La educación es una vía positiva para evitar el encarcelamiento, reinsertar a los ya presos y propiciar la seguridad comunitaria

Todos los noticieros locales captaron el momento en que James Soto salió de la cárcel, abrazó a sus familiares y dejó de ser prisionero para matricularse en la escuela de leyes a sus 62 años. Con el apoyo del Proyecto de Exoneración de la Universidad de Chicago, Soto tiene una segunda oportunidad en la vida y la utiliza para completar la escuela de derecho, convertirse en abogado, ejercer una carrera profesional y ayudar a otros individuos encarcelados. 

Durante sus 42 años de prisión tras haber sido injustamente condenado por un homicidio que él no cometió, Soto dedicó parte de su tiempo a aprender más sobre las leyes que en 1981 permitieron su encierro y las que eventualmente lo ayudarían a recuperar su libertad en 2023.

Soto es uno de los graduados del programa de educación superior en prisión que ofrece la Universidad Northwestern en el Centro Correccional de Stateville, a una hora al suroeste de la ciudad de Chicago. Esta universidad es una de las más de 13 instituciones educativas que forman parte de la Coalición de Illinois para la Educación Superior en Prisión (Illinois Coalition for Higher Education in Prisión o IL-CHEP). Esta iniciativa es apoyada por el Instituto de Seguridad Pública y Justicia Social (Institute on Public Safety and Social Justice) de la Universidad Adler.

A través de cursos posteriores a la escuela secundaria impartidos por universidades y colegios comunitarios dentro de las cárceles, Soto obtuvo una licenciatura. La educación fue el puente a la libertad y la continuidad de la vida después de la cárcel. Menos del 3% de los individuos encarcelados en Illinois tienen la oportunidad de matricularse en un programa de Educación Superior en Prisión (HEP, por sus siglas en inglés). Soto fue uno de los pocos que participaron en este programa entre más de 29,500 reos registrados por el Departamento Correccional de Illinois (Illinois Department of Corrections) en 2023.

El trabajo de recuperación no inicia cuando un exprisionero es liberado, sino en la misma cárcel donde está detenido, aseguró Flor Esquivel, directora administrativa del proyecto IL-CHEP en entrevista con La Raza. 

En los centros correccionales se ofrecen varios programas: clases de artes culinarias, certificación de la secundaria y aprendizaje de oficios y manualidades, entre otros. La iniciativa IL-CHEP dio un paso más allá de esos cursos y ofrece opciones de educación superior. 

IL-CHEP apoya políticas, estudios y legislación estatal que destacan la educación superior como un camino importante hacia la reinserción social y se enfoca en abogar por un mayor acceso a oportunidades de educación superior de calidad para los presos. IL-CHEP y sus más de 13 instituciones educativas con programas en las cárceles forman parte de HEP en Illinois. 

Una de esas universidades participantes es la Universidad Northwestern, de donde se graduó Soto, quien fue condenado por un jurado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional en 1981, después de un tiroteo en el que murieron dos jóvenes. Soto y su primo David Ayala, en cuyo juicio no se presentaron ni evidencia física ni testigos presenciales que los ligaran a ese crimen, cumplieron la sentencia injusta más larga en la historia de Illinois. 

Durante su estancia de más de cuatro décadas en prisión, Soto obtuvo su licenciatura en el programa de Educación Penitenciaria de la Universidad Northwestern y tomó el examen de admisión a la escuela de derecho (LSAT, por sus siglas en inglés) para continuar estudiando leyes al salir de la cárcel y poder ayudar a otras personas que se encuentran en su misma situación. 

“Si hay alguien sentado en una celda, hombre o mujer, que sienta que ha perdido toda esperanza, espero poder ayudar a alguno de ellos”, afirmó Soto durante una conferencia de prensa después de que se le otorgó la libertad en diciembre de 2023.

Soto es un ejemplo de que nunca es tarde para ir a la escuela, de que caer en la cárcel no es el final de la vida y de que en la educación existe una segunda oportunidad para reinventarse y sobresalir.

Interrumpen el ciclo creado por las prácticas escolares punitivas

La educación es una pieza importante que aporta a la prevención de la violencia comunitaria. IL-CHEP se concentra en empoderar a los reos y crear líderes que sucesivamente transforman sus comunidades.

Al inicio de su carrera, la tarea principal de Esquivel fue trabajar con alumnos de sexto grado bajo arresto domiciliario y con estudiantes que entraron al sistema penitenciario, brindándoles servicios para poder ayudarlos a reintegrarse a la escuela secundaria.

“Comencé a trabajar con este grupo de población y me di cuenta de que muchos de mis alumnos no estaban asistiendo al colegio después de salir en libertad, sino [que asistían a clases] mientras estaban encarcelados en un centro de justicia juvenil o en prisión”, contó Esquivel, quien tiene casi tres años trabajando para IL-CHEP.

A través de este esfuerzo, Esquivel dijo que fue expuesta al concepto de la ‘vía directa de la escuela a la prisión’, que es el término que se utiliza para describir la tendencia desproporcionada al encarcelamiento de menores y adultos jóvenes debido a prácticas escolares punitivas.

“En algunas escuelas utilizan tácticas muy similares a las cárceles, incluyendo el uso de detectores de metal, periodos de aislamiento y políticas muy fuertes y punitivas”, explicó Esquivel, quien ocupó su puesto actual para poder ayudar a conectar a más individuos con oportunidades de aprendizaje.

De acuerdo con Esquivel, cuando un estudiante es constantemente acusado de mal comportamiento se incrementa la probabilidad de que eventualmente sea referido a un centro de justicia juvenil. Desde ese momento, comienza la categorización de estos estudiantes como delincuentes. 

Fatemeh Momeni, directora de investigación del Laboratorio de Educación de la Universidad de Chicago, coautora del estudio titulado De lo retributivo a lo restaurativo: un enfoque alternativo a la justicia (From Retributive to Restorative: An Alternative Approach to Justice) señaló que “las políticas escolares de ‘tolerancia cero’ resultaron en la suspensión de más de 3.5 millones de estudiantes estadounidenses en el año escolar 2012”. 

Para Esquivel ha sido muy revelador ver el sistema educativo desde las aulas ubicadas detrás de las rejas, el lugar que ella trataba de evitar para los estudiantes con los que trabajaba anteriormente. 

En 2019, el reporte de Andrew Bacher-Hicks, Stephen B. Billings y David J. Deming titulado El camino de la escuela a la prisión: Impactos a largo plazo de las suspensiones escolares en la delincuencia de adultos (The School to Prison Pipeline: Long-Run Impacts of School Suspensions on Adult Crime), descubrió que “los estudiantes asignados a una escuela que tiene una tasa de suspensión con una desviación estándar más alta, tienen entre 15 y 20% más probabilidad de ser arrestados y encarcelados cuando sean adultos”. 

“Me di cuenta de que algunas escuelas prácticamente funcionan como prisiones, que son como un campus con diferentes unidades”, contó Esquivel, quien mide el éxito de la iniciativa a través del número de graduados que pasan por uno de los programas y pueden salir de la cárcel, recuperarse, reintegrarse y llegar a ser líderes en sus comunidades. 

Estudiantes encarcelados pueden aspirar a obtener licenciatura y maestría a través de los programas de educación que ofrecen las universidades colaborando en la iniciativa de IL-CHEP. Pero aún no han logrado proporcionar un doctorado ni tampoco gestionan cursos para conseguir el certificado de terminación de estudios de la secundaria (GED por sus siglas en inglés).

Sin embargo, Esquivel dijo que hay una lista de espera para conseguir el GED. “Hemos tenido algunos estudiantes que han esperado hasta siete años para obtener un certificado de GED en la cárcel”, agregó Esquivel. 

Esa situación tiene un gran impacto sobre los esfuerzos de IL-CHEP porque los presos necesitan completar estos pasos para poder inscribirse en un nivel de educación superior.

Retos al establecer un programa educativo dentro de la cárcel

Una de las principales prioridades de IL-CHEP es proporcionar una educación superior de mejor calidad desde el interior de las cárceles y cuenta con el apoyo de más de una decena de universidades y colegios comunitarios.

Establecer uno de estos programas en uno de los 28 centros correccionales en Illinois está lleno de retos. Es un proceso riguroso y uno de los obstáculos más complicados es recibir la aprobación requerida para que académicos, incluyendo profesores y voluntarios, ingresen a la cárcel y ofrezcan las clases. De acuerdo con Esquivel, el proceso puede tardar de tres meses a un año. Posteriormente, IL-CHEP coordina con las instituciones educativas para orientarlas y garantizar que su programa esté configurado apropiadamente para cumplir con los requisitos de la prisión.

En 1952, Illinois fue el primer estado en ofrecer acceso a programas de educación y brindar instrucción individualizada a presos dentro de las cárceles. Cuarenta años después, todas las cárceles en Illinois contaban con una versión de esta programación. Sin embargo, en 1994 el título II de la Ley de Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley (Violent Crime Control and Law Enforcement Act) proporcionó fondos para ampliar instalaciones correccionales y eliminó la elegibilidad de estudiantes encarcelados para solicitar becas federales, incluyendo el Pell Grant. Muchos de los reos contaban con esa beca federal para cubrir el costo de su educación. Según IL-CHEP, para el año 2000 la programación educativa en las cárceles había disminuido significativamente.

En 2022, Illinois hizo historia de nuevo en esta área al establecer el Grupo de Trabajo sobre la Educación Superior en Prisiones de Illinois (Illinois Higher Education in Prison Task Force), que publicó 31 recomendaciones para expandir la educación superior dentro de las cárceles de Illinois. Actualmente, Illinois tiene 28 prisiones y gran parte de las 20 que todavía no tienen un programa de educación superior están ubicadas al sur del estado. Una de las tareas de ese grupo es conseguir que más representantes estatales en el sur de Illinois apoyen la impartición de programas de educación superior en las cárceles.

Un reto más que se debe superar para conectar a más reos con programas de educación superior es conseguir el apoyo de universidades en el sur del estado donde están ubicadas cárceles en áreas muy remotas. Desde Chicago, un profesor tendría que viajar de cinco a seis horas de ida y vuelta para dar clase. Conectar a una universidad cercana con las prisiones en estas áreas sería mucho más eficiente.

Además, IL-CHEP está trabajando en una campaña de cartas para que los encarcelados envíen mensajes a sus representantes estatales y a los presidentes de universidades para impulsar que más instituciones se unan al proyecto y proporcionen algún tipo de programa de educación en las 20 prisiones de Illinois que aún no cuentan con esta opción.

IL-CHEP se mantiene en comunicación con el Departamento Correccional de Illinois para mitigar problemas que pueden resultar en la disminución de la efectividad del programa.

La buena noticia es que, después de tres décadas, se aprobó de nuevo la elegibilidad al Pell Grant y ahora personas encarceladas pueden solicitar esa ayuda financiera. El costo de muchas de las universidades y colegios comunitarios se puede cubrir con estas becas, lo que crea las condiciones para sumar a más instituciones educativas a este proyecto.

Sin embargo, para que un estudiante encarcelado reciba asistencia financiera tiene que estar matriculado en un programa de educación. Si no existe este programa en la cárcel, no podrán solicitar la beca.

Ayudan a presos a reintegrarse a la sociedad

Asimismo, IL-CHEP colabora con organizaciones comunitarias y de reintegración social para apoyar a los individuos al salir de la cárcel.

Algunas de las escuelas participantes permiten que individuos continúen con sus estudios después de salir de prisión. Por ejemplo, la Universidad North Park tiene un enfoque holístico y muy integral. Si un individuo sale de la cárcel y todavía está participando en el programa, la universidad lo ayuda a conseguir un lugar para vivir. Muchas de las instituciones tienen programas de empleo y promueven la continuidad del programa educativo en las instalaciones de la institución universitaria.

Este programa tiene un impacto profundo sobre la reincidencia. Específicamente en Illinois, los reos que participan en estos programas educativos en la cárcel tienen menos probabilidad de delinquir y caer presos de nuevo. Según resultados en el reporte anual del programa de impacto del Departamento Correccional de Illinois, en los 3 años después de que los presos son liberados, la tasa de reincidencia de graduados de los programas educativos en la prisión en el año fiscal 2019 fue 26.2%, mientras que la tasa general de reincidencia fue 36.7% en ese año. 

El proceso de reintegración es riguroso. “Es un área donde estábamos aprendiendo cuáles son sus necesidades, incluyendo acceso a vivienda permanente, a medida que muchos estaban saliendo”, contó Esquivel.

Antes de que un exconvicto pueda buscar continuar sus clases o volver a la escuela después de salir de la cárcel, debe satisfacer otras necesidades primarias. Una gran porción de este tipo de trabajo preventivo tiene que ver con la eficacia con la que se consigue un empleo, una vivienda y un sistema de apoyo sólido para disminuir las probabilidades de que un exconvicto vuelva a caer en el crimen.

A su vez, existen algunas organizaciones que ofrecen vivienda con reglas estrictas y no aceptan a personas con ciertos antecedentes penales. Para personas condenadas por delitos de origen sexual es aún más difícil conseguir una vivienda tras salir de prisión. En un esfuerzo para mitigar este obstáculo, IL-CHEP está recopilando información sobre los servicios de reintegración y sus requisitos.

Recientemente, el proyecto estableció un comité de exalumnos que actúan como mentores y apoyan a estudiantes al salir de la cárcel. Los estudiantes que forman parte de este grupo son un ejemplo de la estabilidad que se puede lograr al conectarse con programas y servicios de reintegración a la sociedad.

“Los exalumnos pueden decirles a los que están saliendo ‘yo pasé por lo que tú estás pasando y estos son los programas y servicios que me ayudaron’…”, explicó Esquivel.

La Universidad DePaul tiene un programa dentro y fuera de la cárcel que conecta a los estudiantes del interior con los alumnos en el exterior para crear un vínculo de apoyo.

En Illinois, el número de prisiones no se está incrementado como en otros estados. De hecho, se han reducido y cerrado instalaciones y se espera, indican los expertos, que la educación sea una solución para que haya menos personas encarceladas y para que más gente ya en prisión aproveche el programa para ser autosuficiente y tener las herramientas para tomar decisiones coherentes y no cometer otro crimen. 

Estudios señalan que le cuesta más dinero al estado sostener y construir prisiones adicionales que financiar el programa de educación. El reporte de la institución sin fines de lucro RAND, publicado en 2015, encontró que “por cada dólar de inversión en programas de educación penitenciaria hay una reducción de entre cuatro y cinco dólares en los costos de encarcelamiento durante los primeros tres años después de la liberación de un prisionero”. 

Sin embargo, en marzo 2024, el gobernador de Illinois JB Pritzker anunció que se invertirán entre $805 y $935 millones en la reconstrucción del Centro Correccional Logan en Lincoln y el Centro Correccional Stateville en Crest Hill para abordar necesidades críticas de infraestructura en ambas instalaciones. 

“Construir más prisiones no es la solución porque continuaremos gastando nuestros fondos de impuestos y el crimen comunitario continuará y la vía de la escuela a la cárcel será reforzada”, exclamó Esquivel. 

Es importante educar al público sobre el impacto que se puede tener al brindarle la oportunidad a una persona encarcelada de recibir acceso a educación superior. 

“Es mejor tener un vecino que fue liberado, está educado y contribuye a la sociedad”, resaltó Esquivel.

El reporte RAND reveló que “las probabilidades de obtener empleo después de la liberación entre los reclusos que participaron en educación correccional eran un 13% más altas que para aquellos que no lo hicieron”.

Los estudiantes que reciben acceso a programas de educación también desarrollan un sentido de liderazgo o aprenden habilidades en manualidades y oficios que, al salir de la cárcel, les dan acceso a empleos y recursos financieros. Tener un empleo le da propósito al individuo y reduce la posibilidad de que regrese a las viejas costumbres negativas.

Además de impactar al individuo, los programas de educación tienen un efecto positivo en la reducción de la violencia comunitaria y en los miembros de la familia, quienes han sufrido por perder apoyo financiero y emocional al tener a un familiar en el sistema penal. 

Herramientas para encontrar la paz

Entre las ideas sobre cómo prevenir el crimen en Chicago y al analizar cuáles son algunos de los remedios que se proponen para lograr la paz está ganando impulso el concepto de justicia restaurativa.

Este concepto se enfoca en reparar el daño a través del diálogo entre la víctima y su agresor. La víctima decidirá cómo el agresor podrá reivindicarse y lograr recuperar la confianza del grupo. Estas mediaciones típicamente ocurren en ‘círculos de paz’.

La economista Fatemeh Momeni formó parte del equipo del Laboratorio de Educación de la Universidad de Chicago, que realizó investigación sobre el impacto de la implementación de prácticas restaurativas en las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés).

En entrevista con La Raza, Momeni dijo que, para un estudiante, estar expuesto a prácticas punitivas y disciplinarias en la escuela, como la suspensión y la expulsión, puede tener consecuencias negativas a largo plazo. Pocas probabilidades de graduarse de la escuela secundaria o de asistir a la universidad son algunas de las secuelas de esas políticas escolares. 

El impacto continúa cuando los jóvenes entran a la sociedad como adultos y tienen más probabilidad de tener menos ingresos y también de ser arrestados e ir a la cárcel.

En el año escolar 2018-2019 comenzó una colaboración de la Universidad de Chicago y la oficina de aprendizaje socioemocional de CPS, quienes querían comprender el impacto de muchas de sus prácticas, incluidas las prácticas restaurativas.

Las preguntas principales que se abordaron en la investigación fueron sobre cómo las prácticas restaurativas implementadas en las escuelas públicas de Chicago afectan el comportamiento de los estudiantes y la experiencia diaria en las escuelas y quién se beneficia más de estas prácticas.

La investigación abarcó 10 años de datos, el periodo de los años escolares de 2008-2009 a 2018-2019. El equipo de investigación recibió datos de 239 escuelas secundarias y 50 escuelas primarias. La implementación de prácticas restaurativas comenzó en CPS en el año escolar 2013-2014.

En las décadas de 1980 y 1990, CPS, como muchos otros distritos escolares urbanos en Estados Unidos, implementó políticas de “tolerancia cero” que exigen el uso de suspensión y expulsión como respuestas disciplinarias ante el mal comportamiento de un estudiante. 

Según Momeni, estas políticas resultaron en altas tasas de suspensión, especialmente entre estudiantes afroamericanos y latinos. Como respuesta, en 2014 CPS anunció una enmienda al Código de Conducta Estudiantil para reducir suspensiones y expulsiones y comenzó a implementar prácticas restaurativas en las escuelas públicas. Actualmente, 634 escuelas forman parte de CPS.

La entidad Organización Comunitaria y Asuntos Familiares (Community Organizing and Family Issues o COFI) jugó un rol importante en la lucha por la implementación de la filosofía de justicia restaurativa en CPS y convirtió en líderes cívicos a padres latinos y afroamericanos de bajos ingresos para abogar ante el gobierno y el legislativo estatales y localmente por la reducción de suspensiones. 

Cualquier estudiante que asistió a estas escuelas en ese período de tiempo fue parte del estudio porque los estudiantes podrían haber sido impactados directamente por el cambio de cultura de las escuelas como resultado del efecto de estas prácticas y del cambio en las relaciones entre los estudiantes y maestros en la escuela. 

Implementación de nuevas prácticas

Entrenadores y expertos en prácticas restaurativas fueron asignados a las escuelas para capacitar a los maestros y los empleados administrativos y enseñarles cómo aplicar estas prácticas en respuesta a malas conductas. El programa es una especie de desarrollo profesional. El entrenador ofrece un inventario de herramientas y prácticas que se desarrollan junto con la escuela según sus necesidades. 

La investigación resaltó que disminuyeron las suspensiones por hechos fuera de la escuela sin un aumento en las suspensiones dentro de la escuela; también bajaron los arrestos, no solo dentro de la escuela sino también las incidencias de arrestos que ocurren fuera de las escuelas.

“Encontramos una reducción significativa en el arresto por ofensas violentas y no violentas de aproximadamente 20%”, destacó Momeni.

Este fue el hallazgo más interesante para Momeni porque sugiere que la justicia restaurativa genera cambios reales en el comportamiento de los estudiantes. “No esperábamos que los arrestos que tienen lugar fuera de la escuela se vieran afectados por el comportamiento o las decisiones del personal de la escuela”, señaló.

Es decir, estos resultados apuntan a cambios reales en el comportamiento de los estudiantes. Además, los estudiantes respondieron a encuestas en las que señalaron sentirse más seguros en las aulas después de la integración de prácticas de justicia restaurativa.

Son resultados alentadores y positivos. En términos de quién se beneficia más, la investigación encontró que los estudiantes de color pueden beneficiarse más de la reducción en suspensiones fuera de la escuela.

Los estudiantes que participaron tuvieron menos arrestos fuera de la escuela y eso podría contribuir a la reducción del nivel de violencia y criminalidad en la comunidad. 

El estudio presenta una alternativa a lo que se usa tradicionalmente en el entorno educativo en respuesta a la mala conducta de los estudiantes.

Las prácticas restaurativas brindan una técnica para responder a incidentes escolares dañinos que evita pedirle a los maestros que no suspendan sin decirles cuáles son las opciones. En cambio, pueden lograr los mismos objetivos sin utilizar prácticas punitivas. 

Contacto con las organizaciones

Coalición de Illinois para la Educación Superior en Prisión – IL-CHEP

Dirección: 1 North Dearborn, Chicago, IL 60602

Correo electrónico: illinoischep@gmail.com

Sitio web: ilchep.org

Página de Facebook: www.facebook.com/ILprisoned

Laboratorio de Educación de la Universidad de Chicago

Dirección: 33 N LaSalle St. Suite 1600, Chicago, IL 60602

Teléfono: 773-834-4292

Sitio web: educationlab.uchicago.edu/projects/restorative-practices

Organización Comunitaria y Asuntos Familiares – COFI

Dirección: 2245 S Michigan Ave, Suite 200 Chicago, IL 60616
Teléfono: 312-226-5141
Correo electrónico: COFI@cofionline.org

Sitio web: cofionline.org

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La producción y publicación de este reportaje de La Raza han sido posibles gracias al apoyo del Chicago Community Trust a través de su programa Cross Community Impact.