Jefes policiales entre los más preocupados opositores a Ley de Texas

Los grupos pro inmigrantes no son los únicos que se oponen acérrimamente a la nueva Ley SB 4 de Texas: varios de sus jefes de policía más importantes han explicado diversas razones por las cuales la medida no es buena política pública.

Entre los jefes que han manifestado públicamente su oposición están los de Dallas, Houston, Austin, Arlington, Forth Worth y San Antonio, aparte de la Asociación de Jefes de Policía de Texas en pleno.

“Esta no es una política inteligente”, dijo Arturo Acevedo, jefe de policía de Houston. “Nosotros estamos aquí para servirle a esta comunidad y la víctima de un crimen no tiene que tener temor. Es una ley que no necesitamos porque Houston no es una ciudad santuario para delincuentes, ninguna ciudad en Texas es santuario de delincuentes”.

Estos jefes publicaron un artículo conjunto hace una semana en el Dallas Morning News, señalando que si se permite pedir papeles a todo el que se cruce y se pinta a la policía local como agente de inmigración, el daño será más grande que el beneficio.

Dijeron que ya se comienza a ver el efecto hasta en los inmigrantes legales.

“Este grupo ya comenzó a mostrarse reacio a reportar delitos por temor a que ellos o sus familiares y amigos que quizá sean indocumentados puedan verse afectados”, señalaron los jefes de policía.

Agregaron que ese temor romperá los lazos de la policía con su comunidad, el reporte de delitos y generará más delincuencia y menos colaboración entre los miembros honestos de la comunidad inmigrante y sus agencias policiales.

La ley SB 4 o Ley “anti ciudad santuario” de Texas,  pretende borrar toda diferencia entre el trabajo de la policía estatal y local, encargada de perseguir el crimen y la delincuencia frente al de las autoridades migratorias federales, encargadas de cuidar fronteras y hacer cumplir las leyes migratorias.

No solo eso, la ley busca presionar a agencias policiales locales a colaborar con las autoridades federales más allá de lo que dicta la ley federal y decide castigarlos si no lo hacen.

Por ejemplo, la nueva ley prohíbe que estos funcionarios se nieguen a cumplir con las solicitudes de la Agencia de Inmigración y Aduanas ICE de no liberar a un inmigrante detenido hasta que los agentes federales van a la cárcel a recogerlos.

La legalidad de los llamados “ICE holds” o “detainers” ha sido cuestionada por algunos jueces, que han dictaminado es ilegal mantener en la cárcel a una persona más allá de su tiempo legal, sólo para que el gobierno federal haga su trabajo.

Sin embargo, la SB4, ahora ley, acusaría de delito menor a un agente que se niegue a cooperar con estas solicitudes e impondría multas que comienzan por 1000 dólares y se acumulan hasta 25,000 por cada infracción.

Por otra parte, existe el temor de que la ley también de luz verde a entidades e individuos dentro de los departamentos de policía para detener indiscriminadamente a personas que “consideran” pueden ser indocumentadas, generando actividad motivada por el racismo y el color de piel.

“Básicamente es una licencia para que cada fuerza policial tenga vigilantes que se sientan con derecho a discriminar”, dijo Tom Saenz, Presidente de MALDEF. “Permitir que cada oficial, incluso dentro de universidades, decida cómo va a actuar, es una forma muy irresponsable de manejar un departamento de policía”.

Efecto nacional de la ley

Tal y como ocurrió en su tiempo con la ley de Arizona (SB 1070), la ley de Texas generará un efecto de “copycat” en otros estados, que intentarán aprobar medidas similares.

Ya hay proyectos de ley en Florida, Louisiana y Carolina del Norte, y otros podrían presentarse, de acuerdo a lo que pase en los próximos meses de acuerdo a las demandas que se presenten.

Estos mismos estados, encabezados por Texas, se consideran aliados de Donald Trump y están encabezados por gobernadores republicanos. Estos mismos gobernadores están entre los que se opusieron y demandaron al presidente Barack Obama para atajar el programa DAPA y extensión de DACA que este había implementado con su autoridad ejecutiva para proteger a millones de indocumentados en este país.

“Lo que hace Texas polariza aún más a las comunidades, a favor o en contra de los inmigrantes”, dijo Isaías Guerrero, organizador del Centro para el Cambio Comunitario. “Esa polarización demuestra quien es anti inmigrante y quien es pro democracia”.

Por otro lado, Guerrero señaló que recientes decisiones de tribunales confirmaron que el gobierno federal no puede quitar fondos a las llamadas ciudades santuario, y que otras demandan seguirán su curso, garantizando que muchas ciudades y otras jurisdicciones seguirán actuando como lo han hecho hasta ahora.

Gregorio Casar, Concejal de la ciudad de Austin, dijo que está trabajando con “miles” de funcionarios de ciudades en Texas para pelear contra ella en los tribunales.

“Hay cuestiones constitucionales, violaciones de la cuarta enmienda, de obligación indebida sobre nuestros recursos y de tomar atribuciones que le corresponden al gobierno federal y no al estado de Texas”, dijo Casar.