El tráfico ilegal de armas tiene consecuencias severas en ambos lados de la frontera

El gobierno de México interpuso una demanda por responsabilidad civil ante una corte federal en Boston en contra de empresas productoras y distribuidoras de armas en Estados Unidos

Armas decomisadas por las fuerzas de seguridad mexicanas. La gran mayoría proviene de Estados Unidos.
Armas decomisadas por las fuerzas de seguridad mexicanas. La gran mayoría proviene de Estados Unidos.
Foto: Getty Images

En un hecho sin precedentes, el miércoles 4 de agosto de 2021, el gobierno de México interpuso una demanda por responsabilidad civil ante una corte federal en Boston en contra de empresas productoras y distribuidoras de armas en Estados Unidos. Esta demanda sostiene que las prácticas comerciales negligentes e ilícitas de estas compañías facilitan el tráfico ilegal de sus productos a México, generando un enorme daño humano y material en México.

Para entender por qué el gobierno de México tomó esta acción, necesitamos profundizar en las consecuencias devastadoras de dichas prácticas comerciales ilícitas en ambos lados de la frontera. Cada año, al menos medio millón de armas de fuego entran a México desde Estados Unidos de manera ilícita. De hecho, entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en escenas de crimen en México provienen ilegalmente desde Estados Unidos.

Sumado a esto, nuestras comunidades han sido gravemente afectadas por actos de racismo, xenofobia y violencia, como el ocurrido en El Paso, Texas, en 2019. En esta fecha trágica, un supremacista blanco armado con un rifle de asalto AK-47 comprado en línea sin registro ni control alguno terminó con la vida de 23 personas –nueve de ellas mexicanas– e hirió gravemente a otras 23.

El pasado agosto, durante la ceremonia de inauguración de The Healing Garden Memorial en Ascarate Park, en El Paso, Texas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que “las vidas perdidas en el tiroteo de Walmart, incluyendo aquellas de los ciudadanos mexicanos, nunca serán olvidadas; México y Estados Unidos deben trabajar juntos para erradicar el odio y el tráfico ilícito de armas de fuego”. El arma utilizada en el ataque de El Paso fue obtenida con la misma facilidad que las armas puestas a disposición de organizaciones criminales que causan la pérdida de vidas en México.

El gobierno de México ha posicionado este tema como una máxima prioridad en la agenda de la relación bilateral, reconociendo la responsabilidad compartida de ambos países para proteger a nuestras comunidades, prevenir el crimen transfronterizo y luchar contra las redes criminales. En octubre de 2021, durante el primer Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre México y Estados Unidos, ambos países establecieron un enfoque integral de largo plazo para la seguridad, y lanzaron el programa Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras.

Entre otras acciones, ambos países se comprometieron a incrementar los esfuerzos binacionales para reducir el tráfico ilícito de armas mediante la expansión de la cooperación en el rastreo, así como la colaboración en investigaciones y en inversiones en tecnología balística. Compartir información para maximizar el impacto de la aplicación de la ley, la investigación y el incautamiento de armas de fuego; y compartir información posterior a la incautación con las autoridades correspondientes.

Basados en el reconocimiento de la Corte Suprema de Estados Unidos de que un gobierno extranjero puede presentar una demanda en cortes estadounidenses, el gobierno de México tomó la decisión de presentar una demanda civil en contra de compañías que fabrican y distribuyen armas en Estados Unidos. Por décadas, las empresas demandadas han sabido que sus armas son las favoritas de grupos criminales en México y la facilidad con la que estas organizaciones criminales obtienen acceso a armas de alto calibre en grandes cantidades en Estados Unidos.

Con esta demanda, México busca que la industria de armas de fuego y fabricantes de armas se abstengan de promover  armas de carácter militar entre la población civil; cooperar con las autoridades en compartir información que podría beneficiar investigaciones y la aplicación de la ley; implementar estándares razonables para supervisar y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores; incorporar mecanismos de seguridad en sus armas, incluyendo aquellos para prevenir su uso por personas no autorizadas; y cesar inmediatamente las prácticas negligentes que causan o podrían causar daños en México.                                                                                                                                               

Estos objetivos están alineados con las metas del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos. También se alinean con las medidas emprendidas a niveles locales y estatales en Illinois, como la ley que en agosto pasado firmó el gobernador JB Pritzker para incrementar la verificación de antecedentes penales en todas las ventas de armas de fuego en el estado de Illinois, proveer fondos destinados para la salud mental de las comunidades más afectadas por la violencia con armas de fuego y crear una base de datos de armas robadas, e incrementar factores de identificación, tales como huellas dactilares.

El gobierno de México es respetuoso de los asuntos internos de Estados Unidos. Con la demanda, no pretende cuestionar las libertades constitucionales de los ciudadanos estadounidenses para comprar y poseer armas para su defensa personal ni cuestiona la venta de armas responsable dentro del territorio estadounidense. El gobierno de México reclama que, derivado del comercio negligente, las armas llegan a nuestro país con mayor facilidad y alimentan el poder de fuego de organizaciones criminales.

Consideramos este litigio como una cuestión de principio y una obligación moral para evitar el dolor y afectación a miles de familias, al tiempo que contribuye a la restauración social y económica de innumerables comunidades en México y aquellas afectadas por las actividades transnacionales de organizaciones criminales responsables de tanta violencia y daños a nuestras sociedades en ambos lados de la frontera.

-La embajadora Reyna Torres es cónsul general de México en Chicago