Miles de ecuatorianos de EEUU votan en presidenciales
El voto en Ecuador es obligatorio para mayores de 18 años y menores de 65 años
WASHINGTON — Un total de 105,238 ecuatorianos que viven en Estados Unidos están llamados a votar en las elecciones generales de su país para elegir al sucesor del actual presidente, Rafael Correa.
Cuando el cónsul de Washington, Miguel Carbo, llegó a la Embajada a las 06.00 de la mañana, “ya había gente en la fila para votar aunque faltaba una hora para la apertura”, explica en conversación con Efe.
La afluencia de personas ha sido “bastante” en las primeras horas, pero se nota “que ha disminuido un poco” respecto a años anteriores “por el temor migratorio” y “la incertidumbre” ante las políticas del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump.
En Estados Unidos hay 105,238 electores ecuatorianos convocados a las urnas, la mayoría concentrados en Nueva York (34,272) y Nueva Jersey (32,516), donde se asentó “la inmigración más antigua de los años 1940 y 1950” y “sigue llegando la nueva”, narra el cónsul.
Le siguen en número de electores Connecticut (10.185), Illinois (7.390), Florida (5.697), California (5.104) y Washington DC y su área (2.685), según datos facilitados a Efe por la Embajada.
En el consulado de Washington DC -que engloba también a los estados de Delaware, Maryland, Virginia y West Virginia- se vio esta mañana un ambiente festivo y tranquilo, con algunas personas ataviadas con la camiseta amarilla de la selección nacional de fútbol de Ecuador.
“Me siento feliz de poder ejercer mis derechos a pesar de que esté tan lejos de mi patria”, dijo a Efe Daniela, una joven estudiante que acudió a votar con su grupo de amigas.
Después de votar se irán a desayunar juntas a la espera de noticias sobre los resultados.
“Las elecciones en Ecuador siempre son muy pacíficas y tranquilas, muy amigables, la gente se encuentra con sus compatriotas, son también algo social”, indica el cónsul.
Además de los estudiantes, en Washington viven “bastantes profesionales” que trabajan en organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Organización de Estados Americanos (OEA), cuenta el diplomático.
“Pero también tenemos gente con menor educación, que trabajan en labores medianas, como meseros, cocineros o en jardinería y construcción”, agrega.
Los ecuatorianos que votan en las oficinas de la Embajada de Ecuador en Washington se encuentran hoy un escenario similar al que verán sus compatriotas en su país: con mesas separadas de votación para mujeres y hombres.
“Tenemos tres mesas de mujeres y tres de hombres, para facilitar la votación, históricamente ha sido así, para dar más facilidades a las mujeres, como también las señoras embarazadas no hacen fila, los mayores de 65 no hacen fila y a las personas minusválidas se les atiende de una forma especial”, explica el cónsul.
Los ecuatorianos que votan en el exterior tienen una ventaja sobre sus compatriotas que viven en su país: su voto es facultativo, es decir, no pagan la multa de 37,5 dólares (el 10 % del salario básico en Ecuador) que deben abonar todos los que no acuden a las urnas en la nación suramericana, salvo algunas excepciones.
El voto en Ecuador es obligatorio para mayores de 18 años y menores de 65 años, con la excepción de militares y policías, personas con discapacidad y extranjeros que residan en el país por al menos cinco años.
Tampoco deben pagar la multa los jóvenes de 16 y 17 años, que pueden votar de manera voluntaria según la ley ecuatoriana.
Para votar en el extranjero, los ecuatorianos deben inscribirse en el padrón electoral de su consulado y acudir a votar con la cédula de identidad o pasaporte ecuatoriano.
Los ecuatorianos eligen hoy en las urnas al sucesor del actual presidente, Rafael Correa, así como a los 137 legisladores de la Asamblea Nacional y a cinco representantes al Parlamento Andino.
Un total de 12,8 millones de electores están facultados para participar en esta jornada electoral, en las que los votantes se pronunciarán también en consulta popular sobre una iniciativa del Gobierno para prohibir a todo cargo público tener bienes en paraísos fiscales.
