Concejala Fuentes reclama legalmente una indemnización al gobierno de Trump tras ser detenida por defender a un inmigrante

La concejala de Chicago Jessie Fuentes, del Distrito 26 de Chicago, presentó el pasado martes 21 de octubre un reclamo legal contra el gobierno federal tras ser esposada y detenida en un hospital cuando confrontó a agentes de inmigración que ingresaron para detener a un inmigrante herido.

Fuentes reclama $100,000 dólares como reparación de daños.

El incidente ocurrió el pasado 3 de octubre cuando Fuentes se encontraba en la zona de Humboldt Park, que es parte de su distrito, manifestándose de forma pacífica junto con otros funcionarios contra “las tácticas militares” usadas en el operativo de aplicación de las leyes de inmigración desplegado en la ciudad.

Un video publicado en sus redes sociales mostró a Fuentes diciendo a dos agentes de inmigración que el inmigrante al que pretendían detener “tenía derechos constitucionales”, mientras el agente responde repetidamente que “no” y le ordena que abandone el área.

En las imágenes se observa que la concejala sigue preguntando al oficial por la orden de arresto firmada cuando es esposada y detenida.

“No te he tocado, no te he tocado. Solo he preguntado si tienes una orden de arresto contra él (el inmigrante), es una pregunta simple. Ese hombre tiene derechos constitucionales”, se oye decir de una forma calmada a la funcionaria, que ocupa el cargo desde 2023.

Fuentes fue detenida brevemente y liberada después frente al hospital Humboldt Park Health, donde se dieron los hechos.

Los abogados de Fuentes explicaron que el reclamo es el inicio de un proceso legal que podría concluir en una demanda si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) no acepta un acuerdo, según información citada por la televisora ABC.

El arresto de la concejala ocasionó una serie de críticas entre las figuras demócratas como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, que advirtió que los funcionarios electos tienen el derecho, amparado por la Primera Enmienda, de documentar las acciones de ICE e “informar a sus electores” sobre sus derechos sin interferencia federal.