Demócratas denuncian que reemplazo sanitario “sentencia a muerte” a latinos

Senadores demócratas denunciaron hoy que la polémica ley que debería reemplazar la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama “sentencia a muerte” a los hispanos en el país que perderían cobertura médica, entre los más de 6 millones que podrían quedarse sin seguro.

En rueda de prensa frente al Capitolio, los representantes de la Cámara Alta, Robert Menéndez, de Nueva Jersey; Tim Kaine, de Virginia; y Catherine Cortez Masto, de Nevada; junto con representantes de organizaciones hispanas señalaron los efectos que el plan sanitario republicano tendrá en la comunidad latina, a la que consideraron que perjudicará más que al resto de la población.

“Esto no es una reforma sanitaria, sino una sentencia de muerte para muchos que van a perder su seguro y cobertura médica, y en particular para los hispanos de este país y las menos privilegiados”, aseguró Menéndez.

“Los republicanos -añadió Menéndez-, en vez de mejorar al paciente, le quieren matar”.

Según la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), un organismo independiente dentro del Legislativo, el plan sanitario de Trump que busca reemplazar el llamado Obamacare afectaría a unos 22 millones de personas que perderían la cobertura médica antes de 2026.

En concreto, el Consejo Nacional de la Raza (NCLR) señaló que unos 6 millones serían hispanos, incluyendo a más de un millón de niños latinos.

Estas cifras supondrían un “atraso”, según Menéndez, respecto a los 4,2 millones de latinos que consiguieron cobertura médica con la ley sanitaria de Obama y en la caída de un 43,2 % en 2010 a un 24,8% en 2016 del porcentaje sin seguro, que supuso la más grande de todos los grupos étnicos.

De hecho, estas cifras del CBO supusieron el principal escollo para los republicanos en el Senado que se vieron ayer obligados por sus divisiones internas a retrasar la fecha de inicio del debate legislativo de la polémica ley, hasta después del festivo del 4 de julio, Día de la Independencia.

Por ello, Kaine, que avisó de que “un mal proceso termina con una mal producto”, volvió a calificar el plan como un recorte de impuestos para los ingresos superiores a los 875.000 dólares anuales, que verán eliminados ciertos impuestos, a cargo de millones de estadounidenses que perderán sus coberturas.

En particular, el proyecto de ley del Senado, que Trump quiere que llegue a su escritorio para ratificarlo lo antes posible, elimina fondos al Medicaid (seguro médico a los más pobres), permite negar coberturas por afecciones preexistentes y penaliza a aquellos sin seguros negándoles 6 meses de cobertura una vez vuelvan a obtener cobertura médica.

Kaine denunció que esta faceta de la ley también afectará en particular a la comunidad latina, ya que según datos de Kaiser Family Foundation, en 2015, el 34 % de los latinos confiaban en cobertura médica bajo Medicaid.

“Esto no es una propuesta sanitaria, sino una rebaja fiscal para los más ricos en detrimento de los que más necesitan cobertura médica (…) El pilar de la ley es la bajada de impuestos a los que más tienen”, aseguró.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Liderazgo Hispano (NHLA), Héctor Sánchez, sostuvo que el ahora conocido como “Trumpcare” es la “mayor traición” a las necesidades de los hispanos, de la comunidad inmigrante y de los trabajadores de Estados Unidos.

Maggie del Castillo, del Instituto Nacional para la Salud Reproductiva de las Latinas en Virginia, lamentó el “desastroso” proyecto de ley sanitaria y mantuvo que se trata de la “mayor amenaza para la salud en la última década”.

Trump llegó a la Presidencia con la promesa de acabar con el llamado Obamacare, que obliga a personas a contratar seguros médicos privados so pena de multa para reducir el coste de las pólizas y aumentar las coberturas a los más pobres, a los menores de 26 años y a las personas con afecciones previas.

Para ello, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que esperaba poder empezar a debatir el proyecto esta semana, deberá ahora esforzarse por conseguir apoyos a la propuesta, que actualmente se limitan a unos 35 de los 52 escaños conservadores.