Un fallo judicial le impide a ICE acceder a datos de Medicaid con fines de inmigración

Un tribunal federal ha emitido una orden judicial preliminar que impide a las autoridades migratorias federales acceder a los datos de Medicaid con fines de aplicación de la ley migratoria, tras una demanda liderada por el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, junto con una coalición de 19 estados.

El fallo del Tribunal Federal para el Distrito Norte de California bloquea al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) y a la Policía de Inmigración (ICE) de utilizar la información personal recopilada a través de los programas de Medicaid.

Además, impide al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) compartir dichos datos con el DHS, al menos hasta que se resuelva el caso o hasta que se implementen nuevas políticas federales que cumplan con la ley administrativa.

Raoul y los fiscales generales que se sumaron a la demanda argumentan que la decisión de la administración Trump de compartir datos de Medicaid sin las debidas garantías no solo es arbitraria y caprichosa, sino también ilegal bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.

Según la demanda, esta medida ha generado miedo y confusión en las comunidades inmigrantes, lo que ha llevado a que algunas personas y familias renuncien o se abstengan de inscribirse en programas de Medicaid para los que son legalmente elegibles, especialmente en el caso de los servicios médicos de emergencia.

“Los beneficiarios de Medicaid estaban cumpliendo las reglas cuando proporcionaron información personal sensible”, declaró Raoul en un comunicado. “Esa información no debe ahora convertirse en un arma contra quienes dependen de Medicaid para su cobertura médica”.

Esta batalla legal se desarrolla en un momento de gran preocupación para los inmigrantes en Illinois, donde recientes cambios de política ya han limitado el acceso a la cobertura de salud.

A principios de este año, Illinois puso fin a un programa estatal, similar a Medicaid, que daba cobertura médica a adultos indocumentados de entre 42 y 64 años.

El programa, conocido como Beneficios de Salud para Adultos Inmigrantes, formaba parte de una iniciativa más amplia para ofrecer cobertura a inmigrantes sin seguro médico, pero fue suspendido debido a restricciones presupuestarias.

Mientras tanto, un programa paralelo, Beneficios de Salud para Personas Mayores Inmigrantes, sigue brindando cobertura a personas indocumentadas de 65 años o más. Sin embargo, este programa ahora tiene ya no permite nuevas inscripciones y tiene fondos limitados, lo que ha dejado a muchos adultos mayores elegibles en listas de espera.

Los defensores advierten que la continua incertidumbre legal y política podría desalentar aún más a las familias inmigrantes de buscar atención médica, incluso en casos de emergencia.

El programa de Medicaid fue creado en 1965 para proporcionar cobertura médica a estadounidenses de bajos ingresos, incluidos niños, personas mayores y personas con discapacidades. En Illinois, cerca de 3.5 millones de residentes dependen de Medicaid y otros servicios relacionados, lo que convierte a la agencia estatal de salud en el mayor asegurador del estado.

La orden judicial preliminar representa una victoria temporal para los defensores de los derechos de los inmigrantes, pero el desafío legal más amplio continúa.

Hasta que se emita un fallo final o las agencias federales modifiquen sus políticas, la orden del tribunal garantiza que los datos de Medicaid en Illinois y en los demás estados demandantes seguirán protegidos contra su uso en la aplicación de leyes migratorias.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.