Residentes de Chicago podrían eliminar sus nombres de base de datos de pandillas vía proceso aprobado por el Ayuntamiento

El riesgo de deportación y hasta el no ser contratado para un trabajo es con lo que se enfrentan algunos habitantes de Chicago que aparecen en la controvertida base de datos de pandillas de la ciudad. Pero pronto podría haber una forma de eliminar sus nombres de ese polémico sistema.

Activistas y organizadores comunitarios locales se oponen a que exista la base de datos de pandillas de la Policía de Chicago porque dicen que está plagada de errores y que etiqueta erróneamente como pandilleros a personas en su mayoría latinas y afroamericanas.

Un informe publicado por la Oficina del Inspector General de Chicago el 11 de abril de 2019 encontró errores en la base de datos de pandillas de la ciudad. El ahora exinspector general Joe Ferguson señaló entonces que esa base de datos incluye los nombres de más de 134,000 personas que la Policía de Chicago ha calificado como miembros de pandillas.

La falta de precisión en ese sistema ha perjudicado a decenas de personas que han sido blanco de la aplicación de la ley federal de inmigración o perdieron oportunidades de trabajo después de haber sido incluidos erróneamente en esa base de datos, destacó Ferguson.

Según el informe, organismos públicos han accedido a la base de datos de pandillas más de 1 millón de veces en la última década, incluidas unas 32,000 consultas provenientes de autoridades federales de Inmigración.

Sin embargo, el plan respaldado por la alcaldesa Lori Lightfoot busca que haya ciertos cambios en la base de datos de pandillas, el más importante es que exista una vía para que las personas pidan al Departamento de Policía de Chicago que sus nombres sean retirados de ese sistema y para que en caso de que su petición no sea atendida el individuo puede apelar ante la Junta de la Policía de Chicago.

Una ordenanza aprobada por el Concilio Municipal el pasado miércoles 17 de noviembre con 29 votos a favor y 28 en contra, autoriza a la Junta de Policía de Chicago a manejar el proceso de apelaciones para quienes creen que han sido colocados de manera errónea en la nueva base de datos de pandillas.

Cabe señalar que aún no se ha completado el borrador de esa nueva política policial.

Lightfoot dijo que lo que se aprobó el 17 de noviembre es para establecer un proceso a fin de que no sea el Departamento de Policía por sí solo el que determine si alguien está o no dentro o fuera del sistema y para que haya un proceso más neutral que será dirigido por la Junta de Policía de Chicago.

El Departamento de Policía de Chicago pidió a los residentes de la ciudad que opinen sobre su borrador antes de que termine de diseñar su nueva política de base de datos de pandillas. Los habitantes de la ciudad tenían hasta el 29 de noviembre para expresar su opinión sobre el tema.

El concejal del Distrito 40, André Vásquez, encabezó la iniciativa para bloquear una votación sobre la medida en octubre, diciendo que él y otros concejales se oponían a otorgar nuevos poderes a la Junta de Policía cuando no está claro cómo funcionará la nueva base de datos, especialmente a la luz del hecho de que el antiguo sistema estaba plagado de errores, propició el abuso y apuntaba desproporcionadamente a los afroamericanos y latinos de Chicago.

‘Se sigue con el mismo sistema, maquillándolo’

El concejal del Distrito 25, Byron Sigcho López, dijo que no se puede apelar en un sistema que está totalmente desfasado y con demasiadas irregularidades y que lo que se tiene que hacer es, como prometió al principio Lightfoot como parte de su campaña antes de ser alcaldesa, eliminar la base de datos de pandillas. “Es una base de datos que no ha dado ningún fruto y eso lo dice el mismo informe del Inspector General. Lo que necesitamos hacer es enfocarnos en la prevención y en la inversión social para prevenir que más jóvenes se unan a las pandillas”.

Sigcho López es uno de varios concejales que votó en contra del plan respaldado por Lightfoot. “Muchos de estos procedimientos no han sido totalmente socializados, es decir no ha habido un tiempo oportuno para anunciarle a los mismos concejales, somos un porcentaje significativo del concilio que se ha opuesto a esto justamente porque no ha habido socialización de las políticas públicas, un claro lineamiento que ayude a la comunidad a informarse bien a dar su opinión y más adelante apelar”.

“Hay preocupación de que se sigue con el mismo sistema maquillándolo, con un mensaje que suena en los titulares atractivo, dice bueno vamos a poder apelar una segunda oportunidad pero de fondo el problema es que no sabemos cómo esa apelación funciona y porque algunos de los nombres de muchas personas que han sido afectadas terminan en esta base de datos cuando el mismo Inspector General ha comprobado que son errores de fondo, no son errores superficiales sino errores que indican que es una base de datos que lo que genera son más problemas que soluciones”, señaló a La Raza el concejal Byron Sigcho López.

Para Xanat Sobrevilla, del grupo Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones (OCAD), unabase de datos de pandillas no debe de existir porque “no tiene beneficio y realmente hace mucho daño. No hay manera de tener algo dañino de manera justa”.  Sobrevilla dijo a La Raza que un sistema de datos de pandillas no reduce la violencia ni tampoco ayuda a atacar el problema sino que simplemente causa daños a personas.  “Lo que propone la ciudad no son soluciones, ya que seguimos con ICE teniendo acceso a esta lista y al mismo tiempo los datos nos demuestran que la existencia de una base de datos de pandillas no hace nada en términos de resolver violencia”.

Sobrevilla dijo que fue poco el tiempo que le dieron a la comunidad para expresar sus opiniones por lo que considera que el proceso es completamente malo. “No están dejando realmente transparencia y la habilidad de la comunidad poder opinar”.

“Sabemos que la ciudad está trabajando para finalizar una nueva base de datos de pandillas que según resuelve las inquietudes y las problemáticas pero lo que está haciendo es un proceso muy complicado… También nos alarma eso de crear un sistema donde la Junta de la Policía decida si la persona fue puesta incorrectamente o no, es algo ya de por sí no muy factible”, dijo Sobrevilla.

La Raza contactó al Departamento de Policía de Chicago para conocer detalles sobre la opinión de la comunidad con respecto a su borrador de política, pero no se obtuvo respuesta.

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