Uso intensivo del monitor de sobriedad SCRAM ordenado por el juez Vázquez evidencia falta de supervisión

Considerado como un castigo compasivo por conducir en estado de ebriedad, SCRAM tiene un alto costo para los acusados. Un juez de Maywood, Condado de Cook, lo usa con frecuencia y sin supervisión

Ilustración de Verónica Martínez para Injustice Watch. (Cortesía)

Ilustración de Verónica Martínez para Injustice Watch. (Cortesía)

SCRAM, abreviatura de Secure Continuous Remote Alcohol Monitor, es una pulsera de tobillo de monitoreo electrónico que puede medir el vapor de sudor invisible de la piel de las personas para determinar si han consumido alcohol. SCRAM Systems, la empresa con sede en Colorado que fabrica esas pulseras, las anuncia como una alternativa al encarcelamiento para las personas atrapadas conduciendo bajo la influencia que aborda el abuso, el mal uso y la adicción del alcohol.

Es poco probable que la mayoría de las personas acusadas de DUI o un delito violento relacionado con el alcohol en el Tribunal de Circuito del Condado de Cook terminen en SCRAM a menos que su caso llegue a la Sala 108 del Tribunal del Cuarto Distrito Municipal, en los suburbios del oeste de Maywood, donde el juez asociado Gregory P. Vázquez a menudo ordena a los acusados que usen brazaletes y mantengan la abstinencia total del alcohol como parte de su libertad condicional. (Los jueces asociados son seleccionados por otros jueces, no votados por el público). Vázquez fue asignado a supervisar casos de delitos graves en enero después de años de manejar casos de tribunales de tráfico.

La oficina del juez jefe de la Corte de Circuito del Condado de Cook, Timothy C. Evans, no rastrea si los jueces asignan SCRAM de manera apropiada o brindan supervisión u orientación sobre cómo los jueces aplican el monitor de alcohol en los casos. Pero una investigación de Injustice Watch destaca las preocupaciones sobre cómo Vázquez ha usado su discreción para ordenar SCRAM. Injustice Watch revisó docenas de casos en los que jueces ordenaron a acusados que usaron ​​en SCRAM que examinaran cómo los tribunales del Condado de Cook usan esa oscura tecnología.

 Los datos proporcionados por la oficina del juez principal muestran que, a fines de septiembre, 172 acusados ​​llevaban el dispositivo por orden de un juez del Condado de Cook emitida entre 2018 y 2021. Vázquez había ordenado que una cuarta parte de los acusados ​​en el dispositivo lo usaran, casi seis veces más que el juez con el siguiente número más alto de órdenes SCRAM, según los datos. Tres jueces están asignados a salas de tribunales de delitos graves en Maywood. Injustice Watch revisó los últimos 200 casos que cada uno de los jueces resolvió entre enero y octubre. Vázquez fue el único juez de Maywood que puso en SCRAM a individuos en libertad condicional.

Durante dos meses, Injustice Watch observó a Vázquez en la corte y revisó el expediente de su caso para identificar a más de una docena de acusados ​​a quienes había ordenado que usaran dispositivos SCRAM. Algunas personas parecían encajar en el perfil para el que el fabricante de SCRAM dice que el dispositivo es más adecuado: personas con múltiples DUI previas en los últimos meses o años que, de otra manera, podrían enfrentar tiempo en prisión y probablemente tener problemas con el trastorno por uso de sustancias.

Vázquez también ordenó que al menos tres personas usen el dispositivo en casos de DUI por primera vez. En varios casos, Vázquez pidió el uso de SCRAM cuando el acusado no enfrentaba cargos relacionados con el alcohol, pero tenía antecedentes de DUI.

“No soy alcohólica”, le comentó una mujer a Injustice Watch.

Ella había perdido su licencia debido a su primer DUI hace 13 años y luego tuvo otro seis años después. Dijo que no podía recuperar su licencia debido al costo, pero que tenía que seguir conduciendo para ir al trabajo y estar alrededor de sus hijos. Vázquez la sentenció a libertad condicional por dos años con al menos siete meses en SCRAM cuando su último caso de conducir con una licencia suspendida terminó en su sala de audiencias, a pesar de que sus últimos arrestos no fueron por delitos relacionados con el alcohol.

Ilustración de Verónica Martínez para Injustice Watch. (Cortesía)

SCRAM representa la tendencia de “e-carceration”

 Injustice Watch revisó las divulgaciones financieras anuales de Vázquez y no encontró evidencia de una relación financiera entre el juez y el fabricante o los proveedores del dispositivo. Simplemente parece ser un fanático de la tecnología. Vázquez se negó a hablar con Injustice Watch para esta historia. Pero promovió SCRAM como una opción viable de sentencia para casos de DUI en un artículo del boletín de 2009 publicado por la Asociación de Abogados del Estado de Illinois.

“El juez puede desear no enviar al acusado a la cárcel si hacerlo puede causar un gran sufrimiento a la familia del acusado”, escribió Vázquez. “En esta situación, el uso de la tecnología SCRAM puede proporcionar una alternativa de sentencia, una condición que no solo protege al público sino que también proporciona un paso hacia la rehabilitación”.

La mayoría de los casos de DUI involucran a infractores por primera vez, que terminan en la corte de tráfico enfrentando, como máximo, cargos por delitos menores. Los casos de delitos graves de DUI pueden ser castigados con entre uno y 30 años de prisión. En casos menos graves, a menudo se reducen a delitos menores después de que los acusados ​​acuerdan declararse culpables. En ese momento, los jueces tienen la facultad discrecional de condenar a las personas a meses o años de libertad condicional. Los jueces del Condado de Cook también tienen el poder de decidir si ordenan que los acusados ​​sean colocados en SCRAM inmediatamente después de un arresto o como parte de una sentencia.

Mucha gente preferiría SCRAM a la cárcel o prisión.

Pero los críticos de SCRAM ven esa tecnología como parte de la tendencia creciente de “e-carceration”, que gradualmente ha trasladado el castigo criminal más allá de los muros de la prisión y hacia los hogares y la vida íntima de las personas. La tendencia está impulsada por la proliferación de dispositivos de monitoreo electrónico, por los que los acusados ​​a menudo pagan. Debido a las disparidades raciales y de clase inherentes a los sistemas de castigo penal del país, las personas pobres de color están sujetas de manera desproporcionada tanto a la encarcelación electrónica como al encarcelamiento.

Un promedio de aproximadamente 2,000 casos de DUI no relacionados con los tribunales de tráfico se presentaron en el Condado de Cook cada año entre 2000 y 2018, la gran mayoría de ellos delitos graves, según un análisis de datos judiciales realizado por The Circuit, un proyecto dirigido por Injustice Watch y Better Government Association en asociación con la empresa consultora de tecnología cívica DataMade. Menos de un tercio de los acusados eran blancos, 42% eran latinos y 23% eran negros.

Los acusados latinos están sobrerrepresentados en comparación con su proporción de la población del condado, que ha aumentado a aproximadamente una cuarta parte, según datos del Censo de 2020.

Ilustración de Verónica Martínez para Injustice Watch. (Cortesía)

“Castigo adicional que solo sienten los pobres”

El costo fue una queja casi universal entre las personas entrevistadas por Injustice Watch que solían estar o se están preparando para instalar dispositivos SCRAM. Algunos acusados ​​dijeron que los honorarios que se suponía que debían pagar ascendían a casi la mitad de sus ingresos mensuales.

SCRAM es distribuido en el Condado de Cook por un proveedor externo, CAM Systems con sede en Chicago, cuyo contrato con el Condado de Cook expira el próximo mes. Cada año, la empresa privada, propiedad de Robert Nienhouse, coloca a más de 500 acusados ​​en el condado en el dispositivo y les factura entre $12.40 y $24.40 por día, aunque la tasa a veces se reduce según las circunstancias financieras de la persona.

Los críticos de SCRAM ven el dispositivo como otro negocio para una creciente industria de contratistas privados que buscan lucrar con el sistema de justicia penal, especialmente cuando comienzan a demandar a las personas por no pagar. La compañía ha presentado demandas civiles contra 40 personas por falta de pago desde el año pasado, según una revisión de expediente realizada por Injustice Watch. En total, la empresa ha buscado recuperar unos $166,000 en cuotas no pagadas a través de demandas civiles; los acusados ​​les deben un promedio de $4,000 cada uno, y se han dictado sentencias contra 31 de ellos. Los casos restantes están pendientes.

El defensor público del Condado de Cook, Sharone Mitchell Jr., dijo que su oficina dio la bienvenida al “uso de alternativas al encarcelamiento” como SCRAM en una declaración escrita a Injustice Watch. Pero dijo que “cada acusado debe ser evaluado individualmente, y la emisión general de una intervención como el dispositivo SCRAM… es completamente inapropiada”. Mitchell dijo que estaba especialmente alarmado por los casos en los que acusaciones relacionadas con el alcohol no están involucradas pero los jueces ordenan SCRAM independientemente. También expresó su preocupación por el costo del dispositivo para los acusados, citando la “práctica de rutina” en el sistema legal penal de ignorar la situación financiera de los acusados. “Los impactos de esos puntos ciegos”, dijo, “pueden, sin saberlo, llevar a las personas de regreso al sistema o servir [como] un castigo adicional que solo sienten los pobres”.

Nienhouse negó que SCRAM sea demasiado caro. Dijo que CAM Systems a veces cobra tarifas más bajas cuando la empresa sabe que una persona está pasando por una dificultad, si los acusados ​​comunican sus necesidades y comparten la documentación solicitada. Nienhouse argumentó que trasladar el programa al presupuesto del condado en lugar de cobrar a los acusados ​​lo pondría en riesgo de recortes futuros o de que el dinero asignado para SCRAM se reutilice eventualmente para otra cosa. Él, al igual que el fabricante, agregó que pagar el dispositivo ellos mismos crea una motivación adicional para los acusados ​​que han puesto en peligro al público para que dejen de beber.

Pero en un comunicado, la presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, anunció que el condado planea examinar SCRAM más de cerca. Expresó su preocupación por las recientes demandas presentadas por CAM Systems y los costos de SCRAM para los acusados. “Me gustaría ver estos casos resueltos y la estructura de tarifas examinada, para que las personas que pasan por nuestro sistema de justicia no sean responsables del costo de la supervisión”, dijo en el comunicado.

Este artículo de Injustice Watch es publicado en La Raza gracias a una colaboración coordinada por el Institute for Nonprofit News. Fue traducido por Claudia Hernández, de Borderless Magazine, con el apoyo del Amplify News Project del Institute for Nonprofit News.

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