la detención y liberación de los inmigrantes que se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control Fronterizo (ICE, por sus siglas en inglés).

Un tribunal federal falló a favor de una demanda colectiva de los grupos defensores la semana pasada contra la agencia federal.

La decisión de la demanda de las organizaciones se debe a la instauración de un sistema de revisión sistematizada de las personas bajo custodia y poder poner en libertad los que presentan un mayor riesgo de contraer COVID-19 u otras enfermedades.

ICE sigue deteniendo a personas delicadas de salud en los centros en donde el virus de propaga con mayor rapidez y facilidad y el Gobierno ha incumplido sistemáticamente un fallo anterior, según las denuncias de las organizaciones en un comunicado.

“El juez de distrito, Jesús Bernal, lanzó la decisión casi un año después de emitir una orden judicial que ordenaba a ICE realizar revisiones de custodia y liberaciones para todas las personas de alto riesgo“,  dice el comunicado de los grupos defensores.

“La Corte está particularmente preocupada por las aparentes fallas sistemáticas para identificar a los miembros de la Subclase, las demoras e inconsistencias en las re-determinaciones de custodia y el monitoreo inadecuado del cumplimiento”, escribió el juez Bernal, el pasado jueves por la noche.

Las organizaciones que se unieron para demandar a la agencia ICE por incumplir la revisión de la población bajo su custodia fueron Southern Poverty Law Center (SPLC), Civil Rights Education and Enforcement Center (CREEC), Disability Rights Advocates (DRA), Orrick, Willkie Farr & Gallagher LLP.

Melissa Riess, de la organización DRA, destacó luego de la decisión del juez que “los acusados ​​han demostrado repetidamente su incapacidad o falta de voluntad para garantizar la seguridad y la salud de quienes están bajo su custodia” y cree que el supervisor nombrado pueda asegurar que se cumplan “los derechos de los más vulnerables”.