Congresistas Ramírez y García lideran la oposición contra cambios en el proceso de asilo

La congresista Delia C. Ramírez (IL-03) y el congresista Jesús “Chuy” García (IL-04) encabezaron a 16 miembros del Congreso para instar al Departamento de Seguridad Interna (DHS) y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a abandonar una propuesta de normativa que socavaría los principios básicos de equidad, trato humanitario a los migrantes solicitantes de asilo y cumplimiento de nuestro país con el debido proceso. Tal como está redactada, la regla ‘Aplicación de Ciertas Barreras Obligatorias en las Evaluaciones de Miedo’ busca aumentar el umbral de evaluación de miedo creíble y permite a los oficiales de asilo tomar determinaciones legales complejas durante la evaluación, se indica en un comunicado.

“Permitir la consideración de barreras obligatorias para el asilo durante las entrevistas iniciales forzará a los solicitantes de asilo a presentar argumentos legales y fácticos complejos explicando los daños que amenazan sus vidas poco después de haber soportado un largo y traumático viaje y mientras están detenidos y esencialmente sin acceso a ayuda legal”, escribieron los miembros del Congreso en su comentario enviado al DHS.

Los legisladores argumentan que la regla, junto con la reciente orden ejecutiva de Biden, pone a los migrantes que solicitan asilo en grave riesgo de deportación ilegal y retorno al peligro. Hace unos días, el presidente Biden reveló una nueva orden ejecutiva que, entre otros cambios que los congresistas Ramírez y García consideran perjudiciales, requiere que los solicitantes de asilo convenzan a un oficial de la patrulla fronteriza de su temor de regresar y reduce drásticamente el tiempo permitido para que los solicitantes de asilo se conecten con un abogado y se preparen para una entrevista de evaluación inicial.

“La Administración Biden, hace apenas dos años, concluyó que la inclusión de barreras obligatorias en las evaluaciones de miedo creíble haría que las evaluaciones fueran menos eficientes, socavando la intención del Congreso de que el proceso de deportación expedita sea rápido, y socavaría la equidad procesal, lo que llevaría a preocupaciones sustanciales de debido proceso,” añadieron los representantes en su comunicado. “La regla propuesta afirma diferenciarse de los intentos previos de aplicar barreras obligatorias a las entrevistas de evaluación inicial al otorgar a los oficiales de asilo la discreción de considerar las barreras en lugar de hacer que dicha consideración sea obligatoria. Sin embargo, esto no ayuda a las preocupaciones de debido proceso para los solicitantes de asilo para quienes se consideran las barreras, e introduce un nuevo elemento de posible injusticia procesal, ya que la regla propuesta no ofrece información sobre cómo los oficiales de asilo decidirán qué casos estarán sujetos a un análisis de barreras”.

En su comentario, Ramírez, García y otros representantes argumentaron que la regla propuesta no ofrece información sobre cómo los oficiales de asilo decidirán qué casos estarán sujetos a un análisis de barreras. La falta de claridad “abre la puerta a la posibilidad de perfilar a los solicitantes de asilo en función de su nacionalidad, religión u otras características.”

El comentario está cofirmado por los representantes Nanette Díaz Barragán (CA-44), Jamaal Bowman (NY-16), Cori Bush (MO-01), Tony Cárdenas (CA-29), Andre Carson (IN–7), Greg Casar (TX-35), Joaquín Castro (TX-20), Yvette Clarke (NY-09), Verónica Escobar (TX-16), Raúl Grijalva (AZ-07), Jim McGovern (MA-02), Eleanor Holmes Norton (DC), Alexandria Ocasio-Cortez (NY-14), Jan Schakowsky (IL-09), Rashida Tlaib (MI-12) y Juan Vargas (CA-52).

El comentario de los representantes a la regla propuesta cuenta con el respaldo del Caucus Hispano del Congreso, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Centro para Estudios de Género y Refugiados, el Centro de Justicia Tahirih, la Asociación Nacional para Nuevos Americanos, The Advocates for Human Rights, el Centro de Justicia Acacia, el Latino Policy Forum, el Consejo Judío de Asuntos Urbanos, el Proyecto de Defensa de Trabajadores Agrícolas y Paisajistas, el Proyecto de Organización del Suroeste, Equality Illinois y la Liga de Servicios Chino-Americanos.

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