Illinois y Chicago demandan al gobierno de Trump para parar despliegue “inconstitucional” de la Guardia Nacional
La demanda afirma que no existe justificación legal para federalizar y desplegar la Guardia Nacional y que hacerlo crearía mayor tensión y daños a la población
Manifestantes en Chicago rechazan el envío de militares a la ciudad, en el contexto de la embestida de redadas y detenciones de inmigrantes 'Operación Midway Blitz' emprendida por ICE. Crédito: AP
Los gobiernos del estado de Illinois y de la ciudad de Chicago presentaron este lunes una demanda ante una corte federal en contra del gobierno de Donald Trump, afirmando que la pretensión de la administración federal de desplegar miembros de la Guardia Nacional de Illinois para realizar tareas de aplicación de la ley federal es ilegal e inconstitucional.
La Guardia Nacional es una fuerza militar de índole estatal y está bajo las órdenes del gobierno de cada estado, no del gobierno federal.
El procurador estatal Kwame Raoul alega en su demanda ante la Corte Federal de Distrito del Norte de Illinois, de acuerdo con un comunicado, que el gobierno de Trump “ha excedido su autoridad” al tratar de federalizar la Guardia Nacional de Illinois, es decir al transferir su control al gobierno federal. En la demanda se señala que federalizar la Guardia Nacional solo es legalmente posible en casos de “invasión, rebelión o si el gobierno federal no es capaz de aplicar las leyes federales”. Pero ninguno de esos supuestos, afirma Raoul, se cumple actualmente, por lo que no hay justificación para “federalizar y desplegar la Guardia Nacional”.
La ciudad de Chicago se sumó a la demanda del estado de Illinois. AL respecto, la asesora jurídica del municipio, Mary B. Richardson-Lowry, dijo que apoya “al procurador estatal en su reto legal contra el despliegue inconstitucional de la administración de Trump de la Guardia Nacional. Esta es una nación de ley constitucional no de ley marcial”.
El procurador Raoul dijo en un comunicado que “el pueblo estadounidense, en donde sea que resida, no debe vivir bajo la amenaza de ocupación por el ejército de Estados Unidos, en particular debido a que el liderazgo de su ciudad o estado ha caído del favor del presidente”.
La demanda sostiene que la administración federal no ha proporcionado ninguna explicación legal para el despliegue de tropas federales, y que no existe ninguna. El procurador estatal indica además que el gobierno federal puede hacer cumplir la ley federal en Illinois y los tribunales federales siguen abiertos. La orden de la administración federal, indicó Raoul, también viola la Ley Posse Comitatus, que prohíbe a los miembros del ejército participar en actividades de aplicación de la ley civil, y viola la Décima Enmienda, que preserva la soberanía de los estados para ejercer poderes policiales y hacer cumplir sus propias leyes.
Raoul señala que el despliegue de una Guardia Nacional federalizada, esté compuesta de miembros de la Guardia Nacional de Illinois, de la Guardia Nacional de Texas o de cualquier otra tropa de la Guardia Nacional, solo causará más disturbios y aumentará la desconfianza hacia la policía. El despliegue también perjudicará la economía del estado al deprimir las actividades comerciales y el turismo, lo que afectará a los habitantes de Illinois y a los ingresos fiscales del estado en general.
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