Indocumentados víctimas de abuso laboral podrían obtener protección contra la deportación y permiso de trabajo

Un grupo de trabajadores, organizadores comunitarios y activistas pro derechos laborales se plantaron en días recientes en la Plaza Tenochtitlán de Pilsen para hablar sobre la nueva guía del Departamento del Trabajo de Estados Unidos que permitirá que trabajadores indocumentados que enfrentan disputas laborales obtengan permiso de trabajo y protección contra la deportación siempre y cuando sus quejas laborales presentadas contra su empleador sean aceptadas por la autoridad competente.

El 6 de julio, el Departamento de Trabajo publicó una guía de cómo trabajadores inmigrantes que sufren abuso en su lugar de empleo y presentan quejas al respecto pueden solicitar ante el Departamento de Seguridad Nacional la discreción fiscal en materia de inmigración.

Las quejas serán investigadas. De ser aceptadas, los trabajadores indocumentados podrían obtener permiso de trabajo y protección contra la deportación.

“En las nuevas directrices, el principal requisito es que haya una disputa laboral. Esto puede ser ya sea el caso de robo, de represalia o robo de salario, cualquier tipo de situación que sea laboral es uno de los requisitos que pide las directrices. De ahí lo que se tiene que hacer es una queja” explicó José Frausto, gerente de liderazgo y defensa de Chicago Workers Collaborative.

Frausto dijo que esto ha sido posible gracias a un trabajo en conjunto de centros de trabajadores a nivel local y nacional. “Esto fue posible gracias al apoyo de todos los centros de trabajadores de Chicago y de otros centros en la nación, en otros estados, que han estado empujando para que el gobierno tome en cuenta a todos estos trabajadores que tienen algún estatus migratorio y tienen miedo de poner quejas laborales cuando son abusados en sus trabajos”.

“Queremos levantar la voz para que estos trabajadores puedan salir a la luz y decir hasta aquí con el abuso laboral”, dijo Frausto durante la conferencia de prensa informativa organizada por Chicago Workers Collaborative.

“Esperamos que esto sea el principio para que nosotros como trabajadores podamos exigir algo mejor al gobierno”, mencionó Frausto. “Sí podemos organizarnos, sí podemos organizar un movimiento más fuerte a nivel nacional para que el gobierno nos escuche y nos dé realmente la protección que todos los trabajadores merecemos”. 

María Piña, gerente de Servicios Legales de Inmigración de Chicago Workers Collaborative, enfatizó que los trabajadores no deben tener miedo de denunciar las injusticias que están sufriendo en sus áreas de trabajo si sus derechos no están siendo respetados. Piña también les recomendó que acudan a organizaciones de trabajadores para recibir asistencia y no a notarios.

Sobre qué pasadespués de que el trabajador presenta su queja, Frausto explica que “el departamento de Trabajo va a iniciar su investigación. En caso de que la persona sea elegible, es cuando se mueve el proceso… Ellos lo que hacen es que piden al Departamento de Seguridad Nacional que a esta persona se le dé alivio migratorio, el Departamento de Seguridad Nacional lo que hace es que manda una carta diciendo si se acepta. Es así donde empieza el procedimiento para el cual sí va a ser necesario tener un abogado de inmigración que les ayude a llenar el papeleo”.

El Departamento de Trabajo no comparte ninguna información con inmigración, precisó Frausto. 

‘La ley no protege el miedo’

Jorge Mújica,organizador estratégico de campaña con Arise Chicago, considera a dicha guía emitida por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos como un “DACA para los trabajadores”. Mújica comenta que los beneficiarios de ese nuevo lineamiento “podrían contar con lo mismo que tienen los dreamers, que es un permiso de trabajo y un número de Seguro Social… No es la residencia, pero es protección contra las deportaciones y protección contra las intimidaciones de los patrones”.

Mújica señaló que cualquier violación a la ley laboral que cometa un patrón tiene que ser denunciada.  Y reiteró que este es un “DACA para los trabajadores” que se organizan, demandan y se quejan. “Como todos los procesos, esto tiene requisitos y aquí el requisito básico va a ser hablar, quejarse, la ley no protege el miedo, lo que va a pasar ahora es que va a quedar protegido el que hable, el que denuncie, el que demande al patrón que le roba el salario, que no le paga las horas extras, que discrimina, que acosa en el lugar de trabajo, que cometa acoso y abusos sexuales”.

DACA es el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que protege contra la deportación, otorga un Seguro Social y un permiso de trabajo a los inmigrantes también llamados dreamers.

Karen Álvarez, organizadora con Warehouse Workers for Justice, dijo que las recientes pautas publicadas por el Departamento del Trabajo son un paso en la dirección correcta hacia el cambio para estos trabajadores. “Sabemos que muchos de ellos han sido perjudicados, discriminados y abusados. Sabemos que muchos de ellos se ven obligados a permanecer en silencio por el miedo a la represalia de ser deportados no sólo ellos sino también sus familias”.

Álvarez mencionó, durante la conferencia de prensa, el fatal incidente que ocurrió el verano pasado en el que un empleado de una fábrica llamada Rich Products falleció en el trabajo y, según ella, nadie de sus compañeros quiso hablar por el temor a ser deportado. “Muchos de ellos inmigrantes nigerianos, nadie de ellos ha querido hablar por la falta de protección a estos trabajadores”.

Los organizadores recordaron a los trabajadores que en caso de ser víctimas de abuso en sus lugares de trabajo podrían obtener este amparo migratorio si hablan o se quejan del mismo.                                

Pero antes, el Departamento de Trabajo evaluará las solicitudes para determinar si en un lugar de trabajo existe una disputa laboral relacionada con una ley aplicada por esa instancia gubernamental y si la discreción fiscal relacionada con la inmigración para los trabajadores en ese lugar de trabajo le ayudaría a llevar a cabo su misión de dar cumplimiento a la ley.

Chicago Community and Workers’ Rights, Chicago Jobs With Justice y Raise The Floor Alliance fueron algunas de las organizaciones que participaron en la conferencia informativa en Plaza Tenochtitlán en Pilsen.

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